Vivimos en un mundo cada vez más cerrado a la migración, con Estados Unidos a la cabeza. El fin de semana pasado, el gobierno de EE. UU. anunció la suspensión total del derecho de asilo, sin distinguir país de origen ni motivos de persecución.
Es un golpe al corazón del sistema internacional de protección y un gesto dirigido al electorado más duro del trumpismo. La medida deja en vilo a 2.4 millones de personas que esperan una resolución, según el Departamento de Justicia.
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México, por su parte, no ha decretado un cierre formal, pero en los hechos produce el mismo resultado: solicitantes atrapados meses o años en un limbo jurídico. Las autoridades migratorias evaden su responsabilidad legal, mientras miles sobreviven trabajando en la informalidad o pidiendo dinero en cruceros de las grandes ciudades.
El gobierno de Estados Unidos justifica su decisión con retórica de seguridad. “Hemos suspendido todas las decisiones de asilo hasta que podamos garantizar que cada extranjero sea investigado y evaluado al máximo nivel posible”, declaró el titular del USCIS, Joseph Edlow. En realidad, se trata de un cierre administrativo que criminaliza de antemano a quienes buscan protección.
Las repercusiones rebasan a quienes llegan a pedir refugio. Cerca de cuatro millones de mexicanos naturalizados y 3.8 millones de residentes legales podrían ver su vida migratoria amenazada por las nuevas señales de Washington. Trump ha insinuado incluso revertir naturalizaciones, algo que su base MAGA celebra como una promesa largamente exigida.
Desde sus redes, el presidente acusa a los migrantes de la escasez de vivienda, del encarecimiento de servicios y de ser “una carga social”. Su fórmula es la “migración en reversa”: expulsar a las personas a sus países de origen. Pero este discurso emerge justo cuando su popularidad se erosiona por la carestía, un malestar que figuras como Zohran Mamdani capitalizaron en Nueva York con promesas de frenar el alza del costo de vida.
Cuando la economía aprieta, MAGA exige culpables. El señalamiento a los migrantes funciona como una cortina de humo frente al fracaso gubernamental en vivienda, transporte e inflación. Hoy ese descontento se expresa en victorias opositoras en estados clave como Virginia y Nueva Jersey, empujando aún más a Trump hacia posiciones radicales.
El regreso del presidente a la Casa Blanca no trajo moderación sino un viraje más profundo hacia la línea MAGA. Para satisfacer a su base, el gobierno emitió una alerta dirigida a empresas transmisoras de dinero para reforzar controles sobre transferencias entre Estados Unidos y México realizadas por personas indocumentadas. Incluyó las remesas: el ingreso vital de millones de familias mexicanas.
Con ello, Washington coloca bajo sospecha uno de los flujos financieros más transparentes de la región. Las remesas sostienen a comunidades enteras en América Latina.
Pero hay algo más profundo: Estados Unidos externalizó su frontera desde principios del siglo XXI, obligando a México a contener y filtrar los flujos antes de que lleguen al norte. Lo que hoy vemos es la radicalización extrema de ese modelo: ya no es solo un muro extendido, sino un régimen de guerra abierta contra la migración.
En este mundo clausurado, la humanidad queda como daño colateral. Mientras Estados Unidos endurece cada tornillo, México sigue atrapado entre la dependencia económica y la incapacidad institucional. La vida de millones termina suspendida entre decisiones administrativas, discursos xenófobos y gobiernos que han dejado de ver a las personas como sujetos de derecho y, peor aún, como vidas dignas de protección.
Pero el cierre no ocurre solo en el norte global. El panorama al sur del continente no ofrece alivio alguno. La frontera entre Chile y Perú se convirtió esta semana en un espacio de tensión extrema cuando decenas de migrantes, en su mayoría venezolanos que salían a pie de territorio chileno, fueron detenidos en seco por autoridades peruanas. El bloqueo produjo hacinamiento, golpes, niños atrapados entre dos Estados que rechazan mutuamente la responsabilidad y una crisis humanitaria que nadie quiere asumir.
En Europa, la escena tampoco es mejor: el continente ha reforzado sus controles hasta casi anular las vías regulares de entrada para solicitantes de asilo y trabajadores sin capital. Las únicas puertas que permanecen relativamente abiertas son las de España, que recibe los flujos de latinoamericanos con estudios, recursos o doble nacionalidad, mientras el resto de la Unión Europea endurece visados, blindaje fronterizo y acuerdos de retorno.
Es el mismo principio global: movilidad para quienes traen capital, obstáculos y persecución para quienes solo llevan su vida a cuestas.
La historia de la humanidad es la historia de grandes migraciones. Estamos involucionando.