El pasado fin de semana, dos jóvenes perdieron la vida y una mujer quedó en estado crítico tras participar en carreras clandestinas en la Vía Atlixcáyotl de Puebla.
La respuesta del gobierno estatal llegó el lunes de voz de José Luis García Parra, coordinador de gabinete del gobernador Alejandro Armenta, quien anunció que el gobierno construirá "una pista especializada para practicar arrancones de forma legal, segura y regulada" [1] porque "el proyecto busca ofrecer un espacio ordenado para jóvenes aficionados a la velocidad y a los autos deportivos," [2] declarando que "vamos a organizar cada fin de semana eventos ordenados, cuidados y con todas las medidas de protección." [3]
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La respuesta gubernamental revela una incomprensión profunda del problema y una jerarquización de prioridades desconectada de las necesidades reales de la población. La tragedia no ocurrió por falta de espacios para correr a alta velocidad sino por ausencia de infraestructura urbana segura y un modelo de desarrollo urbano seguro. El problema fundamental no radica en la “irresponsabilidad individual” sino en el fracaso y la falta de voluntad del gobierno en crear entornos urbanos seguros mediante un diseño vial seguro y hecho para las personas, no para los automóviles.
Ciudades para personas, no para automóviles
Fundamentalmente, el gobierno debe replantear el modelo de desarrollo urbano para diseñar una ciudad pensada para las personas. El modelo actual beneficia a minorías con recursos para poseer vehículos mientras margina a mayorías que dependen de transporte público deficiente o deben arriesgar sus vidas caminando por calles diseñadas para velocidad vehicular. Este modelo genera contaminación que enferma a la población, congestionamientos que desperdician horas productivas, accidentes evitables, y segregación espacial que reproduce desigualdades.
Se requiere inversión gubernamental masiva en transporte público eficiente, accesible, digno y económico con sistemas integrados de autobuses de tránsito rápido, carriles exclusivos, frecuencias altas, cobertura territorial amplia y tarifas accesibles. Se requiere infraestructura ciclista segura, continua y conectada con redes completas protegidas físicamente del tráfico vehicular. El gobierno debe invertir en infraestructura peatonal que garantice que caminar sea seguro mediante banquetas amplias, en buen estado y accesibles, no las banquetas estrechas, rotas o inexistentes que actualmente obligan a miles de poblanos a transitar por el arroyo vehicular arriesgando sus vidas. Se requiere inversión en espacios públicos de calidad con parques, plazas y jardines bien distribuidos territorialmente en lugar de destinar suelo urbano valioso a estacionamientos.
Las prioridades
Puebla enfrenta una grave crisis en diferentes áreas que ponen en evidencia la falta de voluntad política para resolverlas. El sistema de salud pública no cuenta con el personal médico suficiente, el equipamiento es obsoleto y los recortes a su presupuesto cada vez son menores en relación al número de usuarios y sus necesidades.
La educación pública enfrenta infraestructura deteriorada con cientos de escuelas sin agua potable, sanitarios dignos o mobiliario adecuado, esto por el abandono gubernamental. Se requiere inversión en actualización pedagógica, equipamiento tecnológico que reduzca la brecha digital, programas de apoyo alimentario y salarios dignos para los docentes.
La cultura opera con opacidad en su presupuesto, con programas culturales insuficientes y alejados de las necesidades sociales cuando la responsabilidad gubernamental es invertir en cultura como dimensión fundamental para formar ciudadanía crítica y un tejido social sano.
El deterioro en la seguridad pública quizá es lo más evidente, van en aumento feminicidios, desapariciones y hechos de violencia extrema atribuidos a la delincuencia organizada, esto demuestra contundentemente que el gobierno ha fallado en garantizar seguridad, se requiere una inversión efectiva en programas sobre prevención del delito, recuperación de espacios públicos, oportunidades para jóvenes en riesgo, y fortalecimiento del sistema de justicia que actualmente permite niveles de impunidad alarmantes.
La exigencia ciudadana
Frente a este panorama de necesidades urgentes resultado de fracasos gubernamentales sistemáticos, la sugerencia de construir una pista para arrancones resulta profundamente ofensivo. La ciudadanía tiene el derecho de exigir que el gobierno cumpla con sus responsabilidades básicas antes de destinar recursos a infraestructura recreativa. Mientras el gobierno no garantice infraestructura urbana estructuralmente segura, transporte público digno, infraestructura peatonal y ciclista adecuada, hospitales equipados, escuelas en condiciones dignas, cultura accesible y seguridad efectiva, el anuncio de crear infraestructura recreativa para arrancones es una evidencia de que las prioridades gubernamentales están profundamente distorsionadas.
Corresponde a la ciudadanía exigir que el gobierno ejerza el poder con sensatez y justicia, cumpliendo responsabilidades básicas antes de destinar recursos a proyectos frívolos que sólo benefician a minorías privilegiadas.
Referencias
[1], [2], [3] Venta, Viridiana. "Gobierno armentista construirá pista para que los arrancones sean legales y no causen muertes: García Parra". Diario Cambio, 24 de noviembre de 2025.