La demanda de amparo interpuesta por Javier Mauleón Montero, director de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 211, contra Gerardo Pérez Muñoz, Kara Castillo, Martín Hernández Alcántara, Natalia Romero y los medios Mundo Nuestro, e-consulta, La Jornada de Oriente y Ángulo 7, difícilmente puede considerarse una medida de un funcionario menor que se siente agraviado y preocupado por su honor mancillado.
Su actuar más bien sugiere que se trata de una represalia por parte del Gobierno de Puebla contra medios y comunicadores por amplificar las denuncias públicas en su contra.
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El "afectado" en cuestión habría construido su carrera a la sombra del aparato gubernamental como secretario técnico de la SEGOB estatal, coordinador de campaña del entonces candidato Antonio Gali y titular de Atención Ciudadana en el ayuntamiento de Luis Banck. Su llegada a la dirección de la UPN en febrero de 2024 no parece ser producto de méritos académicos, sino de compromisos políticos adquiridos durante el gobierno de Sergio Salomón Céspedes Peregrina.
Al parecer, el gobierno estatal habría facilitado la entrega irregular de plazas académicas en la UPN durante la administración de Céspedes, con Jorge Estefan Chidiac como secretario de Educación, al asignar plazas sin concurso de oposición en aparente violación a la normatividad institucional.
El propio gobernador Alejandro Armenta Mier ha reconocido públicamente que "nos dejaron varios problemas. Hubo acciones incorrectas que se están atendiendo. Son herencias de actos irregulares y con prudencia se están conciliando" [1]. Sin embargo, este reconocimiento resulta insuficiente cuando su gobierno ha creado un ambiente que organizaciones nacionales e internacionales califican como hostil para el periodismo crítico, particularmente con la aprobación de la "Ley de Ciberasedio".
La académica Gabriela Molina Herrera y el grupo de docentes que denunciaron estas aparentes irregularidades habrían pagado un precio alto por su valentía. Molina Herrera ha enfrentado retención de salarios, intentos de reubicación y un hostigamiento que ella misma califica como "represión política, administrativa y académica" [2]. Gracias a sus denuncias, la SEP retiró plazas otorgadas irregularmente, incluida la del propio Mauleón Montero, pero el director de la UPN habría respondido con represalias y ahora con demandas contra los periodistas.
Los demandados no han hecho más que cumplir con su trabajo al informar sobre denuncias graves de interés público, además de ejercer su derecho constitucional de libre expresión y prensa. Abogados consultados coinciden en que "el objetivo real podría ser sólo 'asustar' tanto a medios de comunicación y reporteros, como a la maestra Gabriela Molina por atreverse a denunciar los actos de corrupción y el acoso laboral" [3]. Esto es muy grave y sienta un precedente que otros funcionarios y servidores públicos pueden seguir al ser exhibidos en actos de corrupción.
Como docente en Puebla, me resulta grave que desde la dirección de una institución formadora de maestros se ataque de manera espuria a la libertad de prensa. Me sumo de manera personal a la demanda del CEND-SNTE en Lucha y del Consejo Democrático Magisterial Poblano al exigir el retiro de la demanda de amparo y que el gobierno de Alejandro Armenta garantice la libertad de expresión.
El caso de la UPN evidencia que la llamada Cuarta Transformación reproduce las mismas estructuras de corrupción y autoritarismo que decía combatir, pues bajo una retórica de izquierda mantiene intactas las mismas prácticas clientelares de sus predecesores.
El reparto discrecional de plazas, la opacidad institucional y ahora la criminalización del periodismo crítico confirman que el cambio de siglas no implica transformación alguna cuando las lógicas del poder permanecen inalteradas.
Sin prensa libre no hay democracia. La verdad no se censura, se defiende.
Fuentes
[1] Redacción (13 de noviembre de 2025). “Estefan dejó un cochinero en la SEP, advierte Armenta, pero lo estamos atendiendo”. Diario Cambio.
[2] Martín Hernández Alcántara (8 de septiembre de 2025). “En un año dos meses la CDHP no ha avanzado en queja contra la SEP y la UPN”. La Jornada de Oriente.
[3] Redacción Proceso (24 de octubre de 2025). “Director de la UPN presenta demanda de amparo contra notas publicadas en medios de comunicación”. Proceso.