Jueza de Ayotoxco de Guerrero denuncia violencia laboral y omisiones municipales

La jueza calificadora del Ayuntamiento de Ayotoxco de Guerrero, Ariadna Cruz Espino, denunció públicamente ser víctima de presunta violencia laboral por razón de género, violencia institucional y discriminación, al acusar un patrón de omisiones por parte de autoridades municipales que, aseguró, ha vulnerado el ejercicio de sus funciones y sus derechos laborales durante más de cuatro meses.

La servidora pública informó que el 28 de julio presentó ante el Órgano Interno de Control el oficio JC/004/2026, mediante el cual expone hechos que considera constituyen violaciones a sus derechos laborales y humanos. Señaló que cuenta con pruebas documentales y audios que respaldan sus señalamientos; sin embargo, decidió reservarlos por temor a posibles represalias.

"Me reservo las pruebas de audio y documentales por temor fundado a represalias, como consta en mi escrito", expresó.

En su pronunciamiento, responsabilizó a quien resulte responsable de cualquier afectación a su integridad física, psicológica o laboral, y exigió el cese de las conductas que, afirmó, desacreditan el funcionamiento del Juzgado Calificador Municipal.

Cruz Espino aseguró que ninguno de los oficios presentados por su despacho ha recibido respuesta por parte de las autoridades municipales, situación que calificó como una grave omisión institucional que, además de obstaculizar el ejercicio de sus funciones, envía un mensaje de indiferencia frente a una denuncia de presunta violencia de género dentro del propio gobierno municipal.

"Ninguna de las autoridades me escucha y nadie responde mis oficios desde hace más de cuatro meses. Le tengo miedo a las injusticias estructurales que desean callarme e intimidarme", sostuvo.

La funcionaria afirmó que desempeña sus funciones bajo presión constante y sin que se respeten las atribuciones que le confiere la ley, situación que, señaló, refleja deficiencias en la conducción administrativa del Ayuntamiento.

"Trabajo bajo presión y sin que respeten mis funciones y atribuciones; no me voy por vocación, convicción y porque necesito el empleo", manifestó.

Indicó que, pese a las condiciones que denuncia, durante su gestión ha brindado atención a más de 500 personas en asuntos relacionados con la impartición de justicia administrativa.

En uno de los señalamientos más severos de su posicionamiento, cuestionó la preparación y conducción de la administración pública municipal.

"Los políticos de hoy en día prefieren la moral y el 'qué dirán' antes de estudiar la administración pública. No estoy dispuesta a jugar con mi cédula y carrera profesional por una administración improvisada", expresó.

Asimismo, advirtió que, de persistir las presuntas omisiones y vulneraciones a sus derechos laborales y humanos, acudirá a las instancias competentes para solicitar la intervención de las autoridades correspondientes.

"No es mi intención proceder legalmente contra nadie, pero si continúan las omisiones y vulneraciones a mis derechos laborales y de derechos humanos, tendré que acudir ante las instancias correspondientes", puntualizó.

Con la presentación formal de la queja, corresponderá al Órgano Interno de Control iniciar las actuaciones que procedan y, en su caso, determinar si existieron irregularidades u omisiones por parte de servidores públicos. Mientras tanto, la denunciante mantiene su exigencia de que cesen las conductas que considera constituyen violencia laboral e institucional, se garantice el respeto a sus derechos y al ejercicio de sus funciones, y se brinden las condiciones necesarias para desempeñar su cargo libre de cualquier forma de violencia o discriminación.