El Estado se revuelve en problemas internos que trastocan la vida de personas y pueblos, y yo peleando por un celular, y la sospechas –mis sospechas– de que el sistema de justicia en Puebla no protege a las víctimas, en este caso a mi persona, y tampoco el patrimonio, en este caso el mío.
Esto me ha llevado a conjeturar –la conjetura es un derecho que asiste a las víctimas– que, si el Estado omite su obligación de proveer protección y seguridad a las personas, rompe la fundación del contrato social, por el cual unos pocos mandan (el gobierno) y las mayorías (población) obedecemos.
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Entiendo que este género de análisis es fastidioso y hasta fuera de lugar, tratándose del robo de un teléfono celular, pero son las bases sobre las que se fundamenta nuestra organización política. Si nuestro sistema de justicia no puede con los carteristas de celulares, es prueba fehaciente que tampoco podrá con asuntos de mayor complejidad.
Como ya lo he relatado, el 21 de octubre me arrebataron mi celular en pleno Centro Histórico de Puebla, a bordo del transporte público, a eso de la una cincuenta de la tarde. A esa hora la unidad se encuentra al tope, con niños y estudiantes que en compañía de sus mamás o por su cuenta, van o vienen del colegio.
Los hechos ocurrieron en la 4 y 9 Oriente. Dos tipos subieron al vehículo, portaban gorras y sudaderas, de entre 25 y 35 años de edad, regordetes, piel oscura, bigote ralo a la Cantinflas, con facha de trabajadores de la construcción. Me ubicaron y me rodearon.
Por delante, colgadas del hombro izquierdo, ambos llevaban unas mochilas de lona largas, con las que empezaron a empujarme. Uno de ellos, burlón, dijo: “No molestes al señor”. En las bolsas pudieron llevar tubos, bates o armas largas. Yo me encontraba sentado sobre el pasillo de los últimos asientos, cerca de la puerta.
A mi lado, y junto a la ventanilla, se encontraba una señorita menudita, de unos 18 años. Celular en la diestra, y bolsa de mano (no mochila) sobre las piernas. Ni a ella ni a nadie más molestaron, hasta donde entendí por los comentarios.
La percepción de los presentes fue de pena, y de ahora le tocó a usted, y de que no hay nada qué hacer, porque es un mal generalizado de todos los días, del cual todos somos víctimas, en particular estudiantes, amas de casa y personas de la tercera edad.
Me he vuelto a subir a la ruta del hurto y platicando con los conductores, a lo que me han respondido lacónicos, que en esa ruta “a los pendejos los roban, desaparecen y matan”. Pero no se apure, sólo a los pendejos.
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De acuerdo con datos del periódico nacional El Universal, durante el año pasado se robaron 2.2 millones de teléfonos celulares en México. Milenio informa que el robo a celulares tiene un costo en el país de 282 mil millones de pesos equivalente al 1.15 % del PIB nacional.
Para el caso de Puebla las estadísticas son inexactas. Un reporte de hace seis años (2019) refiere 200 celulares robados cada día. Puebla capital concentra el mayor índice de acuerdo con esa numeralia que, insisto, sus autores advierten acerca de su imprecisión.
El reporte aclara que en Puebla “las cifras exactas y actualizadas para 2024 y 2025 basadas en denuncias formales son difíciles de precisar, ya que las estadísticas oficiales a menudo consolidan los datos y la subdenuncia es común”.
Un reporte de e-consulta, fechado el 2 de octubre, informa que de las 401 investigaciones abiertas en 2025 (por robo de teléfonos celulares; correspondiente al periodo de enero a agosto), 380 siguen en trámite, siete fueron enviadas a mecanismos alternativos (NEAP), cuatro se resolvieron mediante Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC), una se declaró por incompetencia externa y nueve llegaron a ejercicio de la acción penal.
Los agentes de la Fiscalía General del Estado escuchan robo de celulares y hacen cara de fastidio. No lo dicen, porque se los tienen prohibido, pero lo dejan entrever en la gesticulación. ¿Por qué? Porque el hurto se ha normalizado. No es percibido como un problema público, punible.
Cada mañana la gente se echa a la calle con la resignación de quien se sabe en completo desamparo. Como en el relato de Kafka, Ante la ley, la autoridad es una figura etérea e inalcanzable, la gente muere con la esperanza de alcanzarla.
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Los problemas comenzaron cuando me presenté a levantar la denuncia en los juzgados de la 9 Oriente, en Analco. A las tres de la tarde no había “nadie” porque los empleados fueron llamados a junta. “Pero vénganse más tarde”, me dijo la policía de la entrada.
Regresé por la tarde, pero a esa hora todavía no estaban porque era la hora de su comida. Al cabo de un rato, apareció un joven con ademán de ejecutivo y me alcanzó la parte de una hoja partida por la mitad: “Escriba aquí lo que pasó”.
Entrego mi relato a mano. “Espere a que lleguen”, me instruye. A esa hora en la salita de espera estamos tres personas. El ambiente es lúgubre. Para matar el tiempo prendo el Ipad, en seguida la señorita de seguridad advierte: “Aquí está prohibido grabar”.
Finalmente paso. La persona responsable de tomarme los datos (la Licenciada), me advierte que tiene prisa; pide que me fije en un extremo del escritorio, en el que con cinta yurés, hay una lista de datos. Son los que debo escribir.
Aclaro que esos datos ya los proporcioné en la media hoja de papel entregado. “Ah, bueno”, dice. Y encuentra el papel en un punto sobre el escritorio y lo muestra llevando la mano a medio cara.
En la declaración aclaro varias veces que los hechos ocurrieron el 21 de octubre, “hace rato, digo, en tal lugar y en tales condiciones. Explico la fisonomía de los presuntos ladrones.
Me advierte que eso lo tengo que detallar en otra parte. Sin embargo, se me pregunta varias veces lo mismo, y varias veces aclaro lo mismo. Al punto de tener que precisar que los hechos ocurrieron “hace rato, a cuatro cuadras de aquí” (la denuncia se levanta en la 9 Oriente 1404).
De pronto, mi interlocutor se levanta de la silla, sale y regresa al poco con unas hojas en la mano y dice, firme aquí rápido, “porque ya me están esperando para entregarlo”.
Obedezco, firmo, me entrega dos documentos, para entregarlos en la Fiscalía de la 31, y regresar “los acuses”, además de otro documento para reconstruir el rostro de los maleantes, en la misma dirección. Salgo. En la calle advierto que el documento dice que los hechos ocurrieron el 1 de septiembre.
Me presento en la 31 y la persona, el ingeniero, encargada de ayudarme en la reconstrucción, me dice que debo aclarar el error, porque “con esos datos nunca darán con los responsables, y aunque den, usted no podrá acreditar nada”.
Al salir de los pasadizos se me prende el foco que, tal si pido una cita con la señora Fiscal. De antemano sé que me dirán que no, pero me parece importante dejar constancia.
Me anuncio y me pasan con un ejecutivo muy amable; le explico mi “problema”. Me dice que lo turnará y que tal vez más tarde él mismo se podría comunicar conmigo para informarme. Salgo relativamente contento.
En la noche se comunica conmigo una señorita muy amable, me informa que han turnado mi caso con ella y pide que la vea al día siguiente en unas oficinas que están por la 19 Norte. Allá voy, no me atiende ella, pero baja por mi un joven, igual amable y condescendiente.
Explico mi caso, él pregunta cosas. Yo divago y le ofrezco hasta tres hipótesis sobre el posible móvil del robo. En un momento me dice que mi asunto debe ser tratado en una oficina especial relacionada con periodistas. Aclaro que no soy periodista, aunque tengo cierta presencia en los medios como ciudadano común y corriente. Cavila. Pero como usted decida, digo.
Dice que es urgente aclarar la fecha del día de los hechos, le digo que sí. Se trata de una “ampliación de hechos”. Me da dos opciones, regresar a la 9 Oriente, en donde se levantó el documento y se cometió el error, o hacerlo allí mismo, con un abogado de la misma Fiscalía.
Voy con el abogado. El abogado es muy joven. Al parecer no es su día. Comparte su tiempo entre las tareas que le han comisionado respecto de mi caso, y tareas de otro género. Trato de explicarme, pero no me atiende. El especialista es él.
En la ampliación de hechos, el abogado asienta que el responsable del equívoco en la fecha de los hechos fui yo, y no la Ejecutiva de la Fiscalía que hizo el registro (por no leer), no obstante, mis advertencias sobre el día y la hora. Entramos en dimes y diretes sobre si yo sabía escribir o no, y sobre quién era el abogado (el que sabe, pues).
Me levanto y salgo, seguro que de haber consentido la redacción que este joven trató de imponerme, habría sido tanto como aceptar que yo fui el autor de distorsionar la naturaleza de los hechos, cambiando la fecha.
Una de mis hipótesis es que entre el personal de la Fiscalía General del Estado existe una especie de espíritu de cuerpo para de autoprotección, que en los hechos conspira contra el derecho humano de las personas a la justicia. Además de otras, que me reservo.
Chayo News
Todavía persiste la incomunicación en varias localidades de la Sierra Norte. La apertura se ha hecho de manera provisional, recurriendo a medidas artesanales, en mucho gracias a la participación de la gente.
Se ha resuelto parcialmente el paso del transporte público (camionetitas), pero no al transporte comercial, pesado, tan importante como el primero, pues se trata del abastecimiento doméstico y de materiales para la construcción para rehacer las viviendas y la infraestructura pública dañada.
Hay avances, sí, pero están muy lejos de haberse reestablecido las cosas a su estado anterior a la devastación provocada por las lluvias inclemente de un mes atrás. La solidaridad de la gente se manifestó y fue ella la que retiró las toneladas de lodo que inundaron pueblos y localidades, y dañó la infraestructura carretera, escolar y en parte de salud, de por sí vulnerable y en malas condiciones de edificación.
Las inversiones públicas en las regiones con pobreza y marginación, es escasa y de mala calidad. Eso no lo digo yo, lo dicen los expertos que estudian las dinámicas locales de movilidad social.
Se han registrado manifestaciones de enojo de la población por la falta de avances perceptibles en la reconstrucción. Suelen culpar en primer lugar a los presidentes municipales, y en segundo término al titular del área del gobierno del estado.
Es un tema complejo que sale del alcance de los presidentes municipales; gastos extraordinarios no previstos en los presupuestos. En el pasado se contaba con el FONDEN, la instancia con recursos técnicos y financieros propios, a donde recurrían los tres niveles de gobierno.
Los alcaldes, a lo mucho, pueden contratar maquinaria para un par de semanas, retirar el escombro pesado, pero hasta ahí. En muchos casos se precisan de nuevos tramos carreteros, e inversión extraordinaria. Es el caso de Pahuatlán, y Huauchinango,
La reconstrucción corresponde a las entidades estatal y federal. Los alcaldes no pueden con el paquete. Los recursos que reciben son para la nómina de policías, la burocracia y paliar el día a día. Los ingresos mayores, como el ramo 33, son recursos etiquetados, que no se pueden reorientarlos a capricho.
Hace un par de semanas traté de comunicarme a la Secretaría de Infraestructura del Estado. Marqué el número de teléfono que aparece en la página oficial de la dependencia; hay una grabación en la que no contestan los humanos.
En la página se ofrece un correo electrónico dirigido al titular, José Manuel Contreras de los Santos. Le escribo. Dos semanas después no he obtenido respuesta. El derecho de petición es un derecho en ley.
En la página oficial, Contreras de los Santos, se presenta como “ingeniero civil con una sólida formación académica y una amplia experiencia en la dirección de proyectos de construcción. Su trayectoria profesional se distinguió (sic) por su participación en proyectos emblemáticos a nivel nacional”.
También dice que “su capacidad para liderar proyectos estratégicos y su profundo conocimiento técnico lo posicionaron como un referente en el sector de la construcción en México."
Con un funcionario con esas dotes de sapiencia y experiencia, no queda más que preguntarse qué ha pasado, entonces.
**Este sábado último día de entrega de víveres en la comunidad de Atlantongo, Pahuatlán, gracias al INAH, ENAH y Perspectivas Interdisciplinarias AC. Los damnificados ya hicieron su parte, la sociedad civil la suya, ahora toca a los gobiernos concluir la suya.