"- ¿Te importaría decirme, por favor, ¿qué camino debo tomar desde aquí? -Eso depende en gran medida de adónde quieres ir, -dijo el Gato. –¡No me importa mucho a dónde…! –dijo Alicia. –Entonces, da igual la dirección que elijas –dijo el Gato. Añadiendo: ¡Cualquier camino que tomes está bien…!"
Ese diálogo clásico entre Alicia y el gato de Cheshire, tomado del libro Alicia en el país de las maravillas de Lewis Carroll, se actualiza en el México de hoy, presidido políticamente por una "Alicia" que pareciera no importarle a dónde ir.
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Cuando no se define y no se comunica contundentemente la estrategia para combatir la impunidad, es indignante.
México vive en un régimen de impunidad notoria, pública, es más, descarada y cínica.
Los llamados "servidores públicos" que se autoproclaman "pueblo" como Adán Augusto López, Abelina López, y Pío López Obrador, quienes, además del apellido López y ser militantes del partido en el poder, conjuntamente con Gerardo Fernández Noroña, tienen en común, que son la imagen viviente de la impunidad...si, estos personajes, han admitido y confesado públicamente que poseen bienes que evidentemente superan la justa medianía a que se refería Benito Juárez y no pasa nada.
Estas personas "servidoras públicas" cínicamente han admitido públicamente recibir “regalos” o haber adquirido bienes inmuebles que por mucho superan los ingresos que obtienen. Entonces, cómo le hacen para acumular tanta riqueza que pueden adquirir decenas de hectáreas de terreno como lo declara en medios José Ramiro López Obrador, o para, descaradamente, declarar públicamente que se recibió un obsequio de más de 220 mil pesos, o que viajan en aviones privados pagados con sus propios recursos, sin querer dar mayor explicación...
Estos escándalos mediáticos son denuncias públicas que deberían estar siendo investigadas por las autoridades administrativas y judiciales competentes, como lo son los Órganos Internos de Control (OIC), la Auditoría Superior de la Federación y las auditorías de los estados, autoridades hacendarias (SHCP y Secretarías de Finanzas locales) y por las autoridades penales federales o locales, según su competencia; porque, lo más indignante, es qué, quien cobra como presidente de la república (con a), la tal Claudia Sheinbaum, minimiza abiertamente tales sucesos y en contravención, utiliza los recursos públicos que tiene en abundancia, para dictar “línea” y "defender a la república" de “mercenarios de la información”, “comentócratas” y “defensores del PRIAN”, "opositores y detractores" o simplemente "de derecha", conceptos en los que se encuentra toda persona que no piense igual que el régimen que representa, y entonces, durante dos horas diarias al menos, de lunes a viernes en ese bodrio televisivo llamado “La mañanera del Pueblo”, se le escucha pidiendo pruebas, cuando las propias declaraciones públicas de los citado "servidores públicos" hacen prueba suficiente para iniciar una investigación, para esclarecer los hechos.
Sería deseable para quien esto escribe que, en dicho espacio, la Presidenta de la República instruyera, en cumplimiento a lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Responsabilidades Administrativas o en su caso, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (pues aunque hay una ley más reciente y muy puntual con respecto de este tema, aún no ha sido publicada, se trata de la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia), para que se inicien los procedimientos legales procedentes, para investigar la evolución patrimonial y el probable enriquecimiento oculto de estos personajes públicos, por los hechos notorios antes mencionados.
Eso es lo que, quien esto escribe, y seguramente muchos mexicanos deseamos ver y escuchar.
Y no se trata de un capricho o de un perverso deseo personal, se trata simplemente de dar cumplimiento cabal a lo qué ordenan nuestras leyes y combatir la impunidad, porque, como decimos en el argot judicial, los hechos notorios no requieren prueba porque son de conocimiento público general; y es el caso, que los aquí expuestos lo son, y pudieran constituir faltas administrativas graves o delitos cometidos por servidores públicos.
Por ejemplo; la presidenta municipal de Acapulco expresó en entrevista pública, con respecto de una pregunta sobre un collar, aparentemente de lujo de la marca Van Cleef & Arpels, valuado en más de 227 mil pesos, que lucía y portaba públicamente, que ella …no tenía la culpa de que el pueblo la quisiera tanto y le hayan regalado ese collar, el cual recibió por su cumpleaños hace unos días y se lo dio un ciudadano. Y que ni siquiera es de oro... ¿?
Lo anterior, siendo que existe normativa aplicable a las personas servidoras públicas que les prohíbe recibir obsequios.
Esta obligación está contenida en los artículos 7 fracción II, 40, 52 y 66 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Además del axioma jurídico: "a confesión de parte, relevo de pruebas", una confesión libera a la otra parte de la necesidad de probar algo, ya que la confesión se considera prueba suficiente.
Por su parte, José Ramiro López Obrador, a través de sus propias declaraciones patrimoniales refirió que presentó una lista inicial de trece ranchos ganaderos que dijo son de su propiedad. Notas periodísticas, refieren que la Declaración Patrimonial de 2020 del citado servidor público fue alterada para poder justificar sus actos.
Y así, las personas servidoras públicas mencionadas, militantes de Morena presumen sus posesiones millonarias, sus viajes y hasta ingresos por cantidades exorbitantes, sin que la titular del Poder Ejecutivo se pronuncie por la investigación de los hechos, poniendo de pretexto que se requiere una denuncia y presentar pruebas... Sin embargo, en estos casos, las denuncias son públicas y pueden iniciarse de oficio, además las pruebas principales que sustentan las investigaciones de oficio, son las declaraciones de los citados, por lo que recabar pruebas adicionales y concatenarlas entre sí, es parte de la substancia de la investigación que realicen las instancias competentes.
Más aún, los ciudadanos mexicanos merecemos una acción legal gubernamental eficaz, respecto de la amistad de Adán Augusto López Hernández con Hernán Bermúdez Requena (otro caso de impune), personaje a quién el propio gobierno señala como “jefe” del grupo delincuencial denominado La Barredora.
Con respecto del senador Fernández Noroña, su conducta personal mueve a risa y a trágico dolor (diría el querido Pablo Milanés), puesto que resulta que, de vendedor de “libros de viejo” en una vecindad del Centro Histórico de la Ciudad de México, lugar donde vivía, pasó a ser feliz habitante de un palacete de 12 millones de pesos en Tepoztlán, Morelos; dos camionetas de lujo y viajero frecuente con todo pagado y con “valet” incluido.
Por eso indigna la actitud silente y omisa de la presidenta Sheinbaum, y la de la presidenta de su propio partido, asomando una conducta vil, ruin y sórdida, ya que su comportamiento pudiera considerarse inmoral y carente de dignidad.
No obstante, pretende que sus palabras, tengan el poder de decir y decidir quién es bueno, quién es malo, a quien se debe proteger y a quien se debe perdonar. Y eso, es complicidad.
El gobierno que ella encabeza es sórdido. Y la sordidez puede erosionar la confianza en las instituciones y dañar el tejido social. De hecho, los gobiernos del régimen morenista, han dejado constancia de la falta de planes, programas, estrategias y políticas públicas eficaces en materia de seguridad pública, impunidad y corrupción, pareciera que al igual que Alicia en el país de las maravillas en realidad no le importa a dónde ir... demostrado, que su gobierno no va a ningún lado: Habla de proyectos sin que pueda explicar en qué consisten.
Habla de transformación cuando el incremento en la calidad de vida de los mexicanos no tiene un sustento serio que lo califique y lo mida, puesto que para ello se requiere contar con los "indicadores" que definan y midan la transformación de la calidad de vida a partir de los años del régimen en el poder.