Lo que le voy a contar es verdad, con datos verificados. Resulta que la academia de formación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), en Brunswick, Georgia, ha reclutado personas con antecedentes de robo con violencia y agresión. Y no son casos aislados. Así lo documentaron jóvenes hijos de migrantes que, desde hace meses, revisan los antecedentes del nuevo personal contratado por el ICE y encontraron más de una sorpresa.
Andrés Palma Cohen, hijo de padre mexicano y madre estadounidense, forma parte de ese grupo. “Cada día estamos más informados y organizados”, dice. “Mis padres tienen una agencia de limpieza donde trabajan cerca de cuarenta mujeres, en su mayoría migrantes. Siguen trabajando, pero con miedo. Por eso los más jóvenes, que somos ciudadanos, nos hemos organizado para defender con argumentos: lo que dice el gobierno es que los inmigrantes son delincuentes, pero ellos sí están reclutando delincuentes en sus filas.”
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De acuerdo con una nota de la reportera Claudia Arellano, difundida en un diario nacional, Andy y sus compañeros se dieron a la tarea de revisar los procesos internos del ICE. Descubrieron que los filtros que antes eran obligatorios —como las pruebas antidrogas y los controles de seguridad— hoy se aplican con ligereza. Documentaron casos de aspirantes con antecedentes penales que lograron ingresar a la agencia sin mayores obstáculos.
Exfuncionarios del propio ICE reconocieron que estos filtros “eran más estrictos antes del aumento de contrataciones que comenzó este verano”, impulsado por la administración Trump para incrementar deportaciones. En la práctica, la prioridad fue llenar vacantes, no garantizar perfiles éticos.
Activistas y organizaciones religiosas advierten que, en la carrera por ampliar la plantilla a 10 mil agentes, el ICE ha pasado por alto señales de alerta. La contradicción es evidente: mientras acusan a los migrantes de representar una amenaza para el país, el gobierno estadounidense recluta personas con antecedentes de violencia doméstica o robo.
Y mientras los agentes aumentan, los trabajadores disminuyen. La fuerza laboral de Estados Unidos se reduce de forma alarmante. Los sectores agrícolas, de la construcción y de servicios enfrentan escasez de mano de obra. Según la American Business Immigration Coalition (ABIC), “desde 2010 no se veía una caída tan pronunciada”.
La ABIC acaba de lanzar una campaña titulada “Asegurar la mano de obra de Estados Unidos”, que busca visibilizar el impacto económico de las deportaciones masivas. Su mensaje es directo: sin migrantes, no hay producción, ni cosechas, ni servicios básicos.
Las cifras son contundentes. El 51 % de los trabajadores de la industria láctea son migrantes; el 45 % en el envasado de carne; el 29 % en la construcción. Por eso, la ABIC —que agrupa a más de cien empresarios— respalda la Dignity Act, una propuesta bipartidista que pretende frenar la violencia en las redadas y exigir mayor sensibilidad en las fuerzas del orden.
María Elena Valdivia, de la Coalición Campesina en Florida, lo resume con claridad: “El ICE nos está dejando sin mano de obra. Ya se dio este aviso en una reunión con legisladores para pedirles, por enésima vez, que aprueben permisos de trabajo para migrantes indocumentados. Las cosechas se están quedando tiradas y los puestos vacíos”.
La Ley de la Dignidad ha sido presentada tres veces en el Congreso sin éxito. La última versión, introducida en julio, eliminó la vía hacia la ciudadanía y ofrece únicamente un estatus de “dignidad”: permiso para residir y trabajar, pero sin derechos plenos. “Pedimos respeto para los migrantes, y eso implica tener policías más humanas”, agrega Valdivia.
Mientras el discurso oficial insiste en criminalizar a los migrantes, el escándalo de los nuevos reclutas del ICE revela lo contrario: que los verdaderos riesgos para la seguridad no vienen del sur, sino de las grietas institucionales del propio sistema. Los hijos de migrantes que investigan a la agencia lo saben bien: detrás de cada deportación hay una economía que se hunde y una familia que resiste.
En tanto, Estados Unidos rompió récord histórico de personas migrantes detenidas durante los primeros diez meses del segundo mandato de Donald Trump, según un análisis del Instituto de Política Migratoria (MPI, por sus siglas en inglés). En ese periodo, el número de migrantes bajo custodia alcanzó niveles sin precedentes: de 39 mil personas detenidas en enero de 2025, la cifra se disparó a 61 mil hacia finales de agosto, con la posibilidad de llegar hasta los 107 mil en enero de 2026.
El MPI advierte que este crecimiento podría duplicarse en los próximos meses, impulsado por un incremento presupuestal de 45 mil millones de dólares destinado a reforzar la detención migratoria dentro de la llamada Ley Única de Presupuesto Integral.
El informe destaca que Estados Unidos ya poseía el sistema de detención de inmigrantes más grande del mundo, y ante la expansión de arrestos, ha recurrido a instalaciones no convencionales, como prisiones en zonas remotas, estructuras precarias tipo tienda de campaña e incluso cárceles fuera del país. Pese al discurso oficial que presenta a los migrantes como “criminales”, tres cuartas partes de los detenidos en septiembre carecían de antecedentes penales, y quienes sí los tenían enfrentaban faltas menores, como infracciones de tránsito.
Además, el costo económico del sistema es enorme: cada migrante permanece en promedio 44 días detenido, a un costo de 152 dólares diarios, lo que subraya el carácter punitivo y oneroso de una política migratoria cada vez más desbordada. Esto es lo que viven nuestros paisanos en Estado Unidos.