Con la detención en Miami, Florida del empresario “facturero” (sic), Víctor Álvarez Puga, esposo de la presentadora de televisión Inés Gómez-Mont, se da un duro golpe a las “factureras” quienes lo tenían como su tótem y ejemplo de impunidad en esta actividad ilícita.
Empecemos por explicar lo que hacen las “factureras”: Son empresas "fantasma" o simuladas que emiten y venden CFDI’s (facturas) sin tener la capacidad real de ofrecer bienes o servicios y se dice que cobran solo el 4 por ciento del monto CFDI (factura) y la diferencia se la devuelven al empresario que compra estos CFDI’s (facturas) en efectivo.
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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) los define a los que venden como empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS). Y a los que compran como empresas que Deducen Operaciones Simuladas (EDOS) y así disminuir la base del impuesto y, en ocasiones, solicitar devoluciones.
Víctor Álvarez Puga fue detenido por el (ICE) Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. por su situación migratoria y se encuentra en el centro de procesamiento Krome North SPC. En nuestro país un juez federal ordenó la aprehensión desde el mes de octubre de 2021, tanto para Víctor Manuel Álvarez Puga y de su esposa Inés Gómez-Mont por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
La Fiscalía General de la República señala que Puga, su hermano y Gómez-Mont están implicados en el uso de empresas fantasma para facilitar la evasión de impuestos, desvío de recursos públicos y lavado de dinero. De acuerdo con la investigación, tan solo para la Secretaría de Gobernación, a cargo de Miguel Ángel Osorio Chong, se habría otorgado contratos por casi 3000 millones de pesos, entre 2016 y 2017, que llegaron a compañías vinculadas con los hermanos Álvarez Puga mediante más de 1400 operaciones, todas estas ficticias.
La Interpol emitió una ficha roja en noviembre de 2021 contra Álvarez Puga y Gómez-Mont. Las autoridades Judiciales de nuestro país han solicitado en este momento la extradición de Álvarez Puga por lo que probablemente será ingresado a un CEFERESO (Centro Federal de Readaptación Social) próximamente para iniciar su proceso penal.
La Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) ha informado que en los últimos cuatro años presentó 59 denuncias contra “factureras” que operaron esquemas de simulación de operaciones. Los desvíos acumulados en estas denuncias superan los 54 mil 688 millones de pesos.
La procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano García dijo que las “factureras” fueron por años “la maquinaria del fraude, una industria del engaño que desvió miles de millones de pesos” y hasta la fecha “tenemos este fenómeno muy vivo”. Detalló que la dependencia trabaja en coordinación con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para rastrear flujos irregulares. “Estamos hablando de un daño patrimonial en las denuncias superior a los 54 mil millones de pesos, lo que exige sanciones ejemplares”, advirtió.
Sin embargo, el SAT estima que el daño fiscal para México representa la cantidad de 250 mil millones de pesos anuales, por lo que el monto de la defraudación fiscal identificado en las denuncias de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) no es significativo al tamaño del problema, pero ya están atacando a este fenómeno nacional.
Yo no recuerdo una detención de algún personaje tan simbólico de esta actividad ilícita (factureras) por lo que esta causa penal es un duro golpe a los que se dedican a esta actividad que hace tanto daño a las finanzas públicas en México. Ya que se detuvo al tótem o ejemplo de impunidad. Y si Álvarez Puga ya cayó, no duden que irán cayendo más “factureros”.