La caravana de migrantes Por la Libertad, que partió de Chiapas el pasado 1 de octubre rumbo a la Ciudad de México, es probablemente la última de este 2025 y una de las pocas que veremos en los próximos años.
La razón: cada vez menos personas extranjeras sueñan con llegar a Estados Unidos o confían en regularizar su situación en México, cuya política migratoria y xenofobia es reflejo de lo que ocurre en nuestro vecino país del norte.
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El Instituto Nacional de Migración (INM) disolvió esta semana el último contingente de la caravana Por la Libertad en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Lo hizo, como en otras ocasiones, con la entrega de pases migratorios. Esos documentos, llamados “formas migratorias múltiples”, funcionan como salvoconductos para continuar el viaje en autobús, pero también como el sello final de una marcha que se desvanece antes de alcanzar su destino.
De los más de mil migrantes que salieron de Tapachula el 1 de octubre, apenas unos 300 seguían caminando veinte días después. El trayecto, de casi 300 kilómetros, terminó con la entrega de papeles y con una dispersión silenciosa: algunos aceptaron ser llevados de vuelta a Chiapas, otros a Veracruz, y unos cuantos lograron llegar a la Ciudad de México.
La caravana Por la Libertad nació como protesta ante la parálisis burocrática que padecen quienes solicitan asilo en México. Los migrantes denunciaron que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados tarda meses, incluso más de un año, en resolver sus casos. Esperar en Tapachula, decían, era imposible: no hay trabajo, los albergues están saturados y la violencia los acecha.
Caminar fue su única manera de moverse y de hacerse visibles. Pero caminar también significó enfrentarse con un país que los rechaza. En su paso por Oaxaca, muchos relataron haber sido insultados, bloqueados, perseguidos por la policía o simplemente ignorados por la población. “Nos cerraban el paso, no querían que subiéramos al transporte público”, contó un hondureño. México se mostró, una vez más, como un país xenófobo, un país que repite los gestos de exclusión que condena en otros.
Mientras tanto, la política migratoria se ha vuelto una frontera extendida de la que Estados Unidos ya no necesita hacerse cargo directamente. El endurecimiento de las medidas impulsadas por Donald Trump encuentra eco en el sur: contención, vigilancia y deportación son hoy parte del lenguaje institucional mexicano. Lo que antes eran caravanas con destino a la frontera norte, ahora son procesiones contenidas por la burocracia.
Desde que comenzó el gobierno de Claudia Sheinbaum, al menos 16 caravanas han partido de Tapachula. Ninguna llegó más allá de Oaxaca. En cada una se repite la misma escena: largas filas de familias, niños en brazos, mochilas rotas, cuerpos agotados y una esperanza que se diluye en cada retén. El INM se encarga de dispersarlas antes de que crucen hacia el centro del país.
En Puebla ya no hay caravana que esperar. Los activistas que solían preparar albergues y colectas saben que no llegarán. La frontera mexicana se desplazó hasta ellos, invisible pero efectiva. Lo que alguna vez fue símbolo de resistencia y de comunidad hoy se disuelve en documentos temporales y promesas inciertas.
La última caravana no llegó a Puebla, pero deja un rastro de cansancio colectivo. La idea de moverse para encontrar un lugar mejor se ha convertido en un viaje circular, un camino que siempre regresa a Tapachula.
México, país de tránsito, se convirtió en el destino forzado de miles. Y la ruta, antes llena de esperanza, ahora sólo conduce al límite de lo posible.
Así las cosas, en este país frontera.