Miles de migrantes que han llegado a México en los últimos cinco años, especialmente venezolanos, enfrentan un laberinto burocrático para revalidar sus estudios, lo que los empuja a la informalidad y provoca el desperdicio de un capital humano que podría ser valioso para el país.
Esta semana me encontré con el documento Reconocimiento de cualificaciones de personas refugiadas y desplazadas en América Latina y el Caribe, elaborado por el Instituto Internacional de la Unesco para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC), cuyas cifras revelan que cerca del 18 por ciento de los migrantes tiene educación universitaria, pero solo el 6 por ciento logra convalidar de manera formal sus estudios.
Más artículos del autor
Los extranjeros que buscan integrarse al mercado laboral formal en México tropiezan con una muralla de trámites, requisitos y costos que en muchos casos terminan cerrándoles las puertas del empleo digno, pese a contar con títulos universitarios, maestrías o especializaciones obtenidas en sus países de origen.
El problema se agrava porque en México la informalidad absorbe al 55 por ciento de la población económicamente activa, una cifra que revela no solo la precariedad estructural del empleo, sino también el desperdicio de competencias profesionales que podrían contribuir al desarrollo nacional si existiera un sistema ágil de reconocimiento académico.
Ese bono demográfico y de conocimiento que circula por América Latina se está desperdiciando a nivel hemisférico, mientras millones de migrantes con formación técnica o universitaria terminan son subempleados en actividades de baja productividad o en condiciones de explotación laboral, sin que los Estados articulen una respuesta regional coherente.
El caso de Venezuela ilustra el tamaño del desafío. Desde 2015, más de 7.7 millones de personas han salido del país, de las cuales 6.8 millones se encuentran en América Latina y el Caribe, protagonizando la mayor crisis migratoria de la historia reciente de la región, según organismos internacionales.
Para muchos de ellos, la imposibilidad de presentar documentación académica verificable —como títulos, diplomas o certificados oficiales— se ha convertido en una barrera infranqueable, pues las universidades y los ministerios de educación exigen originalidad, autenticación y sellos consulares que resultan imposibles de obtener para quienes huyeron por persecución o emergencia humanitaria.
Los marcos legales nacionales tampoco facilitan la integración, ya que son rígidos y carecen de disposiciones específicas para refugiados o desplazados. Esto impide a las autoridades aplicar criterios excepcionales, aunque el derecho internacional los contemple y los tratados firmados por México lo permitan.
A ello se suman los costos administrativos, que pueden incluir la legalización de documentos en el país de origen, certificaciones consulares, traducciones oficializadas y pagos universitarios que, en conjunto, pueden representar varios meses de salario mínimo. Es una suma impensable para quienes llegan sin ahorros ni redes de apoyo.
Las brechas digitales, lingüísticas y de género complejizan aún más el panorama, pues las plataformas en línea para revalidar títulos suelen estar en español técnico, exigen conectividad estable y requieren manejo de herramientas que no todos los migrantes dominan.
Frente a estos obstáculos, muchos profesionistas optan por sobrevivir en la economía informal, donde pueden trabajar sin papeles como repartidores, vendedores ambulantes o en call centers, ocupaciones muy por debajo de su nivel educativo, pero que les permiten pagar renta y enviar remesas a sus familias.
El talento desperdiciado es inmenso y sus consecuencias se miden tanto en términos personales como estructurales, pues México deja de aprovechar la experiencia de médicos, ingenieros, docentes o investigadores que podrían fortalecer sectores clave y aliviar la escasez de especialistas en salud, ciencia o tecnología.
Sin un cambio profundo en las políticas de reconocimiento de estudios, el país seguirá atrapado en un círculo vicioso donde la migración calificada no se traduce en movilidad social ni en desarrollo productivo, sino en precariedad importada y sobreexplotación laboral.
Mientras tanto, los diplomas duermen en carpetas selladas o se pierden en las aduanas burocráticas, y con ellos se desvanece la posibilidad de que el conocimiento cruce realmente las fronteras, más allá de los discursos humanitarios y de integración que los gobiernos repiten año tras año sin convertir en política pública tangible.