En esta primera colaboración para e-consulta no encontré mejor ejemplo para comenzar, que con un hecho lamentable que retrata con precisión uno de los dramas normalizados en la realidad nacional: la desaparición forzada de seres humanos. Un fenómeno que como se ha demostrado, siempre va acompañado de la indolencia de quienes detentan el poder y que, aun siendo elegidos democráticamente han sido incapaces de dar respuestas a esto que aqueja.
Al día de hoy, en México hay un registro de 133,177 [1] personas desaparecidas. Una cifra que con todo pesar, sabemos que no es fija, pues crece todos los días. La desaparición sistemática de personas —aunque de manera presuncional en muchos casos— está vinculada a hechos victimales, es decir, a la comisión de delitos. Por su carácter masivo, no puede entenderse como un fenómeno azaroso o aislado, sino como el reflejo de una lógica estructural de violencia inmersa en la gobernanza criminal, que desde hace décadas azota a la nación. La desaparición es, en esencia, una forma de mutilación a la continuidad de la vida.
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En Puebla, a pesar de los intentos gubernamentales por minimizar o invisibilizar este drama —porque afecta su imagen de “transformación”— se contabilizan 2,496 personas desaparecidas o no localizadas. Para quienes periféricamente observan las cifras con indiferencia, este número podría parecer marginal frente a otras realidades aún más caóticas del país. Pero toda cifra esconde lo esencial: detrás de cada registro hay una vida interrumpida, una red de vínculos rotos y un universo de sufrimiento que la estadística no logra describir. La desaparición nunca es la extirpación de un individuo en aislado, arranca también a las familias, a las comunidades y la memoria que le daba sentido a esa existencia.
En México, cuando alguien desaparece, se produce un doble arrancamiento: primero, de la vida cotidiana, segundo, de la memoria colectiva. Este otro intento de borrado, sin embargo, no siempre logra consumarse, pues la persistencia de los familiares mantiene viva la lucha y la memoria. Desde la Guerra Sucia, pasando por Ayotzinapa hasta cada caso anónimo no mediático, la revictimización y el desprecio oficial han sido una constante.
El ejemplo más reciente ocurrió el 6 de septiembre de este año en nuestra ciudad, cuando trabajadores del Ayuntamiento de Puebla borraron un mural elaborado por el Colectivo “Voz de los Desaparecidos”. No era solo un mural: era la expresión gráfica de la angustia, la materialización de los rostros de quienes han sido arrancados de la vida y de la memoria. Con ese acto se consumó un doble borrado, desde la desaparición física y ahora también una forma de eliminación simbólica.
¿De verdad las autoridades desconocían que se trataba de un mural con rostros de personas desaparecidas? Entre ellos estos son algunos de los 132 rostro inscritos en aquel mural:
De aceptarse el desconocimiento sobre quiénes eran, ello evidenciaría la desconexión de las autoridades con la realidad social y para quienes deberían gobernar, pero en cambio, si el acto se realizó de manera dolosa —cuestión que jamás reconocerán, aunque haya sido real—, entonces habla de la perversión y del desprecio hacia el dolor del pueblo que dicen amar.
En total, ese mural borrado expresaba 132 historias verídicas de personas desaparecidas en Puebla, representadas a través de un acto catártico por parte de las familias que no encuentran la única respuesta de su interés: el hallazgo de su ser amado.
Ese mural no era una “mancha en la pared” en una ciudad abandonada entre cráteres y deterioro urbano —lo que sí requiere atención e intervención—; era un grito simbólico de la memoria frente a un Estado indolente. Borrarlo fue una afrenta contra las víctimas, sus familias y la sociedad.
Un acto que contradice las obligaciones establecidas en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada y en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en el marco Constitucional; que señalan el deber del Estado por preservar la memoria y la dignidad de las víctimas.
Una verdad cruda, es que el Estado desaparece personas ya sea por acción, omisión o complicidad, pero en un segundo momento esa doble desaparición se configura cuando se intenta borrar la memoria, lo que se traduce en un proceso de violencia continua que busca silenciar tanto la ausencia física como la memoria social.
El borrado físico —sea de los cuerpos humanos o de las huellas simbólicas que los recuerdan— no resuelve nada. No retrocede la historia ni disminuye la crisis. Al contrario, revela la impotencia y el fracaso de quienes, incapaces de garantizar verdad y justicia, optan por eliminar rostros de lo irresuelto.
Y aquí es donde se revela la contradicción más hiriente: un gobierno que se dice de la transformación, pero que no transforma nada cuando elige el borrado sobre la memoria, el silencio sobre la verdad y la pintura blanca sobre los rostros de quienes no han vuelto a casa. En realidad, ese acto exhibe que el poder local ha decidido apostar por la simulación antes que por la justicia.
Las familias lo saben a conciencia. Ninguna disculpa política al mural borrado traerá alivio, donde la única reparación posible, el único horizonte de paz, será siempre la aparición de sus seres queridos, incluso en la forma que sea. Todo lo demás —discursos, cifras, murales destruidos o permisos para volver a plasmar esos rostros— no son más que la confirmación de una tragedia que sigue creciendo y de un gobierno que, pese a proclamarse distinto, sigue desapareciendo doblemente a su gente.
[1] Estos datos fueron obtenidos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas [RNPDO] del Gobierno de México, con fecha de corte hasta el día 9 de septiembre del 2025.