“Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a joder”
Molotov (Gimme Tha Power)
El juicio de amparo es la mayor aportación de México al constitucionalismo internacional. Desde el siglo XIX, con Manuel Crescencio Rejón y Mariano Otero, este recurso nació con un propósito claro: permitir que cualquier ciudadano pudiera enfrentarse al poder y defender sus derechos frente a actos arbitrarios de la autoridad.
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Durante más de un siglo, el amparo ha sido el medio de defensa último contra presidentes autoritarios, congresos abusivos y gobernadores déspotas. Gracias a él, un campesino, un periodista, un empresario o cualquier ciudadano ha podido frenar actos injustos del Estado, originados en la arrogancia y la soberbia de funcionarios que, al subirse a un ladrillo, olvidan que su poder tiene límites.
Nuestro escudo está hoy bajo asedio. No se trata de ajustes técnicos ni de modernización, sino de un plan político para desarmar al ciudadano, blindar al poder y consolidar el régimen autoritario que tanto desean los de Morena y aliados. El primer paso ya se dio: con la reforma de “supremacía constitucional” se decidió que no se puede impugnar una reforma a la Constitución, ni mediante amparo ni mediante acción de inconstitucionalidad. En otras palabras, lo que la mayoría apruebe queda blindado frente al Poder Judicial eliminando los controles de convencionalidad, incluso si recorta libertades o concentra poder. Se cerró así la primera puerta de defensa.
El segundo paso es la reforma a la Ley de Amparo mandada por la Presidenta, que busca mutilar el instrumento de defensa más importante de los mexicanos. En la propuesta de modificación se busca que los efectos de las sentencias de amparo dejen de ser generales. El artículo 148 establece que, aun si un juez o tribunal declara inconstitucional una norma, esa resolución solo beneficiará al quejoso que promovió el amparo; el resto de los ciudadanos tendrá que litigar de manera individual.
El artículo 5 elimina el interés legítimo, cerrando la puerta a colectivos, comunidades u organizaciones que hasta hoy podían defender derechos sociales como el agua, la salud, el medio ambiente o la educación; únicamente quien acredite un daño individual y diferenciado podrá acudir al juicio. Y el artículo 192 permite que la autoridad alegue “imposibilidad jurídica o material” para no acatar una sentencia, sin multas ni sanciones, legalizando en los hechos la desobediencia del Estado frente al Poder Judicial. Estas tres disposiciones juntas constituyen un golpe directo al corazón del amparo: dejan al ciudadano aislado, al colectivo indefenso y a la autoridad empoderada para ignorar la ley.
A esto se suma la digitalización de los juicios, presentada como modernización pero que en realidad significa exclusión. En un país con una brecha digital enorme, millones de mexicanos no tienen acceso a internet confiable ni habilidades tecnológicas para litigar en línea. Además, las propias plataformas del gobierno se caen constantemente o son deficientes. Convertir la defensa de los derechos en un trámite digital es condenar al más pobre, al adulto mayor o al trabajador precario a la indefensión.
La reforma también pega con fuerza en materia fiscal. Con la limitación de las suspensiones, el SAT podrá embargarte cuentas y patrimonio desde el primer momento, aun si después resultas inocente. Esto abre la puerta a la persecución política: bastará con inventar un delito fiscal para congelar tus recursos y quebrarte. Así es como se fabrican opositores en los regímenes autoritarios.
El rico puede pagar abogados y litigar cada caso; el pobre no. Sin efectos generales, sin acciones colectivas y sin suspensiones efectivas, el amparo dejará de ser un derecho universal para convertirse en un privilegio elitista. O simplemente sacar sus capitales del país. El mensaje es claro: quien tenga recursos podrá protegerse —o escapar—; quien no, quedará a merced del poder.
Lo que se está vendiendo como modernización es eficiencia disfrazada de autoritarismo. Los plazos de resolución del amparo indirecto podrían ajustarse sin necesidad de tocar la esencia del juicio ni mutilar sus efectos. Pero aquí no se trata de agilizar procesos, sino de neutralizar al amparo como herramienta de defensa ciudadana.
¿A qué le teme la Presidenta? ¿Acaso está preparando el terreno para un régimen de terrorismo fiscal, donde el embargo de cuentas, la criminalización tributaria y la persecución política sean la nueva forma de control social? Si el amparo cae, el ciudadano mexicano quedará desnudo frente a un Estado que ya no tendrá límites.
El plan es evidente: primero blindaron las reformas constitucionales para que nadie las impugne; ahora buscan debilitar el amparo para que los actos de autoridad tampoco puedan enfrentarse. La destrucción institucional avanza, y con ella la consolidación de un régimen en el que el poder no tiene frenos y el ciudadano queda desarmado.
El amparo nació para que el pueblo se defendiera del poder. Hoy, el poder quiere acabar con él. Y la pregunta que nos debemos hacer es brutalmente sencilla: ¿queremos un México de ciudadanos con derechos o un México de súbditos a merced del gobierno?