La diputada federal del Partido del Trabajo, Nora Merino Escamilla, presentó en la Cámara de Diputados la iniciativa para que la Ley Monzón sea reconocida y aplicada a nivel nacional. Con ello, se busca saldar una deuda histórica con las infancias mexicanas: garantizar que ningún niño o niña crezca bajo la tutela de un padre señalado judicialmente como el presunto feminicida -consumado o en grado de tentativa- de su madre.
La propuesta plantea reformar los Códigos Civil y Penal federales para suspender la patria potestad cuando un hombre es vinculado a proceso por feminicidio o tentativa de feminicidio, colocándose así del lado de la protección superior de la niñez y de la justicia con perspectiva de género. No se trata únicamente de un cambio técnico en la legislación, se trata, de un mensaje contundente frente a la normalización de marcos legales que durante décadas han favorecido al agresor y perpetuados matices machistas en la aplicación de la ley.
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El respaldo de Helena Monzón, hermana de la abogada Cecilia Monzón, quien fue víctima de feminicidio en Puebla en 2022, otorga a esta iniciativa una legitimidad moral y social invaluable. La lucha de Helena Monzón con colectivos feministas ha convertido el dolor personal en bandera para exigir un sistema jurídico que, más allá de sancionar al feminicida, proteja de inmediato a los hijos e hijas sobrevivientes, quienes son las víctimas invisibles de esta violencia.
El impacto social de aprobar la Ley Monzón a nivel nacional es doble: por un lado, garantiza mayores condiciones de justicia y reparación para las infancias, evitando la revictimización y el absurdo de mantener la paternidad de un presunto feminicida; por otro, representa un paso firme hacia la erradicación de sesgos machistas en el derecho mexicano, pues reconoce que la violencia contra la mujer es también violencia contra su familia y contra la sociedad en su conjunto.
La discusión ahora corresponde al Congreso federal, pero la pregunta de fondo es más amplia: ¿Estamos dispuestos, como país, a transformar nuestras leyes para que pongan al centro la vida y la dignidad de mujeres e infancias?