El ambiente de confrontación que se respira en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) no surge de la nada; representa la cristalización de décadas de prácticas autoritarias que han erosionado sistemáticamente los fundamentos sociales y democráticos de la vida académica.
Lo que sucede en la BUAP trasciende los problemas administrativos cotidianos; es la persistencia de un modelo de poder de décadas que Alfonso Esparza Ortiz perfeccionó durante su gestión (2013-2021), cuya esencia permanece intacta y que ahora busca retomar el control total de la universidad a través de una red de operadores que actúan como extensiones de su voluntad política.
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La sombra del exrector Alfonso Esparza Ortiz se extiende por los rincones más oscuros de la institución, su proyecto no terminó con su salida del cargo; por el contrario, la esencia de su modelo autoritario permanece enquistada en la estructura universitaria. Rodolfo Zepeda Memije, tras ver frustrada su candidatura, se ha convertido en figura clave del proceso al evidenciar la confrontación entre el grupo esparzista y la administración actual. Él y otros operadores políticos no son figuras autónomas, sino piezas colocadas en un tablero donde la lógica esparzista busca reconstituirse. La estrategia del exrector es tan burda como perversa: mantener el control real de la universidad mientras otros ocupan formalmente la estructura administrativa.
Durante los más de ocho años que fue rector logró construir una red de lealtades donde el clientelismo académico sustituyó al mérito intelectual y donde la obediencia ciega se premió por encima de la gestión académica. Pero el proyecto fue más allá del simple control político: incluyó el saqueo sistemático de recursos institucionales a través de operaciones de lavado de dinero que convirtieron a la universidad en una caja de resonancia financiera para intereses privados. Esparza Ortiz no sólo construyó un sistema durante su administración; creó una cultura institucional donde el servilismo se convirtió en la principal virtud universitaria y donde la corrupción se normalizó como método de gestión.
El recurso a la intimidación y la violencia no constituye una desviación accidental del modelo de Esparza Ortiz, sino su expresión más auténtica. Las estructuras de poder construidas por Esparza Ortiz sobre bases clientelares requieren inevitablemente de la fuerza como garante de continuidad. Los episodios de hostigamiento que se han normalizado en diversas dependencias universitarias son el resultado directo de una concepción autoritaria que ve cualquier forma de disidencia como amenaza. Si Esparza Ortiz no dudó en secuestrar estudiantes hace una década, cuando los ecos de Ayotzinapa aún resonaban masivamente en la conciencia nacional, tampoco dudará ahora en recurrir a métodos violentos para mantener su control sobre la institución.
La utilización sistemática de grupos de presión, la creación deliberada de ambientes hostiles y la instrumentalización de conflictos revelan el ADN político de Esparza Ortiz, para él, la universidad nunca fue un espacio de construcción colectiva del conocimiento, sino un recurso a explotar económicamente. Su legado no es académico sino caciquil, no es intelectual sino mafioso, no es educativo sino ideológicamente sesgado hacia posiciones reaccionarias.
Rodolfo Zepeda Memije representa la cara visible de esta operación de continuidad. Su intención no es la de influir en la universidad según criterios académicos, sino mantener funcionando la maquinaria de poder que Esparza diseñó, incluyendo las redes de corrupción financiera y el proyecto de orientación ideológica conservadora que busca alejar aún más a la universidad de un modelo democrático y popular.
El más grande daño que la esencia esparzista ha hecho a la universidad es la de haber logrado que su proyecto de poder se presente como normalidad institucional. Los operadores políticos no aparecen como agentes externos sino como una parte natural del paisaje universitario.
Esta normalización del autoritarismo es quizás el logro más perverso del modelo, porque hace que la crítica parezca anormal y que la democracia universitaria se vea como una amenaza al orden establecido. Fue precisamente este anquilosamiento del poder lo que generó el paro universitario pasado, una expresión clara del hartazgo de la comunidad estudiantil ante la perpetuación de estas prácticas. Si esto no cambia se habrán ignorado las lecciones de aquel evento.
Por lo tanto, no se trata únicamente de remover a Esparza o a sus operadores del escenario universitario, sino de desmantelar completamente las estructuras que permiten que los cacicazgos florezcan.
La universidad necesita una renovación profunda que incluya transparencia real en todos los procesos, participación democrática genuina de estudiantes, profesores y trabajadores de todas las facultades, y rendición de cuentas efectiva ante la comunidad universitaria, no ante grupos de interés particulares.
La BUAP se encuentra en una encrucijada histórica. Los episodios de violencia y autoritarismo que padece son una llamada de atención que no puede ignorarse. Detrás de cada acto de intimidación, de cada imposición autoritaria, de cada intento de silenciar voces críticas, está la sombra de Esparza y su concepción patrimonialista de la universidad.
La universidad pertenece a quienes la construyen día a día con su trabajo, su estudio y su compromiso genuino con el conocimiento y la sociedad. No a quien la ve como un botín personal o un feudo a perpetuar. La transformación de la universidad no vendrá de las estructuras de poder, sino de la organización consciente y decidida de toda la comunidad universitaria. Sólo así, la BUAP podrá desterrar definitivamente el autoritarismo enquistado y recuperará su vocación social y su compromiso con la democratización del conocimiento.