Estamos tan ensimismados, tan absortos y tan desconcentrados con el cúmulo de eventos políticos, de narcotráfico (La Barredora y los juicios en Estados Unidos), y de linchamientos virtuales que amenazan con trascender al mundo real, que no volteamos a mirar con la debida atención lo que sucede en Venezuela.
Más allá de la retórica y los recursos mercadológicos empleados en campañas electorales para comparar la realidad política de México con la de Venezuela, conviene no perder de vista ningún detalle de lo que ocurre en ese país “bolivariano”. Esto podría aportarnos pistas sobre lo que podría precipitarse en nuestro país con la embestida de Trump y su 2T.
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No podemos disociar lo que sucede y sucederá allá en los próximos meses del impacto y las repercusiones que podría tener para México. Ignorarlo sería un error grave de política exterior —hoy tan deslucida en nuestro país— tomando en cuenta el enorme reto que enfrenta el gobierno mexicano en su relación bilateral con Estados Unidos.
No se trata de ser alarmistas, sino de prever posibles escenarios que podrían replicarse en México —con sus obvias variantes— a partir del “laboratorio” trumpiano que se está instalando en Venezuela y de la respuesta que intenta oponer Nicolás Maduro. Esto obliga, sin duda alguna, a considerarlo un tema de interés estratégico para nuestro país.
Si bien hay claras diferencias entre el gobierno de Maduro y el que encabeza Claudia Sheinbaum, no debemos perder de vista un hilo conductor común: la categorización de los grupos del narcotráfico como organizaciones terroristas, decretada el 19 de febrero por Donald Trump, que cambió por completo el panorama.
Esa definición incluyó a cinco grupos mexicanos, al venezolano Tren de Aragua —surgido en una prisión de ese país— y a la Mara Salvatrucha (MS-13) salvadoreña, que paradójicamente se originó en Los Ángeles, California. Marco Rubio, secretario de Estado, rubricó la orden ejecutiva y señaló que las actividades de los cárteles “amenazan la seguridad de Estados Unidos, de su pueblo y la estabilidad del hemisferio occidental”. Esto básicamente abrió la puerta para desplegar intervenciones militares en cualquier parte del mundo, incluidos Venezuela y México.
El teatro de operaciones venezolano
La cuestión recaía entonces en saber dónde y cuándo iniciaría Washington su incursión. Todo indica que se decidió hacerlo en Venezuela y contra Maduro.
Durante su 2T, Trump intensificó la presión económica contra éste: revocó licencias petroleras (Chevron) e impuso aranceles del 25 por ciento a países que compraran petróleo venezolano. El 7 de agosto duplicó la recompensa por la captura de Nicolás Maduro, elevándola a 50 millones de dólares por su presunta participación en el narcotráfico internacional. Además, desplegó tres destructores Aegis —el USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson— junto con aproximadamente 4 mil soldados en aguas caribeñas frente a Venezuela, como parte de una operación más amplia contra el narcotráfico.
Maduro, lejos de entonar el himno nacional, reaccionó calificando la medida como un intento ilegal de cambio de régimen y de agresión externa. Reclutó y movilizó —según sus datos— a 4.5 millones de milicianos que conforman la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y prometió armar a campesinos en un plan de respuesta “patriótica”. Aunque ayer liberó a todos los presos políticos y esbozó una posible separación del cargo, el gesto no parecería suficiente para calmar al dragón.
Las cartas están sobre la mesa. Cabe preguntarse: ¿Hasta dónde sería capaz de llegar Estados Unidos, con el recuerdo —más vivo que nunca— del caso del general Manuel Antonio Noriega en Panamá?
Es improbable que Estados Unidos efectúe una invasión a gran escala, pero pensar que movilizó todos esos recursos humanos y logísticos únicamente para “deleitarse” en las pacíficas aguas caribeñas sería pecar de ingenuo. Infortunadamente, descarto esta vez, que el despliegue militar se trate de una más de las baladronadas de Trump y sólo sea un artificio de poder.
Escenarios posibles
Algunos de los escenarios probables —de los múltiples existentes— podrían resumirse así:
Operación de contención limitada
Ataques a redes de narcotráfico, bloqueo marítimo y aéreo, interdicción de cargamentos y quizá incursiones quirúrgicas en puertos y fronteras. Esto mantendría viva la narrativa del “narcoterrorismo” de Trump y causaría ligeros roces diplomáticos con aliados de Maduro (Rusia, China e Irán), debilitando sustancialmente al régimen.
Incursión aérea y naval
Bombardeos selectivos a infraestructura militar (bases aéreas, radares, depósitos de armas) y bastiones de los cárteles de Aragua y de Los Soles. Esto buscaría minar la moral del régimen y de la FANB, aunque implicaría condena internacional, sobre todo si afecta a la población civil, reforzando el discurso de resistencia y “antiimperialismo” de Maduro.
Operación de cambio de régimen
Una ocupación parcial con el objetivo de detener y sacar a Maduro del poder e instalar un gobierno de transición. Fuerzas especiales realizarían un desembarco anfibio en puertos estratégicos (La Guaira, Puerto Cabello) y probable toma de Caracas. Ello desencadenaría guerra urbana prolongada, movilización de milicianos, desplazamientos masivos y crisis humanitaria y de refugiados hacia Colombia, Brasil y el Caribe. Washington enfrentaría acusaciones en la ONU, la OEA y de países latinoamericanos aliados de Venezuela.
Desde luego existen otras variantes y combinaciones más extremas. Pero hay una que modificaría cualquier escenario: si Maduro afecta algún activo estadounidense —sea lo que sea que eso signifique— y “rebasa la raya”, las represalias escalarían sin duda la respuesta militar estadounidense.
Lecciones para México
Esto no significa que en México se consideren los mismos planes armados. Sin embargo, sí permite evaluar con mayor claridad los alcances y dimensiones de la política narco-terrorista norteamericana, en la que ya se incluyen al menos cinco cárteles mexicanos.
Washington cuenta ahora con 55 narcotraficantes dispuestos a colaborar para reducir sus penas, quienes podrían revelar información kilométrica sobre sus actividades y nexos con autoridades mexicanas. Basta recordar lo declarado por “El Mayo” Zambada ante el juez Brian Cogan: soborné a políticos, militares y policías durante cinco décadas. Una sentencia de un criminal de ese calibre se interpretaría como una frase lapidaria sobre el carácter de una nación que avergonzaría a cualquiera.
Estados Unidos no se conformará con el triunfo de El Mayo, quiere y busca algo más contundente y simbólico, que pueda presumir ante sus MAGA de cara a las elecciones intermedias del 3 de noviembre de 2026… tiene el tiempo suficiente para cocinarlo y ejecutarlo.
Posdata
Por lo pronto, la fiscal estadounidense Pam Bondi celebra desde Nueva York —rodeada de funcionarios— como un gran triunfo la declaración de culpabilidad de “El Mayo” Zambada. El desprestigio mundial de México será inclemente, sobre todo cuando se empiece a desgranar la mazorca e involucre en primer término a Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, -y los que le sigan en la cadena de mando- a quien seguramente considera el principal traidor y responsable de su ilegal entrega.