La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) atraviesa una crisis que no es nueva, pero que hoy se profundiza por dentro y por fuera. Con recortes presupuestarios, despidos de empleados y una caída del 92% en el reconocimiento del refugio, el colapso institucional ya no se disimula. Mientras el Estado se repliega, miles de personas quedan varadas sin respuesta y, desde Chiapas, ya se organiza una nueva caravana.
Desde hace años, el Norte Global —particularmente Estados Unidos— ha empujado a México a asumir el papel de contenedor migratorio, ese eufemismo diplomático que esconde una realidad más brutal: detener, gestionar y, en muchos casos, retener a personas que huyen de contextos de violencia, pobreza o persecución.
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COMAR debía convertirse en la pieza clave de esa arquitectura, pero no ha estado a la altura y no por ineficiencia técnica (aunque también), sino porque, simplemente, el guion estaba mal escrito. La mayoría de las personas en tránsito no querían quedarse en México, lo veían como un lugar de paso, no de destino. El diseño de la política migratoria impuesta desde Washington partía de la idea de que México podía transformarse en un “tercer país seguro”, pero el gobierno mexicano, al menos formalmente, nunca aceptó esa categoría y eso, paradójicamente, ha evitado una crisis humanitaria de proporciones mayores.
Si bien es cierto que COMAR colapsó en muchas ciudades —con tiempos de espera de más de un año, oficinas desbordadas y personal insuficiente—, también lo es que nunca tuvo el respaldo real del Estado mexicano.
Las solicitudes de asilo crecieron exponencialmente y los recursos no se movieron al mismo ritmo. Aun así, el fracaso no es sólo administrativo: es geopolítico. México no cumplió con lo que se esperaba de él en el ajedrez migratorio del norte y eso, aunque suene paradójico, ha preservado cierta válvula de escape.
Porque si México hubiera abrazado del todo el papel de contenedor —con campamentos masivos, internamientos forzados, rechazo sistemático—, estaríamos hoy ante una tragedia aún más profunda. La huida constante de los solicitantes hacia el norte, incluso en condiciones extremas, ha sido también una forma de resistencia al encierro y al encasillamiento como refugiados en un país que no les ofrecía garantías mínimas.
La COMAR hoy agoniza, pero no porque haya fallado en sus objetivos nacionales, sino porque nunca debió asumir los objetivos de otros. Pero la crisis de la COMAR no es sólo institucional ni humanitaria, también es laboral y estructural y está incubando desde dentro. Trabajadores del organismo han denunciado despidos injustificados, falta de insumos básicos y retrasos en el pago de sus salarios. Desde principios de año, alrededor de 40 personas fueron despedidas —entre ellos, oficiales de elegibilidad, protección y traductores—, pese a que eran clave para procesar solicitudes de refugio.
Hoy, la COMAR opera con apenas dos traductores en todo el país, lo que ha colapsado aún más la atención a solicitantes. La situación interna se deteriora al punto de que las y los trabajadores se vieron obligados a firmar nombramientos que caducan este mismo julio de 2025, sin garantía de continuidad ni pago puntual; les deben cuatro quincenas bajo el argumento de que sus salarios provienen de recursos internacionales que “tardan en bajar”.
La precariedad llega al extremo de que en oficinas como la de Naucalpan no hay papel, no hay agua, no hay elevador y a veces ni siquiera se permite a los solicitantes —muchos en situación vulnerable— usar los sanitarios, a pesar de que pasan horas formados.
Mientras tanto, el presupuesto nacional del organismo sufrió un recorte del 10 por ciento respecto a 2024: este año opera con 47 millones 866 mil pesos. La situación es tan grave que el personal había planeado un pronunciamiento público, pero fue cancelado tras presuntas amenazas de superiores, según denunciaron de manera anónima. Así de frágil es la institución sobre la cual recae la responsabilidad de garantizar derechos fundamentales a quienes huyen de la violencia o la pobreza.
A este colapso interno se suma el debilitamiento de la arquitectura financiera internacional del refugio en México, cuyo andamiaje dependía en buena parte de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR). La misma ACNUR confirmó una reducción del 60 por ciento en su presupuesto global, en buena medida por los recortes impulsados durante la administración de Donald Trump.
Como efecto directo, México recibió 20 por ciento menos de los fondos previstos para el segundo semestre de 2025. El resultado ha sido una disminución dramática en el número de reconocimientos de la condición de refugiado; de enero a mayo de 2025, la COMAR otorgó apenas 711, frente a los 9 mil 217 reconocimientos registrados en el mismo periodo de 2024. Una caída del 92 por ciento.
Paradójicamente, el organismo que debía sostener la política regional de refugio en México fue golpeado por el mismo país que impulsó su expansión. Washington recortó fondos a ACNUR, debilitando al principal respaldo financiero de la COMAR, justo cuando más presión recibía México para convertirse en tercer país seguro de facto.
El resultado es tan previsible como absurdo: la COMAR colapsa por no cumplir con una función que el propio sistema desmanteló desde arriba y, mientras la maquinaria falla, los migrantes siguen en tránsito, las solicitudes se apilan sin respuesta y la promesa de refugio se vuelve una ficción cada vez más lejana.
En Tapachula, la desesperación crece al ritmo del estancamiento burocrático. Hay personas migrantes que llevan hasta 14 citas programadas para avanzar en su solicitud de refugio y que este año simplemente fueron pospuestas sin explicación. La dilación en los trámites no es una excepción, se ha convertido en norma. Mientras tanto, cientos de personas varadas son obligadas a sobrevivir como pueden, insertándose en circuitos de explotación laboral donde, en el mejor de los casos, encuentran empleo mal pagado en restaurantes o cantinas y, en el peor, en redes de trata. La espera sin fin no sólo erosiona cualquier expectativa de protección, es una forma silenciosa de violencia institucional.
Ante la inacción de las autoridades, migrantes atrapados en esa pausa infinita comienzan a organizarse para salir de Tapachula en caravana. La COMAR, lejos de ser un puente hacia la protección, ha terminado por convertirse, para muchos, en un obstáculo deliberado. En vez de garantizar derechos, prolonga la incertidumbre; en vez de proteger, paraliza. El resultado es que miles terminan como presas fáciles de redes criminales o expuestos a nuevas violencias en los lugares donde se ven forzados a quedarse. Mientras las citas se aplazan y los procesos se eternizan, el discurso de acogida se desvanece en la práctica cotidiana del abandono.
Una nueva caravana está prevista para salir de Tapachula el lunes 5 de agosto, organizada por personas migrantes hartas de esperar. La caravana es su forma de romper el cerco: marchar porque el refugio no llega.