Cuando la presión ciudadana incomoda, el poder recurre a lo que mejor domina: la simulación. Eso fue exactamente lo que hizo la presidenta del Congreso de Puebla, Laura Artemisa García, junto con los diputados oficialistas de la 4T.
Tras ser duramente cuestionados por aprobar al vapor la llamada Ley de Ciberseguridad, que tipificaba el nuevo delito de ciberasedio, decidieron lavarse las manos presentando una supuesta “nueva redacción” del artículo 480 del Código Penal. Pero lo que ofrecieron no es una corrección, sino un maquillaje legislativo que mantiene intacta la amenaza contra los derechos fundamentales. La inconstitucionalidad persiste, aunque ahora venga disfrazada de reforma.
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Un cambio cosmético… igual de peligroso
El Congreso organizó foros simulados, sin deliberación real ni participación efectiva. La nueva versión del artículo pretende suavizar el discurso, pero sigue atentando contra derechos fundamentales. ¿Por qué?
Porque viola el artículo 1º de la Constitución, que prohíbe expresamente cualquier acto de autoridad que restrinja derechos humanos con fines discriminatorios o arbitrarios. Esta ley abre la puerta a castigar opiniones, críticas y expresiones incómodas, especialmente en redes sociales, en perjuicio de quienes disienten del poder.
Viola el artículo 6º que garantiza la libertad de expresión, y el artículo 7º, que protege la libertad de difundir información por cualquier medio. En un entorno democrático, no se puede penalizar la expresión libre con cárcel, sobre todo cuando los términos del tipo penal son ambiguos y subjetivos.
Y además, pretende regular indirectamente el uso de plataformas digitales, redes sociales y medios electrónicos, materia que es exclusiva del Congreso de la Unión, de acuerdo con el artículo 73 de la Constitución. Las telecomunicaciones son competencia federal. ¿Cómo es posible que ningún diputado de la 4T lo haya advertido? ¿Para quién legislan?
No solo es inconstitucional, también es profundamente regresiva
En una aparente corrección, el Congreso excluyó a funcionarios públicos como posibles “víctimas” del delito de hostigamiento digital. Pero incluso este cambio es insuficiente. La ley no prevé qué sucede con las críticas legítimas dirigidas a exfuncionarios corruptos, a sus contratistas favoritos, a empresarios beneficiados por el saqueo, ni a quienes buscan evadir la rendición de cuentas posterior al ejercicio del poder.
La ambigüedad del tipo penal permite usar esta ley como herramienta de represión selectiva, para blindar intereses oscuros y silenciar investigaciones ciudadanas incómodas. Una crítica pública a un contratista coludido, a un expresidente municipal corrupto, o a un exdiputado impune podría, bajo esta norma, ser perseguida penalmente. Eso es lo verdaderamente grave.
El Poder Judicial ya lo ha advertido con las suspensiones otorgadas: la ley es inconstitucional
La versión anterior ya fue suspendida por jueces federales al considerar que representaba una amenaza seria contra derechos constitucionales. Sin embargo, el Congreso local insiste en ignorar esa advertencia jurídica y social. El “nuevo” texto mantiene la misma estructura, los mismos vicios y la misma amenaza.
¿Y los órganos de derechos humanos?
Diversos colectivos ciudadanos —incluidos periodistas, activistas y familiares de personas desaparecidas— han exigido que tanto la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla como la Comisión Nacional de Derechos Humanos interpongan una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. Sin embargo, los órganos que deberían ser la primera línea de defensa de los derechos humanos hoy callan con complicidad. Ya no protegen: sólo observan y obedecen. Le han fallado a la sociedad que juraron representar, y han abandonado su mandato en el momento en que más se les necesita.
Censurar no siempre implica usar la fuerza. A veces basta con escribir mal una ley
El verdadero riesgo está en lo sutil: no te encarcelan por lo que haces, sino por lo que dices. Y bajo esta ley, lo que digas en redes sociales —por más legítimo que sea— puede ser convertido en delito. Esa es la esencia del autoritarismo moderno: criminalizar la palabra, intimidar al disidente, encubrir la corrupción.
Los amparos individuales ya están en marcha. Y si los órganos que deberían defendernos no actúan, será la justicia federal quien ponga orden. Los diputados lo tendrán que entender por la vía más humillante: siendo corregidos desde el Poder Judicial.
Qué penoso será para Puebla ver cómo la ignorancia y sumisión de sus legisladores quedará plasmada en múltiples resoluciones federales, como prueba de lo que ocurre cuando se legisla sin conocimiento, sin criterio y sin conciencia democrática.
Porque la libertad no se concede. Se ejerce. Y se defiende.