Durante décadas, la obra pública financiada mediante colaboración entre fondos públicos y privados ha estado dominada por tres esquemas marcados por la ineficiencia, la inoperatividad y la corrupción. En la década de los noventa los Proyectos de Inversión Diferidos en el Gasto (Pidiregas), a inicios del milenio los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) y desde 2012 las Asociaciones Público-Privadas (APPs).
Aunque diferentes en su estructura jurídica, estos modelos comparten un mismo trasfondo: la promesa de financiar infraestructura sin afectar el presupuesto público inmediato. No obstante, en la práctica, han derivado en opacidad contractual, endeudamiento oculto y captura institucional por parte de intereses privados. Esto ha sido así porque el esquema esconde prácticas del modelo neoliberal que buscan limitar al Estado y privilegiar intereses supranacionales por encima del bienestar social ¡Lo peor del asunto es que este modelo obliga a los estados con contratos leoninos superiores a los treinta años!
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En Puebla, proyectos como el Museo Internacional del Barroco (MIB), el Centro Integral de Servicios (CIS), la autopista Puebla–Atlixco y el Periférico Ecológico son ejemplos de APPs que han sido presentados como grandes obras de desarrollo y modernidad, que han comprometido severamente las finanzas públicas del Gobierno del Estado.
Frente a este modelo fallido, el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador parlamentario de Morena, presentó una iniciativa para abrogar la Ley de APPs y sustituirla por una Ley de Infraestructura para el Bienestar. Esta propuesta contempla cuatro esquemas de inversión —pública directa, comunitaria, mixta y con participación privada limitada— y busca reorientar la inversión en infraestructura con criterios de justicia social, participación ciudadana y transparencia. Asimismo, propone la creación de una Comisión Nacional de Infraestructura para el Bienestar, con la responsabilidad de planificar, evaluar territorialmente y fiscalizar las obras. Se trata de un nuevo enfoque que subordina la inversión a los derechos sociales y no a la lógica del mercado.
En ese mismo sentido el gobernador Alejandro Armenta Mier ha colocado en el debate público internacional la necesidad de transitar a otro modelo de inversión, pues el caso del MIB ejemplifica con claridad las imperfecciones y perversiones de las APPs. A continuación lo resumo brevemente para concluir esta primera colaboración que agradezco a Rodolfo Ruiz y a la familia de e-consulta.
En 2014, el gobierno de Rafael Moreno Valle firmó un contrato bajo el esquema APP con la empresa La Peninsular Compañía Constructora (Grupo Hermes, propiedad de la familia Hank González). El acuerdo establecía pagos anuales de más de 260 millones de pesos por un plazo de 23 años, lo que implicaba una deuda potencial de más de 10 mil millones de pesos hasta 2039. A ello se suman irregularidades en la adquisición del predio: tierras expropiadas a campesinos sin consulta previa ni transparencia, que luego fueron cedidas a particulares para su aprovechamiento. Durante años, el Museo Internacional del Barroco funcionó como emblema de la política de “grandes obras” que concentran recursos públicos en enclaves elitistas, mientras se desatienden las necesidades del resto del territorio.
Hace un mes (junio de 2025) el gobernador Alejandro Armenta anunció un acuerdo para la terminación anticipada del contrato. A través de un pago único de 2 mil millones de pesos, el Estado recuperó el control pleno del inmueble y canceló los pagos futuros, lo que representa un ahorro estimado de entre 8 mil y 10 mil millones de pesos, según fuentes oficiales. En palabras del mandatario, esta decisión puso fin a un "saqueo institucionalizado" que comprometía las finanzas públicas por más de dos décadas.
Hoy, el caso del MIB no solo representa un cierre técnico de un mal contrato. Es un llamado a repensar el rumbo de la infraestructura pública en México. La iniciativa de Alfonso Ramírez Cuéllar y la acción del gobernador Armenta muestran que es posible recuperar el sentido social de la inversión y ponerla al servicio de las mayorías.