El proyecto de Presupuesto Egresos de la Federación mejor conocido como PEF es el primer instrumento desarrollado a cabalidad por el equipo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Si bien es su segundo año de mandato, el primero, tuvo que continuar con las inercias y condicionamientos de un año fiscal compartido con la administración saliente del presidente Andrés Manuel López Obrador.
A diferencia del PEF 2025, el del 2026 continúa con la ortodoxia macroeconómica, una economía contracíclica frente a las condiciones exógenas del mercado, siendo la primordial, la política injerencista de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, y con una profunda vocación igualitaria, por lo que se prevé crecimiento económico con redistribución de la riqueza y aumento en las políticas para que más personas salgan de los umbrales de la pobreza.
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A luces de los criterios dogmáticos de los intelectuales del neoliberalismo, el presupuesto es contradictorio, pues no conciben que haya un equilibrio entre bienestar social, repartición de la riqueza y un ambiente próspero para los negocios.
Lo anterior es fundamental, sobre todo, por las condición exógenas, pues hay una gran incertidumbre global por tensiones geopolíticas, políticas monetarias restrictivas en economías como Estados Unidos y una ralentización del comercio internacional. Es en este terreno —ni estable ni hostil, pero sí incierto— donde Sheinbaum decide apostar por un gasto público expansivo y progresivo, aun bajo las reglas de la prudencia fiscal.
El contraste con el diseño presupuestal de López Obrador es nítido. El lopezobradorismo apostó por un Estado desarrollista concentrado en obras emblemáticas, priorizando el gasto de inversión en infraestructura física (Tren Maya, Dos Bocas, Corredor Interoceánico), incluso a costa de un gasto programable socialmente regresivo en el corto plazo. Sheinbaum, en cambio, reorienta la inversión pública hacia el capital humano y la provisión de bienes públicos universales, particularmente salud, seguridad, vivienda, educación, ciencia y transición energética.
El PEF 2026 debe entenderse, en suma, como la piedra angular de un nuevo pacto fiscal y social. No es un presupuesto populista ni tecnocrático: es una apuesta política por reconciliar la estabilidad macroeconómica con la justicia social. Su mérito no está solo en cuánto gasta el Estado, sino en cómo y para quién gasta. En ese sentido, inaugura un ciclo donde el presupuesto no se concibe como contención de daños, sino como instrumento de transformación estructural.