Hace una década, San Pedro Cholula aún olía a rancho por las mañanas. Hoy huele a pan de masa madre. Eso que podría parecer un detalle inofensivo, en realidad, es el síntoma más visible de una transformación más profunda: la gentrificación avanza en este pueblo que fue primero sagrado, luego mestizo y ahora gourmet.
Quienes caminan por la Pirámide de Cholula, una de las más llamativas del mundo, y por el Zócalo y sus portales, lo notan: una tras otra aparecen cafeterías con nombres en inglés, coworkings de diseño, galerías que venden arte que nadie del barrio puede pagar. La casa que fue de la señora Licha ahora es un hostal boutique. El taller de carpintería de don Polo es una concept store. Los rostros han cambiado. El acento también.
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Pero la gentrificación no es simplemente la llegada de extranjeros ni el intercambio cultural. Es, más bien, un proceso de transformación urbana en el que ciertas zonas populares se encarecen y modifican al ritmo de intereses inmobiliarios. Lo que ocurre en Cholula no es culpa de quienes vienen de fuera —extranjeros o nacionales— sino de una política urbana que permitió el desarrollo de fraccionamientos caros, sin planeación, sin mejorías en el transporte público ni en los servicios básicos.
Las inmobiliarias vieron oportunidad de negocio en la cercanía con universidades privadas y en la etiqueta de “Pueblo mágico”, y construyeron vivienda de alta gama sin considerar la integración con el entorno ni la capacidad de los sistemas urbanos. El resultado: un alza brutal en los precios de la vivienda, dificultades para distribuir agua, más autos, más ruido, menos comunidad.
El tren turístico “Cholula-Puebla”, cerrado por el exgobernador y ya fallecido Miguel Barbosa, fue una promesa fallida. El entonces mandatario argumentó que cada pasajero le costaba al erario cerca de $1500 pesos. A saber…
En lugar de integrar Cholula a una red de transporte funcional con Puebla capital, quedó como un monumento caro al desperdicio presupuestal. La movilidad sigue dependiendo del auto privado. Los mercados populares pierden fuerza frente a los supermercados orgánicos. Y mientras tanto, los habitantes de siempre—los que caminan al tianguis, los que hacen tamales, los que organizan la mayordomía del barrio—son vistos como un estorbo por los recién llegados.
Lo peor es que el despojo no es solo económico: también es simbólico. Cada vez más, las tradiciones cholultecas son vistas con recelo. A los nuevos vecinos les incomodan las fiestas patronales, el cierre de calles para sacar a los santos, el tilín tilín de las campanas, los cohetes en la madrugada. Piden reglamentos más estrictos, buscan silencio, orden, limpieza... en un lugar cuya riqueza justamente está en sus festividades, en su ruido, en su colectividad.
Detrás del discurso del “rescate del Centro Histórico” se esconde una apuesta clara: hacer de Cholula un producto vendible. Un pueblo-vitrina para turistas, estudiantes de intercambio y oficinistas remotos. Pero ese modelo de desarrollo expulsa a quienes han hecho barrio por generaciones. Se vuelve cada vez más difícil heredar una casa, pagar una renta, conseguir trabajo en el mismo lugar donde uno vive.
Lo que se pierde con la gentrificación no es solo el acceso a la vivienda. Es el derecho a pertenecer. Es la posibilidad de habitar el lugar con sentido, con memoria, con arraigo. Es ver cómo el paisaje de la infancia se convierte en una postal para alguien más.
San Pedro Cholula no está perdida; pero está en disputa. Resistir a la gentrificación no es oponerse al cambio, sino defender el derecho a vivir dignamente en el lugar que los lugareños aman. La pregunta, entonces, sigue flotando en el aire: ¿quién tiene derecho a quedarse?
La gentrificación —explicada sin rodeos— es cuando un barrio empieza a cambiar por la llegada de personas con más recursos, generalmente jóvenes de clase media o alta, que ven potencial donde antes había “deterioro”. Entonces suben las rentas, cierran los comercios tradicionales y abren cafeterías, tiendas orgánicas o edificios con vigilancia privada. Todo parece mejorar, pero solo para unos cuántos.
Quienes han vivido ahí toda su vida ya no pueden pagar los nuevos precios y acaban por irse. No se trata solo de turistas o extranjeros: muchas veces es obra de nacionales con dinero y desarrolladoras inmobiliarias que promueven este tipo de renovación urbana sin considerar a quienes ya estaban ahí. Es una forma silenciosa de despojo que avanza con el lenguaje del “progreso”.
En la Ciudad de México, vecinos de colonias como Roma, Condesa, Juárez o la Santa María han salido a protestar con carteles que dicen: “Aquí vivíamos antes de que lo hicieran bonito”. Lo mismo ocurre en San Miguel de Allende, donde los residentes originarios apenas pueden caminar por el centro sin sentirse extraños. Se sienten desplazados, turistas en su propia tierra. Las protestas han servido para ponerle nombre al fenómeno, pero también muestran que el descontento va más allá de una moda urbana: es una herida abierta. Mientras estas arenas se agitan en las grandes ciudades, en Cholula vivimos un proceso más silencioso, pero igual de feroz: el crecimiento exponencial de lo comercial frente a un espacio ceremonial que se va apagando.
Pero este fenómeno no es exclusivo de México, es un fenómeno presente en cientos de ciudades de América Latina.
Hasta Bad Bunny ha denunciado la gentrificación en Puerto Rico, donde los alquileres se han disparado y muchas comunidades ya no pueden pagar para quedarse. Lo dice claro: la isla se está vaciando de su gente para llenarse de influencers y empresas que buscan evadir impuestos. Parece que el país quiere independizarse de Estados Unidos, pero están en un proceso lento.
Este despojo no es inevitable. Con nuevas y más justas reglamentaciones urbanas, aún estamos a tiempo de proteger el derecho a habitar sin ser expulsados.