El Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Toluca, Estado de México cerró de manera definitiva el caso por el presunto lavado de 720 millones de dólares relacionado con la Fundación Mary Street Jenkins, al dictar sentencia absolutoria y cancelar órdenes de aprehensión contra cinco integrantes de la familia Jenkins y dos de sus abogados.
Este fallo fue emitido debido a que los magistrados coincidieron de forma unánime en que la reapertura de la carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), el 12 de junio de 2020, fue ilegal debido a que esa litis ya era cosa juzgada y se había ordenado su archivo desde el año 2018.
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La Fundación Jenkins es propietaria del campus de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), por lo que el conflicto familiar tuvo efectos devastadores sobre la universidad. En 2021, la institución fue cerrada por siete meses. Según Luis Ernesto Derbez, rector de la universidad y excanciller durante el sexenio de Vicente Fox, durante ese periodo se perdieron tres mil estudiantes y el 70 por ciento de los profesores, con afectaciones económicas superiores a los 300 millones de pesos.
El origen del conflicto se remonta a 2014, cuando Guillermo Jenkins de Landa, primogénito de la familia, denunció a sus padres y hermanos ante la Junta de Asistencia Privada de Puebla y el SAT. Los acusó de desviar recursos del patrimonio de la Fundación Mary Street Jenkins, creada en 1954 por su bisabuelo. Jenkins de Landa contó con el apoyo en el año 2020 del que fuera gobernador de Puebla en ese momento Luis Miguel Barbosa Huerta, quien nombró a su amigo Armando Ríos Piter como nuevo rector en pleno conflicto.
Este nombramiento espurio no fue aceptado por los alumnos, padres de familia, los maestros y toda la sociedad poblana. Este rechazo fue la causa por la que el difunto gobernador Barbosa ordenara cerrar la institución como consecuencia de las manifestaciones que ocurrieron por el tiempo antes señalado.
En esta columna dimos puntual seguimiento al atropello que se presentó en esta prestigiada institución poblana con el apoyo del gobernador Barbosa Huerta, lo que generó mucha molestia en varios sectores no solo en México. Trascendió a nivel internacional debido a que la USAID (la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) que es una agencia federal independiente del gobierno norteamericano responsable de planificar y administrar la asistencia económica y humanitaria en el mundo, y tiene a la Fundación Mary Street Jenkins dentro de sus beneficiarios.
Con esta sentencia absolutoria, la familia Jenkins libra definitivamente un caso que durante años marcó la agenda judicial y mediática del país, aunque sus secuelas aún se hacen sentir en el ámbito educativo y filantrópico. Los que tenemos afecto por esta institución y sus autoridades, nos llenamos de beneplácito por esta decisión judicial que es el fin del pretendido despojo ilegal que se pretendía.