La militarización de México es hoy un proceso imparable que se extiende cada día hacia nuevos territorios de la vida pública. Las fuerzas armadas administran aeropuertos, construyen trenes, controlan aduanas, manejan programas sociales, operan refinerías y han encontrado en el sexenio de la 4T la oportunidad histórica para expandirse sin límites, mientras, amplios sectores aplauden cada nueva intrusión militar como una conquista democrática.
A dos semanas de distancia, el operativo militar en el Multiforo Cultural Alicia se revela no sólo como una noticia sin mayor trascendencia sino como un ejemplo claro de cómo las fuerzas armadas ocupan cada día más espacios de la vida pública. En retrospectiva, lo verdaderamente significativo del caso no fueron las disculpas oficiales ni los relevos de mandos, sino la demostración de que en México ningún espacio queda exento de la intervención castrense, y que a pesar de que esto sea público y se denuncie, poco o nada pasa para que esto cambie.
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La ocupación militar que se celebra
Los militares están en todas partes: administran el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, construyen el Tren Maya, controlan las aduanas, manejan la Guardia Nacional, administran programas sociales como Sembrando Vida, operan la refinería de Dos Bocas, distribuyen fertilizantes, entregan becas estudiantiles, son nombrados titulares de la seguridad en cada vez más municipios del país bajo acoso y presión de gobernadores. En pocas palabras, tienen presencia en prácticamente todo el territorio nacional.
Esta expansión no ocurre mediante golpes espectaculares sino a través de decretos presentados como soluciones técnicas. Cada nueva función militar se justifica con la misma narrativa: "Los militares son más eficientes y honestos que los civiles". Cada crítica es silenciada abrumadoramente por una hueste de aplaudidores acríticos y se señala al emisor de ser conservador, de hacer el juego a la derecha o de ser cómplice de la delincuencia.
Los aplaudidores han desarrollado una capacidad asombrosa para justificar cualquier expansión militar. Si los militares toman las aduanas, celebran el "combate a la corrupción"; si construyen aeropuertos, aplauden la "eficiencia"; si administran programas sociales, festejan la "honestidad"; y cuando clausuran un concierto, justifican el "error" por el bien del orden público, minimizan la violencia y la represión tachando de conservadores y enemigos del cambio a quienes se atreven a señalarla.
El caso del Alicia también reveló algo inquietante: más allá de teorías sobre las motivaciones que llevaron al desalojo del concierto de Fermín Muguruza, si cincuenta elementos armados estaban disponibles para clausurar un concierto bajo pretextos administrativos, es porque el aparato militar tiene una capacidad de despliegue que va mucho más allá de sus funciones oficiales. El operativo no fue grave por su violencia (que sí la hubo), no tuvo un saldo de muertos ni heridos, sino por lo que revela sobre la normalización absoluta de la presencia militar en espacios civiles.
La 4T y continuidad histórica en la militarización
Es importante señalar que los partidos de oposición y sus seguidores son partícipes de una retórica cargada de doble moral, debido a que critican la militarización actual, pero cuando han estado en el poder la han impulsado sin ningún tapujo; ahora sólo es el pretexto para acusar al gobierno de la 4T de autoritario, cuando en esencia sus diferencias con la 4T son sólo de forma y no de fondo. Por lo tanto, la militarización de México en los tiempos de la 4T es sólo la continuidad de un proceso que ha encontrado en cada partido político el vehículo perfecto para reproducirse.
El PRI la institucionalizó durante décadas, el PAN la intensificó con la "guerra contra el narco", y el Morena la ha llevado a su expresión más completa y compleja bajo la narrativa de la "transformación democrática".
La diferencia fundamental no está en la intensidad sino en el grado de "legitimación" social. Mientras los gobiernos priistas y panistas enfrentaron una gran resistencia popular, el gobierno actual ha logrado que millones celebren la militarización como democratización. El truco retórico ha sido bien justificado: presentar la ocupación militar como servicio público, la expansión castrense como lucha contra las élites y la represión como la lucha del "gobierno del pueblo" contra la delincuencia.
López Obrador perfeccionó esta "legitimación" mediante una narrativa peligrosa y maniqueísta: llamar al ejército "pueblo en armas". Presentar al ejército actual como heredero de gestas heroicas, en donde el pueblo insurrecto fue el protagonista, es una falsificación histórica que oculta que el ejército constitucionalista, antecedente directo del actual, persiguió precisamente a las fuerzas campesinas revolucionarias de inicios del siglo pasado, los antecedentes históricos del ejército actual no son las fuerzas populares revolucionarias de Villa y Zapata, todo lo contrario, y esa esencia contrainsurgente no ha cambiado.
Todos los partidos mexicanos comparten un carácter estructuralmente militarista porque representan los intereses de una clase dominante que requiere del aparato represivo para mantenerse en el poder. La diferencia está en los niveles de legitimación social que logran: el PRI militarizó en secreto, el PAN militarizó enfrentando una gran resistencia mediática y numerosas denuncias sobre violaciones a los derechos humanos, el Morena militariza con aplausos.
El ejército y su creciente poder económico y político
Las Fuerzas Armadas mexicanas no sólo no son "pueblo en armas" son el instrumento histórico mediante el cual las clases dominantes han mantenido su poder político y económico. Su historial criminal incluye atrocidades en donde participaron directa o indirectamente, como la matanza de Tlatelolco en 1968, la guerra sucia de los setenta y ochenta (que incluyó los vuelos de la muerte en Acapulco), la matanza de Monte de Chila en Puebla (donde fueron asesinados más de 300 indígenas totonacos), las masacres de Aguas Blancas y El Charco, la matanza de Acteal, la brutal represión de Atenco en el 2006, y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014. A estas atrocidades documentadas se suman incontables eventos no documentados en barrios pobres de las grandes ciudades y comunidades rurales e indígenas, donde el Estado mexicano pudo operar con total impunidad.
Los excesos durante la supuesta "guerra contra el narco" tampoco fueron combate real contra el crimen organizado sino reacomodo de este bajo supervisión estatal. Masacres como Tlatlaya, ejecuciones extrajudiciales sistemáticas, desapariciones forzadas masivas, fueron presentadas como "bajas enemigas" o "daños colaterales" cuando en realidad constituían crímenes de lesa humanidad perpetrados por las mismas fuerzas que hoy administran aeropuertos y entregan becas.
García Harfuch, a pesar de no ser un militar de carrera, es un gran aliado del ejército y su nombramiento al frente de la seguridad pública simboliza perfectamente esta continuidad. Presuntamente vinculado con Ayotzinapa, hijo de García Paniagua y nieto de García Barragán, representa la dinastía que administra la violencia estatal independientemente del partido en el poder. Que los aplaudidores celebren este nombramiento revela su verdadera naturaleza: son legitimadores de un aparato que ha perfeccionado el arte de presentar la represión como servicio público.
El ejército mexicano administra hoy recursos que superan el presupuesto de muchos países, controla sectores estratégicos de la economía, participa en funciones civiles cada vez más amplias, y mantiene intacta su capacidad represiva. Lo del Alicia fue apenas una pequeña muestra de esta capacidad de intervención en espacios civiles.
Esta expansión ocurre a la vista de todos porque el Estado mexicano ha instrumentalizado un proceso de legitimación social a través de los resultados electorales de Morena. Los militares ya no necesitan chantajear al gobierno, ni recurrir a la amenaza del golpe para obtener el máximo poder político y económico, ya lo tienen.
La resistencia social y popular a esta militarización es escasa, principalmente porque la 4T cuenta con una aparente legitimidad electoral que desarma las críticas y, además, con un poderoso ejército de aplaudidores que justifica cada nueva incursión militar ya sea simbólica, territorial o política. La resistencia ante la militarización se vuelve marginal y es fácilmente desacreditada como "oposición conservadora".
El caso del Alicia enseña que México vive bajo una ocupación militar normalizada donde los soldados pueden aparecer en cualquier lugar, intervenir en cualquier asunto, clausurar cualquier actividad, y contar con la justificación mediática y de un gran sector de la población.
La militarización ya no se oculta porque ya no necesita ocultarse: se presenta como solución a todos los problemas mientras la masa acrítica allana el camino para que mañana los militares estén en aún más lugares. Guardando las diferencias y con la cautela histórica que el caso mexicano amerita, no olvidemos que el fascismo necesitó de una gran base social que lo hiciera posible.