Imposible no rememorar el movimiento estudiantil que culminó con el asesinato de decenas de estudiantes y un saldo de cientos de heridos.
Con motivo del 50 aniversario del “Halconazo del Jueves de Corpus” la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió un documento en el que resume el origen, los hechos y las consecuencias del ataque del Estado en contra de los estudiantes. El documento inicia citando a Daniel Librado Luna, A 50 años del Halconazo,
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“Los asistentes eran cerca de 10,000 jóvenes de ambos sexos, parecían contentos de salir a manifestarse, cargaban enormes pancartas en las que se leían los nombres de sus escuelas y consignas como “¡Venceremos!”; “¡Abajo la ley orgánica de Nuevo León!”; “¡Libertad a los presos políticos!”; “2 de octubre, no se olvida”; “La revolución es la única salida”; “La ENM se une a la lucha”; “El Che vive”; “Educación Popular”, incluso, ufanos, entonaban juntos: “No que no, sí que sí, ya volvimos a salir”.
En su descripción del contexto nacional señalan:
“Durante la década de los sesenta, el gobierno mexicano consolidó un aparato burocrático con la finalidad de reprimir las protestas sociales. En este contexto, los policías e integrantes del ejército emplearon tácticas especiales con el objetivo de mantener el control del régimen a través de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, tales como asesinatos, encarcelamientos, desapariciones forzadas, amenazas y persecuciones a todo aquel que representara una amenaza política.
“La manifestación del 10 de junio fue la forma que tomó la lucha por la autonomía universitaria: “las autoridades cancelaron la autonomía universitaria en la UANL, y decretaron la disminución del presupuesto que le había sido destinado. Por tal motivo se fundó un comité de estudiantes en la Universidad de Nuevo León, el cual solicitó apoyo a las demás universidades del país para defender su autonomía.
“En su descripción de “El Halconazo” señalan: “Durante el transcurso de la manifestación, apareció el grupo conocido como “Los Halcones”, integrado por militares, policías y jóvenes reclutados en zonas marginadas de la capital mexicana…
“Algunos de los “halcones” atacaron a los estudiantes con metralletas y pistolas, mientras que otros manifestantes, entre los que se encontraban mujeres y niños, fueron golpeados. Durante los hechos, elementos de la policía observaron sin intervenir, a pesar de la atrocidad de los actos que se estaban cometiendo. El saldo fue de 40 personas fallecidas y más de 200 heridos.
“Durante la masacre hubo violaciones masivas a los derechos humanos a la vida, a la integridad personal, a la libertad de reunión, de expresión y a la protesta social pacífica. Desde ese momento, año tras año se han organizado manifestaciones para exigir la restitución de dichos derechos; sin embargo, 52 años después de la brutal agresión no han sido condenados los responsables debido a una supuesta falta de evidencia tangible.”
El colofón de este comunicado indica que se dio a conocer en 2023 y, efectivamente, la CNDH emitió dos recomendaciones, en 2022 y 2023, donde señalan que “las investigaciones deben incorporar un análisis de contexto para profundizar en las causas y orígenes de estas prácticas represivas, constantes en la historia de México contra un grupo de personas en específico.”
El recuento de la CNDH nos da una idea del veredicto indiscutible en contra de quienes en nombre de la tranquilidad social, recordemos el delito de disolución social contenido en el Código Penal y cuya derogación constituyó una de las demandas centrales del movimiento del 68, se dedicaron a reprimir brutalmente a las organizaciones políticas que ponían en riesgo la estabilidad del régimen.
No exageramos, pues, cuando afirmamos que el reciente movimiento estudiantil en la BUAP es heredero de las luchas por la democratización de la vida universitaria y por hacer efectivo el derecho a la educación. Sólo que ahora la lucha por estos derechos, el de la libre expresión, libre asociación, manifestación pacífica de las ideas, se enfrenta con un sistema autoritario enormemente fortalecido que hizo de los grupos de poder sus mejores aliados para acallar y desmovilizar cualquier expresión independiente de posturas ideológicas y políticas.
Con el pretexto de la excelencia académica y del mérito personal se instalaron en todas las universidades públicas y autónomas una serie de prácticas que redujeron drásticamente la matrícula estudiantil, al tiempo que surgían infinidad de universidades privadas, y transformaron las luchas magisteriales por mejores condiciones de trabajo en luchas intestinas por las compensaciones económicas a las que sólo un reducido porcentaje de los docentes puede acceder con un sinnúmero de exigencias, muchas de ellas verdaderamente absurdas.
Mediante una supuesta evaluación, dizque de “pares”, se justificó la perniciosa idea de que los docentes no merecen reconocimiento alguno, son meros facilitadores. De ahí al derrumbe del salario magisterial sólo había un paso. Ahora las funciones sustantivas de la universidad, la docencia, la investigación y la extensión y difusión de la cultura, se han reducido a un mínimo, lo único que necesitas, como cualquier empresa, es tener un buen despacho publicitario que implante en la opinión pública la idea de que la BUAP es una fortaleza sin mácula.
Y es que este sistema ha acabado, entre otras muchas cosas, con la función central de la universidad pública y autónoma de invertir en la formación de docentes e investigadores útiles a la sociedad y capaces de mantener el nivel académico deseado, pues es imposible cumplir con esta función si se emplea a los docentes “a destajo”, sólo por las horas clase que imparten. Esta política no sólo ha dado frutos en términos del “ahorro” de recursos públicos, sino que además ha convertido a los propios docentes en dóciles instrumentos de quien detenta el poder.
No es casual, pues, que entre las demandas estudiantiles esté la mejora de la calidad educativa, demanda que, por otra parte, ha servido para que el sector magisterial, ya de suyo explotado, ahora sirva a autoridades y funcionarios para “ofrecer” respuestas al estudiantado, incrementando las exigencias que por supuesto no cubren los raquíticos emolumentos recibidos.
La estrategia de la administración es burda, pero puede resultar efectiva si no atendemos a las razones y causas de los problemas que aquejan a estudiantes y docentes, y esta estrategia consiste en enfrentarlos. Pero esto sería ir contra natura, pues como lo mostró el reciente movimiento estudiantil, los primeros en negarse a sabotear el movimiento con las clases virtuales fueron los propios maestros y maestras.
Es indudable que las luchas estudiantiles del 68, del 71 y las de 61, 64 y 73 en nuestra universidad constituyen la fuente de la que beben y se nutren los movimientos universitarios dirigidos a reivindicar las luchas sociales y a hacer valer los derechos humanos más fundamentales.