Los hechos ocurridos la mañana del 20 de mayo sobre la Calzada de Tlalpan de la Ciudad de México, en los que dos funcionarios cercanos a la jefa de Gobierno de la capital del país fueron asesinados en forma artera cuando se trasladaban a su centro de trabajo, han comenzado a surtir efecto entre las dependencias encargadas de la seguridad pública y la gobernabilidad a nivel nacional.
Tuvo que pasar algo así para que los gobernadores y el gobierno federal se dieran cuenta que fue un error haber retirado la protección de servidores públicos con funciones sustantivas solo para diferenciarse del pasado.
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A partir antier ya nada será igual y aunque no lo digan, la propia presidenta de la República, la jefa de Gobierno de la CDMX y los gobernadores de los estados habrán instruido revisar sus protocolos de seguridad personal y actualizar los análisis de riesgo de quienes integran sus gabinetes de seguridad y de gobernabilidad, así como de las personas que realizan labores de campo y/o vinculadas con el manejo de presupuesto, en particular de obra pública, migración, transporte, comunicaciones, hidrocarburos y salud.
Atrás quedarán slogans como aquel que repetía el expresidente López Obrador de que “el pueblo me cuida” o que “el que nada debe nada teme”. No sé si cumplieron a cabalidad su objetivo o no, pero como dijera el cantautor cubano Silvio Rodríguez: “Tomando en cuenta los últimos sucesos… qué tipo de adjetivos se deben usar… sin que se haga sentimental”, seguramente pasarán a una mejor vida.
Igual quedarán obsoletos los argumentos de que la seguridad de los servidores públicos era un gasto y no una inversión, incluido uno de los pronunciados por Morena en su reciente Congreso Nacional que se refiere a que los servidores públicos que militan en dicho movimiento no pueden andar en camionetas blindadas, también referidas despectivamente como “machuchonas”.
Seguramente pronto habrá movimientos presupuestales para adquirir unidades blindadas y otro tanto sin blindar para labores de apoyo a la seguridad de los funcionarios; no está mal porque al igual que se hacía en el pasado, cualquier vida vale más que la unidad blindada y personal de seguridad asignado para salvaguardarla. No está mal porque de paso reactivan el trabajo del blindaje automotriz, corporal y arquitectónico que tanta falta le hace al país en todos los sentidos.
Lástima que tuvieran que ofrendarse dos vidas de personas cercanas a la jefa de Gobierno para que se entienda que la protección a los funcionarios es parte del ejercicio de gobierno y es tan necesaria como la alimentación y el ejercicio para mantener al cuerpo en forma.
No estoy seguro de que le vayan a restituir su seguridad personal a los expresidentes de la República, pero por elemental congruencia y urbanidad política deberían darles el mismo trato que le otorgan al que se encuentra “retirado” en Palenque, Chiapas, en un rancho cuyo nombre preferiría no pronunciar; servicio de seguridad que por cierto nos cuesta a los mexicanos poco más de un millón de pesos mensuales y eso solo por concepto de salarios del personal civil que desempeña labores de seguridad, habrá que ver por lo que respecta al personal militar asignado a funciones similares.
Los que no correrán con la misma suerte son los ciudadanos en general, así como los pequeños empresarios y comerciantes, que son los más numerosos y no tienen la capacidad para pagar unidades blindadas y elementos de protección ejecutiva. Ellos más que paz requieren que se les garanticen las condiciones mínimas de seguridad pública y la tranquilidad de que regresarán a sus hogares sanos y salvos al término de su jornada laboral, escolar o actividades sociales.
Por lo pronto el gobierno de Puebla ya abordó el tema de la seguridad de sus servidores públicos que realizan labores sustantivas y lo expresó públicamente. Habrá que ver qué otras entidades federativas lo secundan.