El sexenio de Andrés Manuel López Obrador dejó, entre otras tragedias, el asesinato de 46 periodistas.
La misma inercia de apagar la luz de la libertad de expresión y del derecho a la información continúa en la administración de Claudia Sheinbaum que ha cobrado la vida de cinco comunicadores más. Ocurren estos crímenes en la tragedia de los 200 mil homicidios dolosos, 808 mil muertes por negligencia en manejo del covid y 57 mil personas desaparecidas.
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Son los números que hablan por sí solos el verdadero rostro del régimen de la muerte de un gobierno de izquierda autoritario y antidemocrático.
Pero a varias autoridades parece no importarles la vida y el sufrimiento de las familias víctimas de la violencia.
En este contexto, en el ayuntamiento de Tehuacán gobernado por Morena –Alejandro Barros Chávez– existen áreas como Atención a Víctimas de Delitos donde abunda la insensibilidad, negligencia, arrogancia y prepotencia.
A unos días de cumplirse el 23 de mayo dos años del asesinato del periodista decano de Tehuacán, Marco Aurelio Ramírez Hernández, los burócratas municipales encargados del área de Atención a Víctimas se niegan a cumplir con las medidas de protección a la familia.
Los delincuentes privaron de la vida a un padre, esposo, hermano, tío y un comunicador social, y además del dolor provocado a su familia, ésta tiene que librar su batalla con el Poder Judicial, y con una policía municipal negligente que les retiró la protección.
En este entorno de supresión de libertades y crímenes contra periodistas, el gobierno de la 4T.2 de Sheinbaum impulsa la reforma de control de medios y la censura con la reforma a Ley de Telecomunicaciones.
En Puebla, fiel a su vocación del viejo régimen que lo vio nacer y cultivó, el gobierno de Alejandro Armenta Mier hace lo propio con una iniciativa para clasificar y castigar el presunto delito de “daño moral” en el ejercicio periodístico.
Apoyando presuntos “periodistas” paleros afines a la 4T, a quienes les ha prometido hasta financiarles la “Casa del Periodista”, con el diputado de Morena y presidente del Consejo Estatal, Andrés Iván Villegas Mendoza, pretenden imponer en el Congreso local la “Ley Mordaza”.
Se trata de los mismos seudoperiodistas y políticos de Morena que no levantaron la voz por el asesinato del periodista de Tehuacán, ocurrido el 23 de marzo de 2023.
En esas fechas el presunto “defensor” de los derechos de los periodistas, el diputado de Morena, el expriista Villegas Mendoza, hizo mutis como subsecretario de Gobernación en el periodo del gobernador sustituto Sergio Céspedes; no dieron ni pésame a la familia.
Como lo acostumbran en el oficialismo, manipularon lo ocurrido para desacreditar la labor periodística de Marco Aurelio, para ligarlo con su función temporal en el gobierno municipal donde colaboró en temas de seguridad pública.
A los periodistas paleros de la 4T y al promotor de la “Ley Mordaza”, el expriista presidente del Consejo Estatal del Partido-Estado, les vale un bledo la libertad de expresión y el derecho a la información, mucho menos la seguridad y la vida de los periodistas.
Botones de pánico, pero sin protección de Policía Municipal de Tehuacán
El periodista decano de Tehuacán, con más de tres décadas como comunicador, oficio que aprendió de su padre (El Cuarto Poder), Marco Aurelio Ramírez Hernández, fue asesinado un martes 23 de mayo de 2023.
Ramírez Hernández, de 69 años, fue atacado a tiros cuando viajaba en su automóvil tras haber dejado su domicilio, cuando hombres armados le dispararon en varias ocasiones, provocando su muerte. Desde esa fecha se acabó la paz y la tranquilidad para la familia de la víctima, quien además de temer por su integridad física, han enfrentado a jueces corruptos y policías negligentes.
Diana Luisa, abogada penalista, reportera, hija de Marco Aurelio, a dos años del atentado en la que perdió la vida su padre, ha enfrentado todo tipo de obstáculos, para que se haga justicia.
Debido al ambiente de inseguridad pública ha pensado en emigrar a otro estado, pero lo único que los detiene es ver cumplida la sentencia contra los autores materiales del crimen, y detención del resto de implicados.
Y no es para menos el temor de la familia, los dos sicarios detenidos y sometido a proceso pertenecen a una célula de la delincuencia organizada.
Hasta la fecha la fiscalía general y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal les brinda medidas de protección ordenadas por la autoridad, y como parte del mecanismo cuentan con “botones de pánico” para ser auxiliados, hija y viuda.
Son escoltados para acudir a las audiencias, pero por razones inconfesables, es la Policía Municipal de Tehuacán, el área de Atención a Víctimas que se niegan a proporcionarle la seguridad, de acuerdo a su ámbito de responsabilidad.
Han lidiado hija y madre con el Poder Judicial por la actuación de un juez del TSJE canteado hacia los abogados de los delincuentes, lo que motivó una queja de los agraviados y del Mnisterio Público, hasta lograr su remoción.
Además de obstáculo local con el Poder Judicial, son ahora los jueces de distrito que les dan entrada a los recursos de amparo de los abogados defensores de dos presuntos autores materiales del homicidio, recurso que utilizan para impedir el juicio.
Independiente de que las investigaciones siguen activas, siguen buscando a más personas que están relacionadas con el homicidio, ligadas al crimen organizado.
Por esta y otras razones la familia del periodista asesinado no ha cambiado su residencia porque no tiene certeza de que las pruebas aportadas por la FGE sean insuficientes para el juez, pero confían que el juez dicte un fallo condenatorio.
Para la familia de la víctima del homicidio, el entorno de su seguridad personal es muy delicada porque está involucrada la delincuencia organizada.
El entorno es peor para la familia del comunicador y otras más de la sociedad tehuacanense porque esa ciudad con tres gobiernos municipales de Morena impera la inseguridad pública y los altos índices delictivos.
En Tehuacán sigue siendo una ciudad con graves problemas de inseguridad con ‘levantones’, secuestros, homicidios dolosos, asaltos… que terminó con la paz y tranquilidad de las familias de todos los estratos socioeconómicos, lo mismo empresarios, comerciantes que ciudadanos a pie.
A pesa de ese entorno de violencia, la hija de Marco Aurelio Ramírez, Diana Luisa, ha retomado la actividad periodística que aprendió de su padre desde niña, y reactivará el portal de noticias que utilizaba Ramírez Hernández en su labor periodística.
Diana Luisa considera que esta decisión es una manera de honrar la memoria de su padre como uno de los decanos del periodismo en Tehuacán.
“Tristemente está muy débil todo lo que es el sistema de protección, de garantizar el derecho a la libertad de expresión, más allá de la ideología política con la que comulgue el periodista o el comunicador”, reconoce la hija del periodista asesinado el 23 de marzo de 2023.
Los asesinatos de periodistas en el régimen de la Cuarta Transformación
Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador la violencia contra la prensa no paró, por el contrario, las agresiones aumentaron 62.13% respecto al gobierno de Enrique Peña Nieto al registrarse 3 mil 408.
Es decir, se presentó una agresión contra comunicadores cada 14 horas a lo largo del sexenio de AMLO.
Del 1 de diciembre de 2018 hasta el 31 de marzo de 2024 han asesinado a 46 periodistas y cuatro están reportados como desaparecidos, de acuerdo con el informe “Derechos pendientes: informe sexenal sobre libertad de expresión y derecho a la información en México”, de la organización Artículo 19, han publicado medios nacionales.
Con López Obrador se sumó el estigma y la deslegitimación permanente del quehacer periodístico.
En este sexenio de la continuidad con Claudia Sheinabum, la prensa nacional ha registrado el asesinato de cinco periodistas.
Las víctimas fueron Mauricio Cruz Solís, Patricia Ramírez González, Adriano Bachega, Cayetano de Jesús Guerrero y Alejandro Gallegos León.
En el caso de Puebla, el 23 de mayo de 2023 fue asesinado el periodista Marco Aurelio Ramírez Hernández, en Tehuacán; el 15 de septiembre de 2016, fue asesinado Aurelio Cabrera Campos, de El Gráfico de Huauchinango y el 14 de noviembre de 2012, el reportero freelance, Adrián Silva Moreno, perpetrado en Tehuacán.
La Organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) mencionó en su página web oficial que México es el quinto país más inseguro en el mundo para ejercer el periodismo.
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