Una respuesta de bote pronto a esta interrogante es que sí y esto se debe a que ha faltado continuidad en la política pública vinculada a las instalaciones estratégicas y su evolución a infraestructura crítica.
Para empezar, todavía existe cierta confusión en los conceptos de instalaciones estratégicas, infraestructura estratégica e infraestructura crítica, pese a que éste último es el que más se apega a los tiempos actuales en los que no todo es perceptible al ojo humano; me refiero al mundo virtual en el que todo se mueve a través de medios digitales y de los cuales cada día somos más dependientes.
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No es que el aspecto físico de las instalaciones o infraestructura estratégica hayan perdido relevancia sino que los sistemas de hoy ya no se pueden circunscribir a los “fierros” como estábamos acostumbrados, aunque necesariamente necesiten un espacio o medio al que se tenga que seguir brindando seguridad física.
Desde esta perspectiva los conceptos plasmados en la Constitución Política parecen haber perdido vigencia y habrá que ponerlos al día, ya que el Artículo 28 enlista una serie de actividades consideradas estratégicas y que son responsabilidad del Estado; agrega que el gobierno federal mantendrá la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan, siendo estas correos, telégrafos y radiotelegrafía, petróleo, hidrocarburos y petroquímica básica, minerales radioactivos y generación de energía nuclear, electricidad, incluidas las presas hidroeléctricas generadoras de energía y las actividades que señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión. Cabe agregar que la comunicación vía satélite y los ferrocarriles no son consideradas actividades estratégicas por la Constitución sino solo prioritarias.
En cuanto a las leyes secundarias el término de instalaciones estratégicas aparece en la Fracción XII del Artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, reformada el 29 de abril de 2021, en la que textualmente refiere como amenazas a la Seguridad Nacional a “los actos tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos”. Además. la Fracción I del mismo Artículo considera como amenazas a la Seguridad Nacional los actos tendentes a consumar espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria, genocidio en contra de los Estados Unidos Mexicanos dentro del territorio nacional, aunque no refiere de manera explícita a la infraestructura estratégica del país.
La ley que sí las refiere con la denominación de instalaciones estratégicas es la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública en cuyo artículo 146 señala textualmente “para efectos de esta ley, se consideran instalaciones estratégicas a los espacios, inmuebles, construcciones, muebles, equipo y demás bienes destinados al funcionamiento, mantenimiento y operación de las actividades consideradas como estratégicas por la Constitución…, así como aquellas que tiendan a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano”, en términos de la Ley de Seguridad Nacional.
A nivel de Reglamento la Guardia Nacional es señalada como la “responsable las políticas y estrategia que garanticen la seguridad y el funcionamiento de las instalaciones de la federación y de todas aquellas consideradas estratégicas, ante eventos de origen natural o intencional que significaran un riesgo inminente para las mismas, en coordinación con las demás autoridades competentes”.
Cabe recordar que para el cuidado de dicha infraestructura, en 1995 en el seno del CISEN, fue creado el Grupo de Coordinación Interinstitucional para la Atención de Instalaciones Estratégicas (GCCIE) quedando a su cargo la planeación y coordinación operativa así como la integración del catálogo de las mismas bajo criterios basados en la cobertura geográfica de sus operaciones y la afectación en caso de verse interrumpida su actividad en términos de población afectada, el cual quedó definido en 2009 con un total de 3 mil 116 instalaciones de las cuales 561 fueron clasificadas como “AAA”, 625 “AA” y 1,930 “A”.
En términos de resguardo de este tipo de instalaciones, entre las que se incluye la infraestructura crítica, la seguridad física es aceptable aunque lo ideal sería que hubiera más claridad y coordinación con los estados y municipios ya que la Guardia Nacional al transferirse orgánica, administrativa y operativamente a la Secretaría de la Defensa Nacional, se llevó consigo las atribuciones en materia de instalaciones estratégicas que antes tenía la Policía Federal, después la GN y al separarse dejó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana sin el andamiaje jurídico, pero tal vez lo recupere en parte con la aprobación de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia Policial y la creación de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación.
Con base en lo anterior, nuestro país sí dispone de la normatividad suficiente como para garantizar que no haya un apagón como el que se registró el lunes 28 de abril en España, parte de Portugal y de Francia, quizá solo haga falta afinar detalles en cuanto a quiénes son los responsables de la identificación de las amenazas, ajustar la agenda de riesgos en la materia, así como afinar la coordinación para dar prioridad a aquellos sistemas informáticos sobre los cuales corren los aspectos operativos y administrativos que dan soporte y garantizan el control de los servicios vitales que la sociedad mexicana requiere, en particular a los que pudieran representar una vulnerabilidad a algún tipo de ciberataque, que hasta ahora no ha sido confirmado como responsable del colapso del sistema eléctrico de España y ciertas áreas vecinas, pero seguramente hubo fallas en los sistemas más que en las instalaciones físicas tal y como las conocemos en México.
En síntesis, de que hay riesgo latente de apagón, lo hay, pero es muy probable que estemos mejor preparados que en España porque en México los apagones son más comunes que en el viejo continente y eso hace que la población sea más resiliente; es más me atrevo a pensar que los sistemas redundantes y de respaldo de energía con que las instituciones y las empresas vinculadas con el funcionamiento de la infraestructura crítica del país cuentan, podrían hacer frente a fallas de este tipo de una mejor manera.
No olvidemos que una gran parte del país pudo sortear la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y la liquidación de la mayoría de los trabajadores afiliados al Sindicato Mexicano de Electricistas en octubre de 2009 sin que se generara crisis alguna y eso que muchos pensaban que vendrían apagones en serie y una peor calidad en el servicio por falta de experiencia operativa de los empleados de confianza de la CFE.
Tampoco nos quedamos en penumbras en 1994 cuando Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y después el Ejército Popular Revolucionario (EPR) atentaron en contra del tendido eléctrico para hacer patente su presencia en el escenario político y económico del país, ya que la respuesta por parte del gobierno federal fue pronta y efectiva en términos de seguridad nacional. Igual sucedió en julio de 2007 tras los atentados del EPR en contra de ductos de PEMEX que transportaban hidrocarburo del Bajío al Occidente, y de Veracruz hacia las regiones Centro y Bajío en septiembre del mismo año.