De seguir con el espíritu justiciero anunciado la semana pasada frente a una firma inmobiliaria, el gobernador Alejandro Armenta puede terminar reivindicando la figura de Hernán Cortés, el conquistador, y denostando a los padres fundadores de la ciudad de Puebla, en su 494 aniversario, cuya celebración es justamente hoy miércoles 16 de abril. En ambos casos el hurto patrimonial emerge como actos de injusticia social cometidos contra pueblos en estado de indefensión.
El despojo de tierras es y ha sido la base del desarrollo de la ciudad. No es cosa de Manuel Bartlett o de Piña Olaya, es un hecho histórico, que se puede rastrear a través de las instituciones introducidas durante los primeros años de la Conquista. Es la marcha de la modernidad, sobre la que no hay muros que la detenga.
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Puebla es un invento de la Colonia y negación de los grandes señoríos de la época. Es una operación ideológica de los blancos contra los prietos, para proteger los privilegios de unos sobre los demás. Un patrón que se mantiene vigente. En un estudio reciente sobre discriminación nacional publicado por el gobierno federal, Puebla aparece como la entidad en la que más se discrimina por color de piel, en especial en los centros de trabajo.
Los exgobernadores, cada cual en su hora, actuaron en consecuencia, aprovechando las instituciones ex profeso. Nada fuera del patrón de “progreso” vigente. Por ejemplo, y sólo por citar un caso sobre el presente y encontrar paralelismos: ¿Alguien ha escuchado a miembros del Congreso, esto es diputados, pronunciarse sobre alguno de los temas acuciantes en la entidad: por ejemplo, la inseguridad, que tiene enlutada a la capital, con muertes y desapariciones prácticamente todos los días? La gravedad de los homicidios supera, y con mucho, el despojo de la propiedad raíz. Sin embargo, en una operación ideológica, se hace reinar la normalidad.
Incluso ese cuerpo colegiado las más de las veces se manifestó ajeno y distante respecto de los anhelos de quienes en mala hora los votaron. En ellos se aloja la contrahechura de nuestro orden constitucional, que nos tiene sumidos donde nos tiene, esto es, en el fondo del pozo.
Cortés se adjudicó el pueblo de indios de Huejotzingo mediante la invocación de la figura de la encomienda, aduciendo recompensa por los servicios prestados a la Corona como capitán general durante la Conquista, para lo cual tuvo que enfrentar a presidente y oidores de La Primera Real Audiencia, en manos de Nuño de Guzmán, Matienzo y Delgadillo, viejos adversarios suyos y bandoleros como él. A la caza de fortunas. Los huejotzincas pleitearon en los tribunales.
Las autoridades virreinales determinan concentrar a los españoles que, terminada la guerra, vagaban por los pueblos robando barbechos y acosando mujeres, malos ejemplos para la nueva moral católica en manos de franciscanos y dominicos. Para remediar se decretó cercenar los llanos de Cuetlaxcoapan pertenecientes a la nobleza indígena de Cholula (Códice Xólotl), para fundar la nueva ciudad con el nombre de Puebla (de poblar). La cacica despojada mandó pintar un libro como recurso de apelación para pelear en los tribunales de la Corona contra la Corona.
Estamos en la primera mitad del siglo XVI. Es la imposición del nuevo orden colonial, y la presencia de las primeras instituciones. Se introducen algunas garantías que protegen a los pueblos, siempre que no se ponga en duda la autoridad suprema de la Corona y sus representantes en el nuevo mundo, y se acate la religión católica.
Los apóstatas, que los hay desde siempre, son juzgados y condenados por el Tribunal del Santo Oficio, como ahora los que no se alinean con el credo oficial de Morena, son llevados a la mañanera, donde son sometidos a ritos paganos de denostación pública. El estatus, entre un periodo y otro, se mantiene inamovible. Los primeros, los pueblos, siguen condenados a sobrevivir en el último peldaño de la estructura social. La desigualdad en el acceso a los bienes públicos en el estado nacional, como en la colonia, petrifica las desigualdades históricas.
¿De qué se trata? De una matriz histórica de dominio que se mantiene enhiesta hasta nuestros días, no obstante las sucesivas revoluciones, violentas y pacíficas. Los cambios apenas son perceptibles para el ojo entrenado; la mayor de los veces son de nombre, no de acción. Las instituciones de sojuzgamiento siguen siendo las mismas. Las alcaldías mayores fundadas en el siglo XVI, para mantener el control, ahora se llaman distritos electorales federales; los ayuntamientos son las antiguas repúblicas de indios. En el fondo se trata del mismo centralismo autoritario intransigente.
Los indios, los antiguos súbditos, ahora se encuentran en la categoría de ciudadanos, pero como aquellos, se les mantiene postrados en el último escalón de la escalera de bienestar y sujetos a un marco de ejercicio de derechos condicionado. Votan pero generalmente no son votados.
Es de justicia advertir que los chichimecas, los antecesores de los nahuas de Huejotzingo, también cometieron despojos de tierras en contra de sus antiguos dueños, los olmecas-xicalancas. Recién llegados del norte, vagan por el valle en busca de un rincón para asentarse. No saben comer cocido pero son grandes guerreros flechadores. El valle está ocupado por agricultores pacíficos, atados a sus cultivos. En un gesto de buenos anfitriones, los extranjeros son aceptados. Les entregan tierras y enseñan a cultivarlas.
Sin embargo, el instinto violento no cesa en los recién llegados. Se presenta la ocasión, y emerge la bestia de la traición chichimeca. Los antiguos habitantes son expulsados de su morada. De allí proviene el nombre de Cholula, “en el lugar de la huida”.
El gobernador ha invocado un acto de justicia frente a los propietarios inmobiliarios que, al parecer, se niegan a donar tierras para la construcción de casas de interés social, las cuales serán destinadas a personal policiaco. Se trata de uno de los barrios más fastuosos y caros de la ciudad, lo que por sí mismo mete ruido y es motivo de oposición entre los vecinos asentados en esas áreas, por el clasismo que se menciona arriba.
¿Qué hacer? Crear las instituciones sólidas que reviertan el patrón de inequidades mencionado arriba. Por lo demás, los gobiernos no están para depender de la buena o mal voluntad del sector privado, si están o no dispuestos a hacer donaciones al gobierno. El deber primordial de la autoridad es hacer una orientación eficiente del gasto, en función de diagnósticos y estudios robustos, que ataque de verás los problemas endémicos; y vigilar que los privados reduzcan sus externalidades y paguen los impuestos correctos.
Los agravios del pasado, que están ahí, precisan de comisiones especiales, con representantes de los sectores sociales, para que llevarlos a buen fin y gocen de la legitimidad requerida.
@ocielmora