Hablar de control territorial por parte de los grupos delictivos sin tomar en cuenta el papel que juega la debilidad institucional es partir de una premisa falsa.
Por esa razón no se entiende a plenitud cuando el gobierno de Estados Unidos a través del jefe del Comando Norte (general Glen VanHerk) declaró en marzo de 2021 que entre el 30 y 35% del territorio nacional de México se encuentra bajo control de los grupos del crimen organizado.
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Lo que no dijo es con qué metodología y criterios obtuvo esa cifra, por lo que mientras no los de conocer no dejará de ser una estimación un tanto subjetiva y hasta abusiva.
Pero mientras dicha información no sea del dominio público, una primera explicación al control territorial sería la falta de policías municipales, estatales y federales evaluadas, capacitadas y certificadas en los municipios y estados donde hay más presencia de los grupos delictivos.
La razón es que las policías estatales y con mayor razón las municipales fueron abandonadas a su suerte durante la administración pasada, particularmente en el rubro de capacitación y certificación, rubro en el cual fue retirado el apoyo a los estados conocido como FORTASEG (antes conocido como SUBSEMUN) que no es más que un subsidio para aquellos municipios con más alta incidencia delictiva y que más avances registraran en la materia, específicamente en las áreas de capacitación.
Ahora bien, si hablamos de estado de fuerza (cantidad de policías), las quejas por parte de estados y municipios son muchas, pero los esfuerzos para tener más y mejores policías son pocos.
Al respecto, pese a que el discurso generalizado es que en México faltan policías o personal que realice funciones de primer respondiente en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, la realidad es muy diferente y más bien parece un mito; veamos cómo anda el país en número de policías en cifras absolutas y en tasa por cada 100 mil habitantes y verán estimados lectores que el problema no es por ahí, hay más de los que se necesitan.
Hasta 2023, que es el año en que se tienen las cifras completas en los niveles municipal, estatal y federal, se tiene lo siguiente:
La suma de policías municipales (173 mil 407) y estatales (235 mil 832) ascendía a 409 mil 239 en cifras absolutas, mientras que en tasa era de 314 policías por cada 100 mil habitantes.
Si a esta cantidad le agregamos las policías investigadoras de los estados (16 mil 840), el total se incrementa marginalmente a 426 mil 079 en cifras absolutas, que traducido a tasa nos arroja 327 policías por cada 100 mil habitantes.
Haciendo un paréntesis, a 426 mil 079 policías preventivos e investigadores de las 32 entidades federativas les tocó atender 2 millones 189 mil 489 delitos del fuero común registrados en 2023, que equivalen al 96.5% del total de delitos que se denunciaron en el país, que según el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y Federal del INEGI 2024 fue de 2 millones 269 mil 653.
Si a estos 426 mil 079 efectivos municipales y estatales le sumamos los elementos de la Guardia Nacional (126 mil 203 que en los hechos realizaban labores de policía al estar adscritos formalmente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana) y los que integran la Policía Federal Ministerial que realizan labores de investigación a nivel federal (3 mil 905), nos da un total de 556 mil 187, equivalente a una tasa de 427 policías por cada 100 mil habitantes.
Pero, si a esa cantidad le agregamos los efectivos del Ejército mexicano (Secretaría de la Defensa Nacional) y de la Armada de México (Secretaría de Marina) que realizaban labores de seguridad pública en apoyo a la GN y que para ese año eran 78 mil 194, entonces la cifra se eleva a 634 mil 381, equivalente a una tasa de 487 elementos por cada 100 mil habitantes.
Otro paréntesis, si a los elementos con que contaba la Guardia Nacional en 2023 (126 mil 203) le sumamos los de la Policía Federal Ministerial (3 mil 905) y los efectivos del Ejército y Armada de México que apoyaban a la GN en labores de seguridad pública (78 mil 194), nos da un total de 208 mil 302 elementos federales. A esta cantidad de personal, la mayoría de origen castrense, le correspondió atender en 2023 únicamente 80 mil 164 delitos del fuero federal, equivalente al 3.5% del total de delitos denunciados en el país.
Si bien no es lo mismo atender un delito del fuero común que uno del orden federal, que afecta más al Estado que a las personas, que 208 mil 302 efectivos les toque atender solo un poco más de 80 mil delitos evidencia la asimetría en materia de estado de fuerza y por consiguiente recursos económicos.
Pero volviendo la tasa de policías (civiles y militares haciendo funciones de policías) por cada 100 mil habitantes que existían en el país en 2023, cuya cifra debe ser similar en 2024 y lo que va de 2025 pero falta disponer de los datos consolidados por el INEGI, cabe subrayar que esta es superior por casi 100 respecto a la que la ONU recomienda a los países como cifra ideal para mantener las condiciones de seguridad pública en niveles aceptables que es de 389 por cada 100 mil habitantes.
Como dato al calce cabe destacar que en la Ciudad de México la cantidad de elementos en funciones de seguridad pública local en 2023 fue de 92 mil 663, equivalente a una tasa de 1,028 por cada 100 mil habitantes, casi tres veces que la que sugiere la ONU (389 por 3 serían 1,167). Ahora es más fácil entender porque la incidencia de delitos en la capital del país es una de las más bajas en términos de delitos denunciados, no así en aquellos que no se hacen del conocimiento de la autoridad pero que el INEGI sí reporta, ya que ocupa el segundo lugar en tasa de delitos cometidos por cada 100 mil habitantes, solo detrás del estado de México.
Luego entonces, si hay más policías de los sugeridos por la ONU, ¿que está fallando en el país para que tal cantidad no sea capaz de hacer frente al fenómeno delictivo que prevalece hoy en día y evitar que el crimen organizado tome el control de un porcentaje considerable del territorio nacional?
Una primera hipótesis gira en torno a la arquitectura de las instituciones y lo asimétrico de los delitos que le corresponde atender a los policías municipales y estatales respecto de los federales. A los que son más en términos de estado de fuerza les corresponden menos delitos y viceversa, a los que son menos en términos proporcionales les corresponden más delitos.
A cada elemento municipal o estatal le corresponde atender 5.1 delitos denunciados, de la cifra negra mejor ni hablamos, en todo caso en otra entrega podríamos ver los detalles.
En contraparte, a cada elemento federal le corresponde atender únicamente 0.38 delitos, es decir 13 veces menos que a un municipal-estatal pero cobra más a la quincena.
Una segunda hipótesis tiene que ver con la función policial que enfrenta diversas problemáticas más allá del estado de fuerza, en especial con la falta de un modelo único y protocolizado de reclutamiento, selección, evaluación en materia de control de confianza, formación y desarrollo policial, así como de salarios y prestaciones sociales, rubros en los que ya se había avanzado pero con los cambios de gobierno, sobre todo con la llegada de gobiernos con visiones distintas en materia de seguridad y otras con claros fines de venganza política, los avances se interrumpieron y en la mayoría de los casos hubo que volver a empezar.
En síntesis, actualmente los cuerpos de policía estatal e incluso federal enfrentan retos que los mantienen ocupados y debilitados como institución, mientras que los grupos del crimen organizado capitalizan cada flanco que queda abierto, sobre todo los que tienen que ver con cuestiones económicas y falta de identidad, liderazgo y conducción. En muchos casos el perfil de los mandos no se acopla a lo que los elementos de la escala básica requieren y terminan enfrentándose con quienes en esencia son los que hacen el trabajo cotidiano, traduciéndose en desánimo y en indicadores que no son los que la ciudadanía espera de la policía.
Resultado de lo anterior es que mientras el presupuesto ha aumentado 90% entre 2015 y 2023, la incidencia delictiva lejos de disminuir con la inyección de recursos, aumentó en 32%. Eso habla de una falta de eficiencia en el uso de los recursos y contribuye en que la policía no cumpla con su cometido, apareciendo cada vez más débil ante el crimen organizado. El ejemplo más emblemático es lo que pasó en Teuchitlán, Jalisco.
La única forma de hacer frente al avance del crimen organizado en cuanto a control territorial se refiere es con cuerpos de policía fuertes en su estado de fuerza y capacidades que les permitan aplicar la ley, incluso con el uso de la fuerza, que para eso el Estado tiene el monopolio de la misma. Si las fuerzas armadas los apoyan, mucho mejor, pero si a ello le suman los elementos que integran la seguridad privada en el país como coadyuvantes de las instituciones y que en términos de estado de fuerza están casi a la par de la suma de todas las instituciones juntas, al país le espera un mejor futuro en materia de seguridad.