Al menos esa es una de las primeras conclusiones que la Fiscalía General de la República delineó durante su conferencia del 19 de marzo al dar a conocer los avances sobre el centro de adiestramiento y presunto campo de exterminio descubierto en el Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco.
Para evitar que la crisis de desaparecidos que significó el hallazgo de zapatos, ropa y restos óseos de personas que presumiblemente fueron privadas de la vida e incineradas en dicho lugar, se pudiera convertir en otro caso Iguala como el del 26 de septiembre de 2014 y le estalle a la actual administración, la conferencia fue realizada por separado de la “mañanera” y fuera de Palacio Nacional. Por si había alguna duda al respecto, el propio Fiscal General dijo que el caso de Teuchitlán no se convertirá en otro Ayotzinapa.
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Con base en lo señalado ayer en la sede de la FGR no hay duda de que el caso será atraído por el gobierno federal pero antes colocará en el banquillo de los acusados a las autoridades locales de Jalisco, comenzando por el Ministerio Público a cargo de la investigación del caso, continuando con el ex Fiscal General del estado y cerrando la pinza con el ex gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.
En este sentido, como bien dice la máxima del futbol que “portero sin suerte no es portero”, en esta ocasión el gobierno federal tiene a quién culpar sin sacrificar a algún gobernador emanado de Morena. No obstante, el caso retrata de cuerpo entero lo que sucede a nivel nacional en materia de desaparición de personas por parte de particulares y de no resolverse a fondo, como todo parece indicar, el riesgo seguirá latente y podría alcanzar a cualquier gobierno local en cualquier momento.
De lo que no saldrá bien librado el gobierno federal es de poner en marcha una estrategia que implicará inversión en términos de capital político, económico y humano ya que no podrá dejar de atender a las madres buscadoras y diversos colectivos de búsqueda como lo había hecho hasta ahora, además de fortalecer las instancias de atención a víctimas y sus familiares, así como de búsqueda e identificación.
En términos políticos tendrá que sacrificar a una de las mejores aliadas de Morena a quien había puesto al frente de la Comisión Nacional de Búsqueda sin reunir los mínimos requisitos para estar al frente de una institución cuya esencia es la investigación.
En materia económica la inversión girará en torno a la creación de una Plataforma Nacional de Identificación Humana y una Base Nacional Única de Información Forense, ya que un alto número de las personas desaparecidas en realidad están en calidad no identificadas, por lo que sus cuerpos permanecen en los servicios forenses de los estados o en fosas comunes en espera de ser identificados y entregados a sus familiares, como lo mencioné en este mismo espacio el 1 de septiembre de 2021 bajo el título de “Desaparecidos podrían estar entre no identificados”.
En cuanto al capital humano, la inversión se centrará en el reclutamiento, selección, formación y especialización de cuadros con nivel mínimo de licenciatura para que lleven a cabo labores de manejo de crisis en caso de desaparición, análisis de información e investigación de campo, así como carga y consulta de datos en la Plataforma Nacional y labores de coordinación con los gobiernos de los estados, que quieran o no tendrán que apoyarse en ellos por más que los desprecien por ser de otro color partidista.
Pero volviendo al tema de la competencia en la atención de los delitos cometidos por quienes utilizaron el “Rancho Izaguirre” con fines ilícitos, los señalamientos del Fiscal General en el sentido de que la Guardia Nacional solo fungió como “policía” y atendiendo una “denuncia anónima” recibida en el C5 de Jalisco intervino dicho inmueble en septiembre de 2024 y tras rescatar a dos personas secuestradas, encontrar una persona más sin vida y detener a 10 presuntos responsables los puso a disposición del Ministerio Público del fuero común del estado de Jalisco y se retiró a sabiendas que su superior jerárquico en términos de persecución del delito es el Ministerio Público de la Federación y que a él tenía que reportar los hechos como primer respondiente y poner a sus disposición personas, muebles (vehículos), inmuebles y objetos asegurados, con mayor razón tratándose de un caso de delincuencia organizada en el que debía hacerse cargo de la cadena de custodia y realizar algunos actos de investigación bajo la conducción y mando del Ministerio Público.
Si a esto se le agrega que en ocasiones los servidores públicos del gobierno federal se refieren a los locales como del fuero “común y corriente”, es de esperarse que para situaciones similares posteriores a la crisis de Teuchitlán, los MP estatales opten por no recibir a los detenidos y los agentes aprehensores tendrán que ponerlos a disposición del Ministerio Público de la Federación para evitar caer en una omisión y eventual acusación penal.
Visto el problema desde esta perspectiva, los 2 mil 409 agentes del Ministerio Público de la Federación que se encuentran desplegados a lo largo y ancho del país no serán suficientes para recibir a todos los detenidos, drogas, armas, objetos e inmuebles asegurados por los 137 mil elementos de la Guardia Nacional, 78 mil efectivos del Ejército y Armada de México que realizan labores de seguridad pública y 3 mil 900 elementos de la Policía Federal Ministerial (Censo Nacional de Seguridad Pública Federal y demás informes del gobierno federal), dando un total de 218 mil 900 efectivos, es decir cada MPF tendría 91 auxiliares en materia policial.
No nos extrañe que si la FGR descarga todas sus atribuciones y furia sobre la Fiscalía General del Estado de Jalisco, para que ni ella ni la presidenta de la República carguen con la crisis de los desaparecidos y el eventual campo de exterminio, para otros casos de alto impacto como el de Teuchitlán cada quien se tendrá que rascar con sus uñas y la famosa coordinación solo servirá de adorno para los discursos, ya que está visto que cuando la FGR atrae un caso lo primero que hace es “cepillar” a sus homólogas de los estados; para pronta referencia ahí está el caso Ayotzinapa, en el cual sin embargo le salió el tiro por la culata porque la Fiscalía local hizo mejor su trabajo que la entonces PGR.
En síntesis, en el caso Teuchitlán ambas instancias, federal y estatal, cometieron errores que desencadenaron en una crisis de desaparecidos cuyo saldo negativo alguno de los dos gobiernos cargará y por lo que se ve será el emecista de Jalisco y su ex gobernador Enrique Alfaro. Más que hipótesis de trabajo es otra conclusión.