En el marco del Tercer Informe Constitucional de Gobierno del presidente López Obrador y ‘Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada’, el número de personas desaparecidas y no localizadas en México entre 1964 y agosto de 2021 asciende a 91 mil 327 según la Secretaría de Gobernación, cuando que al cierre de 2018 está cifra era de apenas 69 mil 781 mil, es decir 20 mil 546 menos.
Habría que aclarar que no todos los desaparecidos en México caen en el supuesto de ‘desaparición forzada’, en la que los presuntos responsables son las propias autoridades, ya que de la década de los noventa a la fecha han sido grupos criminales los que han cometido en mayor proporción este delito y las razones han pasado del terreno político-ideológico al delictivo, particularmente vinculado a tráfico de drogas y otros mercados ilícitos.
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En forma paralela, de acuerdo con la organización ’Movimiento por nuestros desaparecidos’, en el país existe un registro de 52 mil cuerpos que no han sido identificados por las autoridades. De ellos, el 60 por ciento han sido inhumados en fosas comunes de panteones públicos, mientras que el 7 por ciento se encuentran en las instalaciones del servicio médico forense en los estados.
En ambos casos, desaparecidos y cuerpos sin Identificar, si las autoridades federales y estatales quisieran resolverlos y no solamente conmemorarlos y condenar los hechos, lo más lógico sería primero buscar a los desaparecidos entre las personas fallecidas que no han sido identificadas, sin embargo, la falta de bases de datos confiables y completos, lo han dificultado.
La cuestión es que para hacerlo se requiere no solo voluntad política y recursos económicos sino un trabajo sistemático y científico ajeno al golpeteo político que ha estado presente durante los últimos treinta años por lo menos pero que se ha agudizado en los últimos tres.
Estas cifras también sugieren que lo que menos falta en el país son policías, ya que al mes de mayo del 2021 sumaban 407 mil 239 elementos, incluidos los que integran la Guardia Nacional, sino más bien se requieren peritos altamente especializados y científicos que realicen un mapeo genético a fondo tanto de los cuerpos que aún no han sido inhumados como de los familiares de las personas desaparecidas que los andan buscando en fosas clandestinas ubicadas en terreno abierto.
En términos numéricos, en México la tasa de policías por cada 100 mil habitantes es de 323, cifra superior a los 289 que recomienda la ONU para garantizar las condiciones mínimas satisfactorias de seguridad de los ciudadanos, así es que el problema es de coordinación y distribución de efectivos más que de cantidad, sobre todo porque la federación, los estados y los municipios tienen atribuciones que no siempre son complementarias, por lo que todos terminan haciendo todo y al mismo tiempo haciendo nada. Es decir, los problemas de seguridad de los que se desprenden los casos de desaparecidos y no identificados más que de policías, armamento, equipo táctico y cuarteles, depende del liderazgo de quienes encabezan las corporaciones, ya que se necesita algo más que obediencia y lealtad ciega como lo exige el titular del ejecutivo federal hoy en día.
Además, habría que incrementar el número de agentes del Ministerio Público que a todas luces es insuficiente, peor aún no se atreven a delegar parte del trabajo que le corresponde al primer respondiente en el Nuevo Sistema de Justicia Penal que es el policía y se la pasan literalmente cosiendo las Carpeta de Investigación.
Cabe precisar que al cierre de 2020 la tasa de agencias del MP por cada 100 mil habitantes es de apenas 3.5 a nivel nacional.
Dicho en otras palabras, a un solo agente del MP le toca en promedio investigar hasta 200 carpetas de investigación al año, sin considerar las rezagadas de años anteriores, algo humanamente imposible de resolver en forma satisfactoria.
En Puebla la situación de desaparecidos no es diferente y el camino es igual de largo por recorrer.
En resumen, para avanzar en cualquiera de los dos temas que nos ocupan lo más importante es dar el primer paso, ojalá las circunstancias obliguen a las autoridades a darlo.