Luego de analizar la propuesta de creación de un Registro de usuarios de telefonía móvil entre el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones para combatir la extorsión y el secuestro, se puede advertir que se trata de un viejo proyecto que ha querido materializarse desde hace 16 años.
Primero en febrero de 2009 por parte del entonces presidente Felipe Calderón con el mismo objetivo y casi el mismo nombre: Registro Nacional de Usuarios de Telefonía (RENAUT), sin embargo, los partidos de oposición y los defensores de derechos humanos lo satanizaron por considerarlo una invasión a la privacidad de las personas.
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Después en abril de 2021 siendo presidente Andrés Manuel López Obrador propuso la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil con la misma finalidad, pero tampoco progresó, ya que un año después la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el Decreto que modificaba la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, además de que podía resultar violatorio de los derechos humanos y a la protección de datos e información de los ciudadanos.
16 años después la hoy presidenta de la República, surgida de la oposición que en 2009 rechazó e incluso satanizó el mismo proyecto, lo vuelve a proponer con el mismo objetivo, combatir la extorsión y el secuestro, sin embargo, a diferencia de las dos propuestas anteriores hoy las posibilidades de que sea aprobado aumentan ya que existen variables que juegan a su favor, siendo estas las siguientes.
- Los Derechos Humanos han pasado a un segundo término y la Comisión Nacional en la materia está debidamente alineada a lo que marque la titular del Ejecutivo Federal, no en balde la reelección de su presidenta a pesar de todas las adversidades que en teoría enfrentaba.
- Morena tiene mayoría calificada en el Congreso y hasta ahora todas las iniciativas enviadas por el ex presidente López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum han sido aprobadas, por lo que esa aduana prácticamente está superada.
- La SCJN se encuentra debilitada tras la aprobación de la reforma al Poder Judicial y cualquier obstáculo que exista al respecto podrá ser solventado sin problema alguno por los impulsores de la misma.
En razón de lo anterior, es muy probable que el proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública entregado el 11 de febrero del año en curso al Congreso de la Unión, el cual contiene dicha propuesta, sea aprobado y en breve entre en vigor.
Dichos cambios se dan justo en el momento en que la extorsión, en particular la modalidad presencial, también conocida como “cobro de piso”, ha alcanzado sus más altos niveles en términos de denuncia y es considerado como uno de los delitos de alto impacto que más ha crecido durante los últimos nueve años.
De hecho, en 2023 el “cobro de piso” representó el 15% de la extorsión, a diferencia de 2018, cuando fue de solo el 8.4. Asimismo el porcentaje de las extorsiones que han sido pagadas pasó de 7.1% en 2018 (último año del ex presidente Peña Nieto) a 13% en 2023 (penúltimo año del ex presidente López Obrador), de acuerdo al INEGI.
Además en términos de cifra negra, la extorsión se ha mantenido en torno al 99.8% en promedio durante los últimos nueve años, es decir únicamente se han denunciado 20 de cada 10 mil casos que se cometen y si a esa cifra se le agrega el porcentaje de los que se resuelven con detenido, que es el 20%, la impunidad rebasa el 99.8%, pero si se toma en cuenta que de los detenidos solo el 20% recibirá sentencia condenatoria, la impunidad es casi del 100%.
En síntesis, ojalá que con la entrada en vigor de la nueva Ley General del SNSP las autoridades responsables de la seguridad pública y procuración de justicia no tengan pretextos y hagan frente a las extorsiones y los secuestros que según el propio SNSP han bajado, pero según el INEGI han repuntado en el último año. Por lo que se refiere al tema de derechos humanos, entre ellos el derecho a la privacidad de los datos personales, quizá sea el precio que habrá que pagar para que la extorsión finalmente sea atendida con eficiencia.