En la más reciente entrega de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2024) del INEGI destaca que la percepción de inseguridad en el país durante los primeros meses de 2024 bajó un punto porcentual, nada que presumir frente al incremento de 4 millones 500 mil “delitos ocurridos” durante 2023 (16.8% más respecto del año anterior), al pasar de 26 millones 800 mil en 2022 a 31 millones 300 mil en 2023, sin embargo la narrativa en materia de seguridad es la misma: vamos muy bien y hasta un convivio se realizó este lunes antes de la reunión del Gabinete de Seguridad en Palacio Nacional.
Al traducir las cifras absolutas de millones de delitos a tasa por cada 100 mil habitantes, resulta que esta pasó de 28 mil 701 a 33 mil 267, es decir 4 mil 566 delitos más en 2023 respecto de 2022, después de haber mantenido una tendencia a la baja desde 2020 como efecto de la pandemia del COVID-19. Lo anterior indica que por cada tres habitantes se registró un delito; dicho en otras palabras: si una familia se compone de tres integrantes, al menos uno de ellos fue víctima de un delito durante 2023.
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Pero si nos vamos al detalle, existen dos entidades federativas donde uno de cada dos habitantes sufrió algún delito, siendo estas la Ciudad de México con una tasa de 52 mil 723 delitos por cada 100 mil habitantes en 2023, después de que en 2022 fue de 46 mil 32, es decir que hubo un incremento del 14.5%. La otra entidad fue el Estado de México con una tasa de 51 mil 881 delitos por cada 100 mil habitantes en 2023, después de que en 2022 fue de únicamente 36 mil 583, lo cual indica que hubo un incremento del 41%, el más alto registrado hasta ahora.
Llama la atención la CDMX ya que durante la campaña de la hoy presidenta electa de México no se cansó de decir que los delitos de alto impacto disminuyeron cuando los delitos totales ocurridos en dicha demarcación se incrementaron en el último año que gobernó (2023) e incluso la percepción de inseguridad se mantuvo por arriba del 80%.
Pero por si esto no fuera suficientemente grave, en el área norte de la CDMX la tasa fue de 79 mil 500 delitos por cada 100 mil habitantes, es decir que en esta zona urbana de la capital del país 4 de cada 5 personas fueron víctimas de un delito, prácticamente todos los habitantes de esas alcaldías colindantes con el Estado de México. Le siguió el área urbana de Toluca y municipios circunvecinos con una tasa de 67 mil 400, es decir que por cada 10 habitantes se registraron 7 delitos.
Otras zonas urbanas donde se registró al menos un delito por cada dos habitantes durante 2023 fueron Querétaro con una tasa de 57 mil 200 delitos por cada 100 mil habitantes y Aguascalientes con una tasa de 51 mil 700, ciudades que presumían ser de las más seguras del país por su baja incidencia de delitos; sin embargo, la realidad las alcanzó y de paso las desmitificó.
La lista de zonas urbanas con más de 50 mil delitos por cada 100 mil habitantes la completan Puebla con 56 mil 900, el Valle de México con 54 mil 400, Ciudad de México Poniente con 54 mil 100, San Luis Potosí con 51 mil 300 y Zacatecas con 50 mil 200 delitos, equivalente a más de la mitad de su población.
Otra variable de la que da cuenta la ENVIPE es la cifra negra (delitos no denunciados), la cual a nivel nacional subió 0.5% entre 2022 y 2023, al pasar de 92.4% a 92.9%, pero lo relevante de este rubro es que seis entidades registraron más del 96%, siendo la más alta Guerrero con 97.5%. Además por primera vez aparece Yucatán en décimo lugar con una cifra negra de 93%, igual que Puebla y San Luis Potosí, algo que no sucedía desde que comenzó a hacerse dicha encuesta, cuando se consideraba un paraíso en materia de seguridad.
Para cerrar este ejercicio de análisis habrá que destacar que la percepción de inseguridad a nivel nacional disminuyó 1%, ubicándose en 73.6% en los primeros meses de 2024 contra 74.6% del mismo periodo de 2023. Nada extraordinario ya que tres de cada cuatro personas se siguen sintiendo inseguras de vivir en su entidad federativa, eso es vivir con miedo, más allá de las pensiones y becas.
Total que este es el panorama con que cierra su administración López Obrador; nada que presumir ya que las cifras son muy parecidas en varios rubros con las del último año de su villano favorito, Felipe Calderón, excepto en las de homicidio doloso que al día de ayer ya superaba preliminarmente las 198 mil víctimas, pese a que éste último las consiguió con menos de un tercio del estado de fuerza de la Guardia Nacional y la misma proporción en términos de presupuesto.
Posdata: Ahora aprovecho este espacio para dar respuesta al columnista Fernando Maldonado de “Parabólica” a fin de recordarle que todo lo que menciona en su más reciente entrega ha sido solventado legalmente y aclarado lo suficientemente para quien quiera entenderlo. Tanto a nivel nacional como estatal fui objeto de difamaciones y señalamientos infundados con base en versiones de quienes no comulgan con mi forma de pensar, así como filias y fobias, pero aquí estoy de pie y si me dedico a escribir esa atendiendo a mi libertad de expresión, además de que e-consulta me abrió un espacio, lo cual agradezco infinitamente porque me permite compartir mis ideas sobre una materia que conozco bien, aunque ello genere animadversión.
No obstante lo anterior, agradezco a Fernando Maldonado por estar atento a lo que escribo y también por destinarme cientos de caracteres en sus columnas, aunque sugeriría que mejor debería dedicarle más tiempo a validar sus fuentes de información que por lo que veo no son las mejores ni más actualizadas en sus entregas. Asimismo lo conmino a reconocer otros datos que en el caso de Chalchihuapan es un expediente cerrado legal y administrativamente, cuya evidencia fue enviada a la CNDH que la dio por cumplida; al igual que con el tema del “huachicol”, ya que al final nadie me señaló en ninguna Averiguación Previa y todo se limitó a versiones y deseos de algunos policías despedidos por no aprobar sus exámenes de control de confianza y unos cuantos periodistas a los cuales no accedí a sus pretensiones.