Los mexicanos debemos entrarle al fondo y no solo la forma de elegir autoridades, sino definir si queremos justicia a secas o impulsamos la justicia restaurativa obligatoria en todo México. Esa debe ser parte fundamental de la discusión.
Estamos de lleno en el país con los Diálogos Nacionales sobre la Reforma Constitucional al Poder Judicial, y serán en diversas sedes como en Toluca, Estado de México; así como en Veracruz, Jalisco, Chiapas, Sinaloa, Puebla y un par más en la Ciudad de México. En particular Puebla tocará el enfoque de los tribunales de justicia local y se realizará el 23 de julio de 2024 a las 11:00 horas; los temas que se abordarán serán: elección popular de integrantes del Poder Judicial; Legitimidad democrática de jueces, magistrados y ministros; Elegibilidad e idoneidad con garantía de profesionalismo e independencia en la postulación; Proceso electoral: elección e impugnación de candidaturas; Mecanismos de ascenso y remoción de funcionarios.
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Los diálogos que se están realizando advierten la participación solo de integrantes de los poderes judiciales, importante y valioso que quienes viven todos los días la impartición de justicia, participen en estos espacios abiertos. Esperemos que estos diálogos tengan una siguiente etapa donde se abra el intercambio con la sociedad civil, organizaciones, defensores de derechos humanos, barras de abogados, universidades etc., donde podamos ser escuchados no solo quienes imparten la justicia sino quienes somos parte de estos proceso y procedimientos, ya sea como representantes, representados o apoyos técnicos llámese peritos, asesores, etc.
Incluso hoy se genera la necesidad que se abran los diálogos al pueblo en general, pues seremos el pueblo quienes elegiremos a nuestras autoridades judiciales, valioso sería que también pudiéramos incidir en cómo queremos elegirlos, bajo que esquema y lo más importante: qué tipo de justicia queremos que se instaure el nuestro país, en nuestro estado incluso como el caso de la Puebla capital como en nuestro municipio, hablando de justicia laboral.
Hoy por hoy en tiempos de la 4T y bajo el sustento del humanismo mexicano, es contradictorio pensar que es facultad exclusiva de los diputados hablar en nombre del pueblo, pues hoy por hoy somos los ciudadanos quienes tenemos el derecho humano en participar de manera directa, en todo aquello que nos interesa del ámbito público.
Nos parece fundamental que esta reforma se haga desde la visión del nuevo humanismo mexicano impulsado por esta Cuarta Transformación que se está viviendo en el país desde el año 2018, pero también desde la perspectiva del principio pro-persona, donde invariablemente deben ser primero las víctimas y luchar porque los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición, se inserten a esta nueva justicia que se busca implementar en México.
No solo hablamos de lo que mediáticamente se tiene como agenda, como lo son los privilegios y lujos de unos pocos a costillas del dinero del pueblo, o la agenda que ha querido fijar el Poder Judicial federal y sus aliados con respecto a la elección de los jueces, magistrados y ministros; esta oportunidad la tenemos que aprovechar los ciudadanos y hablar de qué justicia queremos implementar para nuestro país y hay dos rutas a mi parecer: seguir en la ruta que hoy tenemos, justicia a secas o impulsamos la justicia restaurativa obligatoria en todo México, esa debe ser parte fundamental de la discusión.
Hablar de qué jueces queremos, pero también que es lo que queremos que los jueces hagan por el pueblo. No podemos seguir permitiendo que en México solo exista justicia a secas, y de como resultado que las víctimas no tengan acceso a la justicia o que incluso el mismo Poder Judicial revictimiza a la víctima.
El Manual sobre Programas de Justicia restaurativa emitido desde la oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito en Viena en el año 2006 preparado por Yvon Dandurand, decano de Investigación de Facultad de Fraser Valley, Canadá; Asociado Senior del Centro para la Reforma de Leyes Penales y Políticas de Justicia Penal y por Curt T. Griffiths, profesor de la Escuela de Criminología de la Universidad Simon Fraser en Canadá; sumado al artículo publicado por la revista Unir de fecha primero de julio del año 2022 denominado La justicia restaurativa: la alternativa que apuesta por la mediación; y la publicación oficial que tiene el Gobierno de México respecto a la justicia restaurativa, fundamentan que el sustento legal existe, lo que no se sabe es si existe voluntad política y técnica para su reconocimiento.
Entendamos que “… La justicia restaurativa es un paradigma de justicia en el ámbito penal que pone el foco en la víctima y en su reparación del daño a través de la mediación y el diálogo…”, siendo la alternativa a la justicia tradicional que se aplica en México, no sólo en materia penal, sino en el resto de las materias jurídicas, toda vez que hoy tenemos la obligación como representantes del nuevo humanismo mexicano, a tener que centrarnos en las necesidades de las víctimas y de los responsables del delito y del entorno donde se cometieron los hechos ajenos a la legalidad o la justicia y no solo en el castigo o el cumplimiento abstracto de lo dicho por una ley que pudiera ser hasta violatoria de derechos humanos, debiendo aplicar el principio pro persona y el control difuso de convencionalidad.
Que es el principio pro-persona se refiere a que en caso de que un juez o autoridad tenga que elegir qué norma aplicar a un determinado caso, deberá elegir la que más favorezca a la persona, sin importar si se trata de la Constitución, un tratado internacional o una ley, que es el control difuso de convencionalidad, el cual consiste en el deber de todas las autoridades nacionales de realizar un examen de compatibilidad entre los actos y normas nacionales, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sus protocolos adicionales, y la jurisprudencia de la Corte.
En México derivado de tantas décadas de corrupción e impunidad e injusticia la justicia restaurativa requiere no solo la reparación o que sea compasiva, sino que se apliquen los principios de la justicia transicional, pues México ha vivido diversos periodos de conflicto, represión y/o niveles de violencia a gran escala y de alto impacto, que llevaron a la comisión de violaciones a derechos humanos de forma tan grave, como lo fue la guerra contra el narco, los fraudes electorales, la imposición del neoliberalismo, los cuales hicieron de nuestra sociedad en general una sociedad que sistemáticamente sufre corrupción, impunidad e injusticia, siendo necesaria que la justicia restaurativa venga acompañada de la verdad real, reparación integral y lo más importante la no repetición de los hechos que rompieron con la armonía colectiva, siendo el Poder Judicial la instancia idónea para aplicar y ordenar a los otros poderes la generación de políticas públicas que motiven vivir en armonía en nuestra comunidad.