Los lamentables hechos de violencia registrados el lunes 11 de junio por la noche en la junta auxiliar de San Jerónimo Coyula, perteneciente al municipio de Atlixco, en los que habitantes de dicha comunidad lincharon a cinco personas, cuatro de las cuales fueron brutalmente asesinadas, nos recuerda que el fantasma de los linchamientos en el estado de Puebla está más vivo que nunca.
Tan vigente ha estado que durante los últimos diez años ha recorrido al menos cuatro municipios donde la población ha mostrado su faceta más violenta sin que los gobiernos municipales, estatal y mucho menos federal hayan podido hacer algo para evitarlo, posicionando a la entidad poblana en el vergonzoso primer lugar en materia de linchamientos, muy al estilo de la obra teatral Fuenteovejuna de Lope de Vega, pero en su versión actual.
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El primero de ellos se registró el 19 de octubre de 2015 en la cabecera municipal de Ajalpan, cuando dos jóvenes realizaban una serie de encuestas por razones de mercadeo, pero sus preguntas provocaron que los vecinos los confundieran con secuestradores. Dichos señalamientos sin sustento bastaron para que los retuvieran, los trasladaran a la presidencia municipal y al observar que la autoridad pretendía entregarlos al Ministerio Público, procedieron a lincharlos hasta privarlos de la vida sin mayores consecuencias.
El segundo de ellos tuvo lugar el 29 de agosto de 2018 en el municipio de Acatlán de Osorio, sin embargo, todo comenzó en la comunidad de Boquerón, donde dos personas dedicadas a la albañilería acudieron a comprar materiales para construcción y fueron confundidos con “robachicos” luego de estacionar su camioneta cerca de una escuela para tomarse unas cervezas. Posteriormente vecinos del lugar los detuvieron y trasladaron a la presidencia auxiliar y más tarde a la cabecera municipal de Acatlán, pero ante la falta de respuesta de las autoridades municipales y estatales, los sacaron por la fuerza de la cárcel municipal para golpearlos y aun estando vivos rociarles combustible y prenderles fuego hasta que fallecieran.
El tercero tuvo como escenario la comunidad de Papatlazolco, municipio de Huauchinango, hasta donde fue trasladado un joven abogado que asesoraba a una diputada del PAN, quien había acudido a las Colonias de Hidalgo a descansar en una casa que le habían heredado sus abuelos, pero ante versiones difundidas por chats de WhatsApp en las que vecinos del lugar mencionaban que personas foráneas estaban robando niños para extraerles sus órganos, habitantes de dicha población lo señalaron, lo detuvieron, amarraron, golpearon y aun estando vivo lo quemaron por lo que perdió la vida.
El más reciente es el que hoy nos ocupa por haber sucedido apenas el lunes 11 de junio del año en curso en Atlixco y nos llena de impotencia y de vergüenza como poblanos, con mayor razón si hubo oportunidad de evitarlo y la autoridad, en vez de reaccionar a tiempo, buscó la forma de justificar el no haber podido llegar, estando tan cerca de la cabecera municipal y de la capital del estado.
En fin, es necesario recordar estos lamentables acontecimientos para no perder la sensibilidad y la capacidad de asombro, pero sobre todo para generar conciencia entre los ciudadanos de que ante cualquier falta administrativa o delito cometido quien debe responder es la autoridad municipal y enseguida la estatal y federal, garantizando en todo momento la aplicación de la ley y la protección de los gobernados, incluidos los presuntos responsables y las víctimas, para eso está el Estado a través de sus instituciones tiene el monopolio de la fuerza, incluso de la violencia, y debe hacerlo valer.
Como referencia de que las cosas no han estado bien en Puebla, el estudio hemerográfico publicado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM el 22 de mayo de 2019 nos recuerda que la entidad poblana ocupó el primer lugar en tasa por cada 100 mil habitantes en los dos periodos analizados.
De 1988 a 2014 con una tasa promedio anual de 0.13 casos por cada 100 mil habitantes, equivalentes a 182 eventos en total; 6.7 casos por año y 0.56 por mes.
De 2015 a 2018 con una tasa promedio anual de 0.19 casos, equivalentes a 48 eventos en total; 12 casos por año y 1 por mes.
El dato más reciente utilizando la misma metodología nos indica que en agosto de 2019 la entidad poblana ya registraba una tasa acumulada de 0.17 casos, equivalentes a 11 casos eventos y 1.4 por mes.
Desconozco si existe alguna estadística similar correspondiente a los últimos cinco años, pero por si no la hubiera, es momento de elaborarla y revisar los protocolos de atención a este tipo de incidentes, porque por lo visto los integrados y difundidos en 2019 ya fueron rebasados.
Ante la llegada de un nuevo gobierno lo ideal es incorporar este tema a la lista de prioridades con miras a salir del nada honroso primer lugar en linchamientos; capacidades las hay ya que durante mi gestión al frente de la SSP no se registró uno solo, lo que falta es voluntad política y ya dejarse de ataques mediáticos sin sustento, mismos que no deberían caber en esta nueva normalidad democrática.
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