El principal valor en política es la seguridad. Si cualquiera puede arrebatarnos la vida, todos los demás valores merman o desaparecen. Por eso desde cierta tradición política lo primero es tener un Estado que nos proteja de los demás. Es el tema de Hobbes en Leviatán.
En días pasados, en Culiacán, 66 personas fueron extraídas de sus casas. La mayoría reaparecieron, pero se negaron a denunciar. El gobernador del estado hizo una declaración que se volvió célebre: “son cosas que ocurren”. ¿Es ya lo normal en ciertas zonas del país?
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Días después aparecieron en Culiacán mantas firmadas por Iván Archivaldo Guzmán Salazar, en las que asumía ser el autor de los secuestros y advertía que en esa ciudad “no se toleran el robo, la extorsión ni el cobro de piso”. El operativo tuvo como objetivo castigar esos delitos.
Un grupo de delincuentes impartiendo justicia. Un Estado fallido, o de plano ausente, que trata de ser suplido por grupos al margen de la ley.
Algo creciente en el país. En Guerrero los obispos católicos se reunieron con los líderes de cárteles para pedirles que moderen sus conflictos por territorios, pues afectan brutalmente a la población. ¿Y el Leviatán encargado de dar seguridad a los ciudadanos?
Hay otros casos donde los ciudadanos ignoran a las autoridades estatales, y buscan protección en los grupos criminales. Algo frecuente en la historia, antes de la formación de los Estados nacionales. Tiene su lógica: es mejor temerle a uno, que a muchos.
El proceso civilizatorio consistió en someter a quienes tenían el poder. En convertirlos de mandantes en mandatarios: no tienen ya poder propio, la sociedad se los otorga para cumplir ciertas funciones y los somete a rendición de cuentas.
El problema cuando grupos como los ‘Chapitos’ se encargan de aplicar la ley, es que no puede existir la rendición de cuentas. Ellos, constituidos en Leviatán Culiche, aplican sus normas como les da la gana.
Un problema adicional: suelen surgir otros grupos con las mismas pretensiones de imponer su dominio, y entonces vienen los enfrentamientos entre delincuentes que hemos visto en varios estados.
Se podrá decir que peor es nada, que el que los narcos establezcan cierto orden en las zonas que controlan beneficia a la población. Pero es un retroceso enorme respecto al Estado de Derecho.
¿Qué zonas del país se encuentran bajo este régimen premoderno y delincuencial? ¿Cuántos mexicanos? ¿Qué consecuencias tienen estas prácticas para nuestra vida económica y social, para el bienestar subjetivo de los que ahí habitan?
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