“Corriente y comida” gritaban ciudadanos en Santiago de Cuba el domingo 17 de marzo debido al hartazgo por los cortes de energía y la escasez, cada vez mayor, de alimentos y bienes básicos. En Cuba es poco común que la gente se manifieste, pero las protestas han ido en aumento a pesar del endurecimiento de las medidas represivas del gobierno ante el deterioro de las condiciones de vida en la isla.
Desde 2021, Cuba vive una profunda crisis energética y económica que no se había visto en años y que de continuar agravándose se transformará en un desastre humanitario. En ese contexto, el régimen castrista ha sido incapaz de realizar cambios políticos para mejorar el desempeño del gobierno socialista que, paradójicamente, debería garantizar a la población el acceso igualitario a bienes y servicios básicos, así como su protección y seguridad. En cambio, las autoridades de la isla se limitan a culpar de la situación “al embargo económico de Estados Unidos y al incremento del precio de los alimentos en el mercado internacional” (Colomé, 2023).
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A pesar del agravamiento de la crisis humanitaria y del aumento de la represión, tampoco la comunidad internacional ha hecho esfuerzos suficientes para presionar/ayudar al gobierno cubano a revertir esta situación y, más bien, gran parte de los actores permanecen indiferentes respecto a lo que pasa en la nación caribeña. La realidad es que tanto en medios de comunicación, como en foros internacionales se habla muy poco de la precariedad en la que están viviendo los cubanos: por ejemplo, en materia de electricidad ciudades como Santiago de Cuba han reportado apagones de más de diez horas, incluidas las noches y madrugadas. En el caso de La Habana, las interrupciones son menores, de entre dos y cuatro horas diarias (Somoza, 2024).
Esta situación, sin duda, le traerá muchos más problemas al gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel, quien relevó del cargo a Raúl Castro en el 2018, y el cual lejos de mejorar las condiciones de vida de la población, la está llevando a tocar fondo. Para respaldar lo dicho, algunos datos: el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OACDH), en su VI Informe sobre el Estado de los Derechos Sociales en Cuba, encontró que 88% de los cubanos vive con menos de 1,9 dólares diarios y 48% ha dejado de comer por falta de dinero para comprar alimentos (Colomé, 2023).
Así la isla caribeña que hasta hace algunos años se había caracterizado por atraer turismo, hoy enfrenta una crisis en la que las familias cubanas cada vez tienen menos alimentos como carne de cerdo, leche, café, huevo y, al mismo tiempo, menos electricidad que a su vez provoca que los alimentos se descompongan más rápido. También carecen de combustible, incluso para los carros fúnebres y sobreviven con salarios bajos que son incompatibles con los precios elevados de los productos. Lo anterior explica por qué en los últimos dos años han abandonado el país más de 300,000 cubanos, el éxodo más grande en la historia del castrismo (Colomé, 2023). A esta larga lista hay que agregar lo difícil que es acceder a medicamentos y productos básicos de limpieza.
Ante este panorama no resulta extraño que la ciudadanía cubana se manifieste aun cuando el riesgo de expresar públicamente su inconformidad contra el régimen sea muy alto. El fenómeno de protestas masivas no es algo común en Cuba y menos aún con lo ocurrido el 11 de julio de 2021, cuando miles de cubanos en decenas de ciudades salieron a las calles a protestar: la gente exigía, igual que hoy, un cambio en las condiciones de vida, a la par que rechazaba las medidas restrictivas para controlar los contagios de Covid-19. Siguiendo la historia de represión política estatal que ha restringido la libertad de expresión y de reunión pacífica, en esa ocasión el gobierno reprimió a los manifestantes empleando viejas tácticas de control, sobre todo las detenciones arbitrarias (Amnistía, 2022).
En relación con este tema quiero señalar algunos datos que rescato del Informe sobre la situación de la libertad de expresión y la libertad artística en Cuba (2024) realizado por una coalición de organizaciones como Article 19; PEN International; Justicia 11J; Movimiento San Isidro, entre otras y cuyo fin es contribuir para el Cuarto Ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) sobre Cuba. En 2018, este país tomó nota de noventa recomendaciones que incluían pedidos sobre el derecho a la libertad de pensamiento, expresión, reunión pacífica y libertad de creencia de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos y, además, declaró que “expresa su aceptación de la gran mayoría de las recomendaciones…”.
Sin embargo, como señala el informe, al día de hoy el Estado cubano no ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) firmados desde 2008. Por el contrario, los resultados del monitoreo del país, muestran que el ejercicio de la libertad de expresión se ha deteriorado cada vez más.
En específico, las organizaciones, detectan tres tendencias del régimen para limitar este derecho fundamental: (i) la agudización de agresiones y la profundización de la violencia estatal contra periodistas, activistas y artistas; (ii) el uso indebido del derecho penal con el aumento de marcos restrictivos injustificados, contrarios a la libertad de expresión; y (iii) la criminalización de la libertad de expresión, el derecho a la protesta y la participación ciudadana.
Todas estas acciones normalizan y legalizan los ataques a periodistas, artistas, activistas o a cualquier persona que se exprese en contra del régimen y, por ende, dificultan y entorpecen la movilización ciudadana, un elemento clave para presionar al gobierno a generar cambios reales y tangibles. De acuerdo con el documento, esta violencia que criminaliza la libertad de expresión es ejercida exclusivamente por parte del aparato estatal, en particular el Departamento de Seguridad del Estado (DSE).
En lo que refiere a la legislación, baste decir que poco después del EPU de 2018 al Estado cubano, el colectivo que realizó el informe documentó la construcción y aplicación de un marco normativo que restringe en gran medida la libertad de expresión. Destaca por ejemplo, el Decreto-Ley 3702 “Sobre la Informatización de la Sociedad en Cuba”, así como del Decreto-Ley 3498 que obliga a los artistas a obtener una autorización para cualquier presentación pública o privada. Por último, en 2022 Cuba adoptó un nuevo Código Penal cuyos lineamientos también violan la libertad de expresión y el acceso a la información.
Un dato muy interesante que se menciona en dicho informe es que en los últimos años se ha desarrollado en Cuba “un tipo de activismo que busca generar movilización política desde el lenguaje del arte” (2024). Así han nacido grupos de artistas disidentes que a través de sus expresiones artísticas generan críticas al gobierno y al sistema político, entre estos destacan el Movimiento San Isidro y el Movimiento 27N. Esto me parece un fenómeno muy particular y que considero que vale la pena investigar, pero como dije son cuestiones que aún permanecen ajenas a la comunidad internacional.
Otra de las acciones que resaltan en la publicación es la criminalización de la protesta social, sobre todo después de lo sucedido el 11 de julio de 2021, cuando según los registros de las organizaciones 11J y Cubalex al menos 1540 personas fueron detenidas, de las cuales 675 permanecen en detención, 730 han sido juzgadas y 687 han sido sancionadas. Por otro lado, Article 19 documentó que durante el segundo semestre de 2021 y el primero de 2022, siete periodistas y activistas fueron exiliados bajo presiones directas de la seguridad del Estado (y ese número no incluye las cifras anteriores a las protestas y las que no fueron publicadas).
En síntesis, como lo señala el informe, es así como “el Estado busca cooptar la movilización de las y los ciudadanos para la reivindicación de sus derechos [... ] se vigila y hostiga a la prensa independiente y el exilio se ha convertido en la única salida para muchos periodistas, artistas, activistas y personas defensoras de derechos humanos frente a la amenaza de prisión prolongada” (2024).
El texto de hoy es un intento de visibilizar la deplorable calidad de vida de la mayoría de los cubanos, o por lo menos los que se encuentran fuera de las esferas de poder. Es además un llamado de atención para voltear a ver otros contextos latinoamericanos que son ignorados y relegados por la comunidad internacional, pero también para reconocer el trabajo de las organizaciones que documentan lo que está ocurriendo y buscan difundirlo como mecanismo para incorporarlo en la agenda internacional. Por último, le dedico este texto a las personas cubanas que conozco y que tienen a sus familiares viviendo esa compleja situación y las que llevan tiempo pidiéndome que escriba sobre este tema para darle voz a los residentes de un Estado que busca silenciarlos ante la incapacidad de satisfacer sus necesidades básicas.
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