Ante el incremento de delitos cometidos a través de internet, desde la sustracción ilegal de información hasta la compra-venta de medicamentos sin restricción alguna, pasando por extorsión, pornografía infantil y fraude entre otros, es imperativo discutir y aprobar una ley que permita hacer frente a este flagelo; si fuera de carácter general mejor (Ley General de Ciberseguridad) dado que el alcance de su observancia sería para todo el país.
Sin embargo, con el proceso electoral más grande de la historia de México encima, las prioridades del Congreso cambian y salvo una imposición de última hora o algún albazo legislativo de algún grupo parlamentario, difícilmente ninguna de las iniciativas al respecto prosperará.
Más artículos del autor
Mientras ello sucede seguiremos leyendo y escuchando que la Secretaría de la Defensa Nacional, las secretarías de seguridad pública estatales y las fiscalías locales ya abrieron un Centro de Monitoreo del ciberespacio con fines de prevención y quién sabe cuántos alcances más, sin que exista un marco regulatorio más allá de la Ley de Seguridad Nacional, que brinde certeza a sus labores que lo único que causan es más confusión porque a la hora de revisar el número de detenidos y sentenciados por delitos relacionados con el espacio digital los registros son casi nulos.
Hasta ahora las únicas corporaciones de seguridad pública que tienen atribuciones de prevención del delito incluida la recolección de información y patrullaje en el ciberespacio con fines de investigación son la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, que las heredaron de la Ley de la Policía Federal de junio de 2009, que ya contemplaba que un considerable número de delitos se cometerían a través de internet.
En materia de tecnología, solo la SEDENA, la Guardia Nacional e incluso la SEMAR cuentan con equipo e instalaciones relativamente suficientes como para atender esta temática por lo que solo faltaría regular los límites legales para no caer en los terrenos del espionaje o que se ponga en riesgo la privacidad de los datos de todos los que utilizamos internet para realizar cada vez más actividades todos los días, en particular por medio de las redes sociales.
Por lo que respecta a la GN y en general la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de manera particular, una herramienta de gran utilidad es y seguirá siendo “Plataforma México”, que pese a todo lo que se ha dicho en términos despectivos, sigue vigente y es un gran soporte para el trabajo de almacenamiento, análisis y correlación de información, incluida la que se genera todos los días resultado del trabajo del Centro de Respuesta a Incidentes Cibernéticos conocido como CERT por sus siglas en inglés.
Pero volviendo al tema de la Ley de Ciberseguridad, entre las propuestas más completas destacan la de la senadora por Morena, Lucía Trasviña Woldenrath, la de la diputada por el mismo partido Juanita Guerra Mena y la del diputado por el Partido Verde Ecologista Javier López Casarín; sin embargo, cada una aborda el problema desde perspectivas diferentes y tienen distintas propuestas de creación de instancias que se harán cargo de su materialización.
Tanto la de la diputada Guerra Mena como la de la senadora Trasviña Woldenrath hablan de la necesidad de contar con una Policía cibernética, mientras que la última de ellas propone la creación de una Comisión Nacional de Ciberseguridad y un Programa Nacional de Ciberseguridad, pasando por un Mapa se Riesgos Cibernéticos y un Registro Nacional de Infraestructuras Críticas (antes Instalaciones Estratégicas).
Lo que sí es evidente es que hacen falta más foros de discusión y más espacios de participación de las partes involucradas en su elaboración, como son las empresas desarrolladoras de software, prestadores de servicios de seguridad privada tanto de manera física como en el ciberespacio, así como las universidades, la academia en general y la sociedad civil organizada.