Para el presidente de la República 180 mil homicidios dolosos es una cifra de la cual él no es responsable ni tampoco culpable, sino las administraciones anteriores por haberle heredado un país violento. Si sabía que no podía resolver este problema para qué lo prometió como candidato y después lo plasmó como jefe de Estado y de gobierno.
No obstante, y sabiendo que va a ser parte de su legado y de la autodenominada 4T, ha tratado de minimizar su impacto en el ánimo de la población, construyendo una narrativa en la que acomoda las cifras de tal manera que parezca que la violencia homicida va disminuyendo como lo prometió o que por lo menos no creció como en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
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No debemos olvidar que una de sus promesas de campaña y posteriormente como meta plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 fue disminuir en 50 por ciento el número de víctimas de homicidio doloso. Sobre el particular primero dijo que en seis meses, después que en un año y más tarde que en tres años, sin embargo en el apartado de dicho Plan, identificado como “Epílogo”, afirmó que para 2024 al final de su administración, “la delincuencia organizada estará reducida y en retirada”.
Han transcurrido más de cinco años y el descenso real anualizado es de apenas 12 por ciento y no del 20.8 como tramposamente se informó el pasado 20 de febrero en Palacio Nacional, ya que el análisis está elaborado para que beneficie a la candidata a la Presidencia de la República y los candidatos a gobernadores de Morena en el próximo proceso electoral o por lo menos que no los afecte tanto.
Y digo tramposamente porque comparan el mes más alto de Peña Nieto, que fue julio de 2018 con 3,074 homicidios dolosos, con el mes más reciente de López Obrador que fue enero de 2024 con 2,433 homicidios, dando como resultado un descenso del 20.8 por ciento.
Sí a esas nos vamos, tendrían que comparar el último mes de Peña Nieto, que fue noviembre de 2018 con 2,728 víctimas de homicidio doloso y compararlo con enero de 2024 con 2,433 homicidios y que corresponde a López Obrador, dando como resultado un descenso de apenas 12 por ciento; sin embargo, como no les beneficia omiten hacerlo, aunque sería lo más correcto.
O bien deberían comparar el mes más alto de Felipe Calderón (mayo de 2011 con 2,109 homicidios dolosos) contra el más bajo de López Obrador (enero de 2024 con 2,258 casos) y ahí las cosas tampoco beneficiarían al segundo, ya que habría un incremento del 7 por ciento.
Un ejemplo más sería comparar el mes más bajo en homicidios dolosos de Peña Nieto (enero de 2015 con 1,354) con el más bajo de López Obrador (enero de 2022 con 2,258); quien sale perdiendo es el actual titular del Ejecutivo Federal, ya que el incremento fue del 66.7 por ciento, muy cercano al que tanto presume que fue el año más bajo con el más alto de Felipe Calderón, con un 90 por ciento de aumento. Eso es jugar con las cifras hasta encontrar las que sean favorables al gobernante en turno; sin embargo, la realidad no cambia, estamos frente al sexenio con más homicidios dolosos de la historia reciente.
Para evitar este tipo de trampas lo mejor es comparar cifras anualizadas y separarlas de acuerdo a la fuente de información, ya que no es lo mismo lo que reporta el SNSP que el INEGI, cada serie de datos tiene sus criterios y mezclarlas para presentar las que mejor convengan a uno es también mentir con la verdad.
Total que por más que rasuren las cifras de este delito como sucedió en la CDMX donde más del doble de muertes violentas e intencionales fueron consideradas por el INEGI como “defunciones por eventos de intención no determinada" (1,549) y no como homicidio doloso (747), lo cual no solo le resta muertos a la capital del país, sino que le resta credibilidad y valor ético a quien lo dice y repetirá durante la campaña presidencial.
Pero volviendo al 50 por ciento de reducción, esta misma cifra la prometió el titular del Ejecutivo Federal y la plasmó en Plan Nacional de Desarrollo para los delitos de secuestro, robo de vehículo, robo a casa habitación, robo a transeúnte y en transporte público.
De ellos el único que se acercó a la cifra prometida fue el secuestro con 48.2 por ciento en términos de víctimas entre 2018 y 2023, solo que para alcanzarla tuvo que eliminar el área que atendía dicho delito en la extinta Policía Federal para no recibir más denuncias, lo cual equivale a que para que no haya abogados hay que cerrar las escuelas preparatorias o que para evitar que hubiera muertos por Covid-19 lo mejor era que los enfermos se quedaran en casa para que al fallecer el acta de defunción dijera que fue por problemas de diabetes o hipertensión.
Al cierre de 2023 el robo de vehículo disminuyó 46.6 por ciento respecto de 2018, el de casa habitación el 28.2 por ciento, el de robo en transporte público colectivo el 38.7 por ciento y el robo a transeúnte el 30.7, es decir un buen esfuerzo de los estados más que de la federación, pero ha sido insuficiente.
Pero la principal promesa: bajar el 50 por ciento de los homicidios dolosos al final de su mandato, ya será para la otra, porque a esta administración le quedan escasamente siete meses y si la nueva o nuevo presidente de la República quiere tomar el control del país apenas pasadas las elecciones del 2 de junio, como ya pasó en 2018 con el actual titular del ejecutivo, entonces prácticamente solo restan tres meses.
Quizá a esto se refirió antier el Presidente de la República al abrir su conferencia “mañanera” cuando dijo: “Ánimo, porque lo mejor es lo peor que se va a poner”. Ojalá no lo hayamos perdido, porque tiene que entregar cuentas ahora y rendirlas después.