Mi mamá siempre me decía, “hijo: querer es poder”, cuando se me presentaba alguna dificultad; esa frase siempre ha rondado en mi cabeza ante cualquier reto. Es el pensamiento que llega a mi mente cuando me plantean cualquier asunto que es difícil de resolver. Creo que es la frase que todo hombre de Estado debería de tener en la cabeza al enfrentarse a algún problema. Urge que quienes tienen poder de decisión puedan contemplar esa afirmación cuando se trata de medio ambiente.
Siempre ha existido alguna excusa para no atender los problemas ambientales: falta de atribuciones, no hay presupuesto o no es rentable electoralmente; quizá esta última opción nunca la dicen, pero es la razón principal por la cual no se le da prioridad a la ecología en los gobiernos de cualquier nivel. Cualquier proyecto en beneficio del medio ambiente no se ve sino hasta después de muchos años. Se han intentado hacer experimentos, con la promesa de dar resultados inmediatos y han resultado verdaderos fracasos. Si no, pregúntele a los tantos y tantos proyectos exprés que tenían la promesa de limpiar el río Atoyac. Lo verdaderamente importante es dejar de contaminarlo y nosotros como autoridad hacer lo que nos toca: actos de autoridad.
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Una de las asignaturas pendientes en cuanto a política ambiental en nuestro estado, así como para todos los municipios que colindan con la ribera del río Atoyac, es precisamente su rescate. Durante años diversas asociaciones como “Dale la Cara al Atoyac”, han propuesto diversas acciones a gobiernos municipales, estatales, así como al federal para precisamente rescatar el Atoyac. En cada proceso electoral, las diversas expresiones políticas los invitan a exponer los vastos estudios que tienen y las propuestas de solución. Hasta ahora lo han hecho solamente para parecer preocupados por lo que pasa en el río y con eso rellenar alguna propuesta de campaña. ¿Por qué no lo hacen? Quizá porque todas las propuestas implican perjudicar a empresas que no quieren cumplir con los protocolos para hacer descargas en el río o tal vez porque los efectos de cualquier acción tendiente a limpiar el afluente tienen un alto costo político y es poco redituable electoralmente como ya comentamos.
Desde el 2017, las asociaciones civiles involucradas, usando los mecanismos establecidos por nuestro sistema jurídico, haciendo ciudadanía, han interpuesto demandas de amparo, así como quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que han derivado en recomendaciones a diversas autoridades federales, estatales y municipales. Desgraciadamente el cumplimiento de las sentencias judiciales, así como de las recomendaciones emitidas por la organización no ha llegado a su objetivo real que es el obligar a los gobiernos de todos los niveles a rescatar nuestro río. Las razones pueden ser varias: falta de voluntad de la mayoría de los involucrados y solamente cumplir por “encimita” lo establecido en las resoluciones antes mencionadas con la finalidad de no incurrir en desacato, pues pocas son las autoridades que verdaderamente están comprometidas en resolver la gran problemática de nuestro río. Será tarea del Poder Judicial de la Federación, así como de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, “apretar” a los involucrados para que en verdad se dé cumplimiento a la recomendación, así como a la sentencia de amparo respectivamente.
Los que estamos en esto deberíamos de reflexionar que el cuidado del medio ambiente puede ser poco redituable electoralmente, pero es una obligación moral con las generaciones futuras, es lo que puede diferenciar a un simple gobernante de un verdadero estadista.
En cuestión de medio ambiente, así como en muchos retos de la vida, como dice mi mamá: “querer es poder”.