El loft de Canoa
La historia inicia en un picadero en donde se dio una matanza el pasado 23 de octubre, sobre la calle del Jardín, entre Emiliano Zapata y Constitución, cerca de la parroquia de San Miguel Canoa.
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Un grupo armado disparó en contra de quienes ahí se encontraban. Si bien es cierto que se pensó en tres pandillas de alto impacto involucradas, también se habló de una intervención ordenada por el jefe de la plaza del CJNG, matando a por lo menos siete personas.
Atónito, escuché a don Eduardo Rivera, diciendo que “es fundamental señalar que este acontecimiento se llevó a cabo en un picadero y es indispensable también la participación de la ciudadanía en denunciar este tipo de lugares”.
El mensaje es una chinampina a la inteligencia: ese “picadero” forma parte de un “tipo de lugares” impíos, al que acude la gente naquísima a drogarse, cuando bien podría hacerlo a su gusto en un loft de Santa Cruz Buenavista, por ejemplo. Aparte de adictos, son nacos. Bajo tal exégesis, los dichos del señor Rivera podrían tener alguna influencia epistemológica del eterno Luis de Alba, en su extraordinario personaje del Pirruris.
Pero había más: no pocos funcionarios señalaron que la culpa era de los vecinos, por no denunciar a esos lugares alejados de la mano del Ser Necesario, en el que usted crea. Sin embargo, la reconcomía aparece: alrededor del 96 por ciento de los delitos cometidos no se denuncian y las autoridades esclarecen el 1 por ciento de los delitos denunciados.
Luego entonces, ¿para qué denunciar, si no hay justicia para quien la exige? Y, ¿denunciar que a 100, 200 metros de la vivienda que usted habita con su familia, hay un picadero? ¿Para que maten a alguno de los suyos por abrir la boca? Como que algo no funciona si se considera que de la denuncia a la fosa clandestina, hay un paso resbaloso.
Las cosas tampoco funcionaron bien en la tienda de enfrente. Los adversarios de Rivera se le echaron encima a Consuelo Cruz, señalando graníticamente su culpa. Sin embargo, la responsabilidad es de tales magnitudes que alcanza sobradamente para todos los alcaldes y gobernadores que ha tenido Puebla por décadas.
No se arponeé en octubre
Revisando los archivos, aparecen 18 ejecutados en picaderos del estado de Puebla, tan solo entre 2021 y 2023.
Además de los siete del pasado 23 de octubre, en este mismo año, el 20 de julio, fueron ejecutados tres hombres y una mujer en un picadero del Departamento 3 del Edificio 6 en el Andador 1 Sur del Infonavit San Sebastián de Aparicio. ¿Por qué nadie se rasgó las vestiduras? Pues, porque no había elecciones en puerta. Ya sabe usted que a los políticos se les mezcla lo puritano con lo maniqueo en ese tipo de periodos.
El 15 de septiembre fue balaceada una tiendita y un picadero de la familia de Christian Romero, en la 36 Norte entre 22 y 24 Oriente de la colonia Azteca. Los agresores dejaron una bolsa con una cabeza humana afuera de la vivienda. Habrá que pensar en un ejecutado, no necesariamente ocurrido en el picadero pero que forma parte del atentado.
El 27 de octubre de 2022, en Atlixco fueron ejecutados cuatro adictos en Metepec. Nadie hizo nada. El 10 de octubre de 2021, fueron ejecutadas dos personas, quienes posteriormente fueron rociadas con químicos en la calle Oaxaca 9901, casi esquina con la avenida Jalisco, en la colonia Popular Emiliano Zapata de Puebla capital.
Supongo que ya se percató usted que, de esas 18 muertes, trece fueron en octubre. Parece que es mal momento consumir algún narcótico en un picadero en el décimo mes. A menos que lo haga usted en su tapanco de Polanco, para no ofender a las autoridades.
Tanto en publicaciones mexicanas como de Estados Unidos, he señalado el enorme problema que se está gestando con el incremento de adictos en México y como es el caso de Puebla, del que me ocupé el año pasado.
En mayo de 2022, la revista Newsweek en Español publicó un artículo mío sobre los adictos en Puebla. En ese entonces, basado en datos duros del Centro de Integración Juvenil y el INEGI, calculé que el consumo de drogas ilegales en secundarias en el estado de Puebla, “en el último mes” era del 5 por ciento, al tiempo que en bachilleratos, del 6 por ciento.
Estimé que uno de cada diez estudiantes universitarios en Puebla consume algún tipo de narcótico. En ese tenor, calculé que el número de consumidores de narcóticos en Puebla capital era al menos, de 61 mil 471 usuarios, sin contar a los jóvenes y adultos que no son estudiantes, pero que también son adictos.
Si agrega usted un consumidor adulto a cada consumidor escolar, Puebla capital tiene no menos de 120 mil adictos activos. Estoy hablando de consumir cocaína, piedra, meta y lo que le sigue. No estoy considerando a cientos de miles de poblanos que todos los días se toman su Ketorolaco o su cuartito de Diazepam para vivir en este mundo que abruma a cualquiera con su cuota diaria de dolor emocional, no tanto físico.
El problema entonces, no es de unos adictos que no tienen mejor cosa que hacer que meterse a “uno de esos lugares”, como señalan las aromatizadas autoridades.
La jauría y el patio
Lo que ocurrió en San Miguel Canoa es parte de la competencia entre pandillas de alto impacto, que como diría un camarada de la DEA, “son una jauría, peleándose por el mismo patio”, pero con algunas lecturas complementarias que pongo a su consideración.
1. Hay organizaciones de alto impacto como “Los González” o “El Modesto” haciéndose garras por los espacios para las tienditas. Empero, revisando mis archivos y distintas imágenes georreferenciadas, identifiqué diez puntos de venta de narcóticos en esa zona de San Miguel Canoa. Cualquier vecino de la zona podrá confirmar lo que digo.
Por supuesto, no olvide a “La Barredora” del CJNG, de la que se ha festinado su detención como si ya no hubiera sicarios con quienes reemplazar a los caídos. El “contundente golpe a la delincuencia”, mutará en otro grupo delictivo con las mismas habilidades.
Si los delincuentes no volaban en pedazos el picadero de ese inmueble, sería en otro o en otro más. Y si no hubiera sido en Canoa, sería en Aparicio o en Xonacatepec o en Tehuacán, Huauchinango o Tepexi. Estoy hablando de cientos de picaderos en todo Puebla. Una cosa es que no existan y otra que sí existen pero no son reventados a disparos todos los días.
Todos los policías que yo conozco en México, saben adónde están las tienditas y los picaderos del lugar al que patrullan. Todos. ¿Por qué gimen las autoridades ahorita, si todo el Estado de Fuerza poblano sabe dónde están esos lugares? ¿No es lo primero que se le pregunta a un detenido por narcomenudeo? ¿Adónde está Inteligencia en esas circunstancias?
En cualquier área de Inteligencia se tiene un mapa que parece árbol navideño, con colores que señalan a todas las tienditas de los narcomenudistas más importantes. Miente quien lo oculte y quien diga que no lleva un seguimiento similar, debe renunciar.
2. Hay dos enormes problemas en esas juntas auxiliares: primero, las corporaciones policiacas nomás no entran a hacer patrullajes ahí, por el MICO.
El segundo problema es que en esas Juntas viven varios de los delincuentes más relevantes de Puebla capital o tienen familia ahí, y esa condición garantiza que el dinero corra para que antes de que una corporación ponga un pie en la zona, ellos lo sepan.
3. En su formato común, el picadero es una instalación improvisada, sumida en condiciones de hacinamiento, suciedad y peligro, en las que el usuario puede pasar a consumir su dosis del día, de una parte del día, de la hora, dependiendo del grado de adicción que padezca.
El picadero es tan natural a la tiendita como el sol al cielo. En ese sentido, los delincuentes saben que si revientan un picadero, obligarán a los usuarios a que busquen otros lugares que ofrezcan menores riesgos. Esos sitios, evidentemente, son de los competidores.
Aquí, el asunto se vuelve absurdo: no hay picadero seguro porque cualquier competidor puede decidir reventarlo y así mantener en una espiral permanente a los usuarios, algo que tarde o temprano terminará en que éstos opten por consumir sus dosis en la calle.
Los picaderos ofrecen dos caras de la misma moneda: el negocio criminal y el consumo por parte de los adictos, quienes son personas que tienen derechos. Son adictos, no amibas. La descalificación de Eduardo Rivera al desdeñar públicamente el lugar, solo habla de una insondable ignorancia.
Por su parte, el que Sergio Céspedes y Javier Aquino le peguen a Eduardo Rivera por su incompetencia para identificar y desmantelar un picadero, hiede tufo electorero, dado que hay cientos de picaderos en todo el estado de Puebla, en municipios gobernados por Morena o por el partido que sea. Aquí, nadie es inocente.
La propuesta sobre los picaderos
Mi propuesta no es muy electorera que digamos: en Estados Unidos he visto por docenas, instalaciones controladas para inyectarse un narcótico. Pagados por organizaciones no gubernamentales, iglesias de todos los credos imaginables y hasta de gobiernos locales, en esos lugares, usted entra con su dosis de heroína, piedra o lo que traiga y es recibido en un espacio digno, atendido por voluntarios.
Cuando llega su turno, lo pasan a un gabinete, donde puede preparar o cocinar su dosis y se la aplica ahí mismo. Se le permite estar cierto tiempo dependiendo del narcótico. Desecha ahí mismo la jeringuilla que usó y la deja en un recipiente RPBI. Es libre de irse. Nadie lo persigue ni lo arresta ni le pregunta nada, salvo un pequeño registro que hizo a la entrada.
Personalmente, he visto cómo docenas de exadictos regalan mensualmente, cientos de jeringuillas tipo insulina. La idea es combatir la hepatitis y el VIH, además de darle una molécula de dignidad a los adictos, quienes deben liárselas con su adicción y se las ven negras con los narcomenudistas y los policías que los extorsionan.
Los voluntarios van encalleciendo el ojo y saben a quién de esos visitantes les pueden hablar de la metadona, del desintoxicarse, de que todavía es posible hacer algo con su vida.
Esos lugares no son la solución: son un espacio que se les arrebata a los criminales, justamente para evitar tragedias como las de Puebla. Los hay por docenas en Europa y Estados Unidos. Les dicen “Supervised Consumption Facilities”.
En el caso de Puebla, ¿qué sentido tiene detener narcomenudistas si ahí siguen los adictos? El narco se va, pero el problema de salud pública ahí queda.
Céspedes, Rivera y demás comparsas solo están hablando del enfoque policiaco del problema, no están viendo lo que compete a la salud pública del mismo ni a la dignidad de los adictos, que son madres, hijos, parejas, estudiantes, empleados, servidores públicos y que hoy, están metidos en un vicio que les corroe cada milímetro de la piel.
Tal vez, esos estadistas deben entender que los adictos son personas y merecen ser tratadas como enfermos, como consumidores de una sustancia. Esto va más allá de que dos pandillas se maten entre sí: es el reflejo del fracaso de Puebla como Estado, con mayúscula.
Abrir instalaciones controladas para que un adicto pueda inyectarse y se le abra una pequeña ventana a la rehabilitación, es lo apropiado. No son la solución, pero ayudan.
La lógica de estas instalaciones es la misma de los dormitorios municipales para personas que no tienen un techo: se les ayuda con la crisis del día. No se les regaña ni se les exhibe por ser pobres. Se les atiende, sin importar si regresan una o cien veces. Nadie va a dormir a una institución caritativa por gusto, sino por necesidad.
Pues, algo así debería hacerse con las personas que son esclavas de las drogas duras en Puebla. Los picaderos son parte de la cadena de proveeduría de los cárteles; quitarles ese eslabón es un tema de seguridad y salud pública. Si los aludidos no lo entienden, que los redima el Pirruris.