El título pareciera un pleonasmo, pero es un hecho real que existe la desaparición administrativa. Este tipo de desaparición no es cometida por una persona o por un agente estatal, se caracteriza porque a las personas se les arrebata su identidad, perdida entre los expedientes y archivos por negligencia de los servidores públicos. En este caso el censo so pretexto de no tener información, están invisibilizando la existencia de miles de personas desaparecidas en México, pues mediante una estrategia nacional difusa, el Gobierno Federal mexicano de un plumazo desapareció a 98,587 personas que se encontraban identificadas en esta condición y que él mismo, en un momento determinado, agregó al Registro Nacional creado y administrado por el mismo Ejecutivo Federal, sumando un total de 110,964 personas desaparecidas.
Para explicar el cambio de cifras, ahora creó una subdivisión en cinco partes o categorías, las cuales no deberían existir pues uno entendería que para que fueran parte del registro, el Gobierno Federal hizo su trabajo de corroborar la información y de actualizar los datos que integraron. Para la Federación hoy en México existen 12,377 (11%) confirmaciones de desaparición; 16,681 (15 %) personas localizadas; 17,843 (16%) personas ubicadas; 26,090 (24%) registros sin datos suficientes para identificar y 36,022 (32%) registros sin indicios para la búsqueda, solo que los de la Secretaría de Gobernación nos quedan a deber un 2% pues al sumarlos faltan según los porcentajes mostrados en la mañanera.
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Estos son los números oficiales ahora, lo evidente es la enorme incapacidad del poder público desde 1964 hasta la fecha para tener datos sólidos y reales, o la otra versión es que año tras año desde aquel 64 existe una manipulación de datos para ocultar la realidad. Llama la atención que no se visibiliza el nombre de las personas y en qué situación se encuentran; así mismo dentro del ejercicio que realiza la Secretaría de Gobernación en ningún momento mencionan la intervención de los familiares, víctimas, organizaciones de la sociedad civil, despersonalizado y deshumanizando un hecho doloroso y lamentable en México que es la desaparición de las personas. Sin dejar de mencionar que gracias a ellos se han logrado grandes avances en la localización de personas, creación de instituciones especializadas para atender el problema, procedimientos a seguir y promover, procurar y difundir una cultura de defensa de derechos humanos de las personas desaparecidas y sus familiares.
Pero, ¿cuáles son los datos que las organizaciones de la sociedad civil tienen frente a los datos oficiales antes citados? De entrada, debemos de entender que desde su inicio el Registro de Personas Desaparecidas ha tenido un problema de certeza. Escuchando a Michael Chamberlain, defensor de derechos humanos y que cuenta con datos más recientes, nos dice que la cantidad de personas que en algún momento han sido registradas como desaparecidas supera el número de los 300,000; de esos son 110,000 los que aún están por ser localizados.
Existe el dato corroborado por el Comité contra la Desaparición Forzada de que a diario desaparecen 29 personas, lo cual hace muy complejo la sumatoria de personas en esta condición en México; sin embargo, es importante señalar que siendo las fiscalías estatales las responsables de reportar al Registro Nacional las Personas Desaparecidas, se han encontrado casos como en Baja California en donde había cuatro veces más casos de los que reportaba esta fiscalía estatal. Es decir, si hacemos el ejercicio de 110,964 personas por 4, estamos hablando de que existe la probabilidad de un total de 443,856 personas desaparecidas. A lo anterior, sumemos que existen 52 mil cuerpos de personas apilados en los servicios forenses del país que están sin identificar, que es el mismo número de personas desaparecidas o que son parte de los más de 400 mil o que son parte de estos. Quedando la incógnita para el colectivo de Voz Ciudadana si para el Gobierno Federal las 52 mil personas no identificadas forman parte de las personas reportadas como desaparecidas o este dato que de manera oficial dio, se tiene aislado y no contemplado en la información que proveyó el pasado 14 de diciembre del 2023.
Por otro lado, el colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC), quienes tienen catorce años de estar luchando por localizar a sus familiares desaparecidos, junto con otros colectivos más, han iniciado una lucha por la dignificación de los derechos humanos de las personas desaparecidas. Diana Iris García, integrante del FUUNDEC, da un dato fundamental para entender lo que hoy está sucediendo en México: en el año 2012 se le obliga al Estado mexicano a que reconociera la existencia de 12,000 personas desaparecidas; misma cantidad una década después, que el Estado dice que existen. Es irreal pensar que son los mismos números en estos más de diez años.
En cuanto a Puebla, he buscado información de los colectivos poblanos de familiares con personas desaparecidas o de universidades que le dan especial énfasis a estos casos, con respecto al censo que dio a conocer el Gobierno Federal el pasado 14 de diciembre y a diferencia de otros lugares del país, en Puebla no hay manifestaciones al respecto, parece ser que no hay molestia o inconformidad.
Lo que sí existe es lo dicho por la Fiscalía del Estado donde afirman que han localizado a mil 591 personas desaparecidas en Puebla; y que solo faltan por localizar 243, como si no existieran nuevas desapariciones o estuviera frenada esta situación en nuestra entidad. Estos hechos nos parecen delicados y donde se tiene que poner especial acentuación a qué está pasando hoy en Puebla es preguntarnos si ya no existen contrapesos, las voces disonantes han desaparecido o se han alineado al poder público. La siguiente pregunta sería: ¿Esto está sucediendo porque ya vivimos en un Estado seguro, en paz, donde la prevención de desapariciones en Puebla es una realidad? y como dice la fiscalía hoy solo falta localizar a 243 personas y que Puebla es ajeno a lo que pasa en el resto del país, contrastando con el reporte del Consejo de Personas Desaparecidas de la ONU que señala que a nivel nacional desaparecen 29 personas diariamente y según reportes de la Fiscalía Estatal al día, cinco personas desaparecen en Puebla.
Lo cierto es que esperamos que la información que el Gobierno Federal dio a conocer el pasado 14 de diciembre del 2023, resultado de la llamada “Estrategia Nacional de búsqueda Generalizada de Personas Desaparecidas” no se quede ahí, sino que los datos sean cotejados nombre por nombre con las Comisiones Estatales de Búsqueda de Personas y sus consejos ciudadanos, los colectivos de familiares de personas desaparecidos, de derechos humanos, víctimas, universidades, etc.
De igual manera debe realizarse un cruce de información con los cuerpos que se tienen en los servicios forenses sin identificar, fosas comunes controladas por el Estado y fosas clandestinas que todos los días encuentran las madres buscadoras. Es cierto que necesitamos tener un registro que nos dé certidumbre a todas y todos los mexicanos, pero no podemos permitir que un censo que no es transparente, motive la desaparición de desaparecidos.
En estos tiempos de renovación y regeneración, la desaparición administrativa no debe existir como fue en el Tlatelolco del 68 y otros momentos mas a manos de gobiernos dictatoriales y/o neoliberales. Construir un segundo piso obliga a tener cimientos fuertes, un mal abordaje del Estado a los casos de personas desaparecidas y otros temas relacionados a los Derechos Humanos puede provocar que se debilite gravemente la estructura que debería sostener el segundo piso de la llamada Cuarta Transformación en México.
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