Una de las principales estrategias de Morena para mantener la unidad del partido fue abrir las puertas de registro a todos los aspirantes que quieren competir por uno de los cargos de elección popular, los que estarán en disputa el año entrante. En el caso de Puebla se resolvió sin aspavientos la designación del Coordinador Estatal de Defensa de la Cuarta Transformación. El nombramiento recayó en el senador con licencia Alejandro Armenta, y desde ahí seguro candidato a gobernador.
En ese mismo proceso se encuentran ahora los que aspiran a coordinar los 16 distritos electorales federales, los 25 electorales estatales y los 217 coordinadores municipales. La elección, como en el caso de Armenta, se efectuará mediante la aplicación de encuestas para cada uno de los cargos. Los nombres de los elegidos serán comunicados a finales de enero del mes entrante, de acuerdo con el calendario electoral en la entidad. Aunque también se ha anunciado que se puede seguir un método mixto en aquellos municipios pequeños.
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Se trata de una buena estrategia de auscultación del partido gobernante, y de paso mantiene el control de los aspirantes perdedores y les mete calzas para que no se vayan a otros partidos a hacerle el caldo gordo al ganador de casa. Un proceso complicado, que atañe y contradice el derecho universal de votar y ser votado. Un principio que se encuentra por encima de lo que digan y dicen los partidos. Los abogados, ya se sabe, siempre encuentran huecos en las leyes electorales para hacer que sus clientes prosperen en las denominaciones partidistas contrarias. Conjurar la estampida a otros partidos.
Pero también hay un par de elementos más que tocan valores democráticos, que no se puede menospreciar. La encuesta, en caso de ser y aplicarse (existe una gran sospecha entre especialistas que ven en ella el instrumento idóneo para designar candidatos a dedo; y también los hay los que ven en la encuesta la metodología que más se aproxima a una elección interna) es un instrumento inobjetable que permite a la dirigencia del partido elegir a sus mejores cuadros; a los menos impopulares, a los que ya fracasaron, y en la elección constitucional ser mucho más competitivo y refrendar la alianza “con el pueblo”, como gusta decir al presidente López Obrador.
El otro elemento es la legitimidad democrática que otorga la encuesta a los ganadores, frente a los aspirantes de la oposición. El ejemplo más a la mano de mi argumento son las bases electorales contradictorias con que fueron nominados Alejandro Armenta (Morena y aliados) y Eduardo Rivera (PAN-PRD). El primero, nos guste o no, goza de un atisbo de popularidad; el segundo fue favorecido por el dedo, lo que por décadas tanto criticó ese partido del PRI.
El caso no queda aquí. Hasta donde ha trascendido, incluso por lo que ha revelado la misma dirigencia de Acción Nacional, en el PAN, o alianza (aún todavía no hay definición al respecto), los candidatos a puestos de elección popular serán designados por la cúpula empresarial metida en ese partido.
En los hechos puede tratarse de algo mucho peor. Que la elección recaiga en personajes de más arriba: en esas figuras fantasmales que nadie conoce y conforman la organización clandestina denominada El Yunque. Más que proyecto ideológico es un grupo que se vale de un partido político, el PAN, para medrar a lo grande en las arcas de la administración pública. Si algo bueno hizo el finado Rafael Moreno Valle Rosas fue aplacarlos, sacarlos de los negocios públicos, hasta el fatídico día en que perdió la vida.
Es lo que hay en el firmamento político, y lo que ofrecen los partidos, sean los que sean y del color que sean. Esas organizaciones cuasi mafiosas que, como San Pedro, son las que controlan el acceso a todos los puestos de elección popular. De presidente de la República para abajo hasta topar con el más modesto alcalde de pueblo.
Estamos en el filo del mayor desbarrancadero del que se tenga memoria, tal vez mayor que el de la Revolución de 1910. No hay semana que pase que no se conozca de asesinatos de jóvenes (la última masacre de muchachos que se conoce es la de Salvatierra, Guanajuato, gobernado por el PAN desde hace tres décadas, sin alternancia), y otros tantos desaparecidos, y otros reclutados por el crimen, y otros desplazados y otros, y otros.
Lo común desde la oposición y desde el mismo comentarismo crítico es culpar al Presidente de todos los males del país. No se le puede exonerar. El Artículo 89 de la Constitución establece como obligaciones del presidente promulgar y ejecutar las leyes que expide el Congreso y manifestar “su exacta observancia” a través de la administración pública, de la cual es cabeza.
Sin embargo, no todo es responsabilidad del Presidente. No se olvide tampoco que el federalismo es la base de nuestra organización política (Artículos 40 y 41), en la que estados y municipios están unidos a través del pacto federal en sus tres niveles de gobierno, con niveles distintos de responsabilidad. Pero lo que tenemos son alcaldes y gobernadores que ante la violencia nacional que azota a México se escurren mirando para otro lado.
Luego entonces quienes aspiren a puestos de elección local y regional (presidentes municipales y diputados) deben tener conciencia de que subir a un cargo de gobierno no es cosa de tomar el control de la chequera para beneficio de unos pocos, y buscarse novia o novio nuevo. La chequera es la razón por la que a veces los aspirantes se matan. No es el bien de los demás. Es el suyo.
¿Qué se necesita en esta elección en Puebla? Necesitan gobernantes conscientes de que para salir del pozo de la violencia, y pobreza, y desigualdades, y baja calidad educativa y salud (cuando la tienen), se requiere de un nuevo Pacto Nacional.
Chayo News
De acuerdo con una encuesta de esas que se mandan realizar desde mero arriba sobre la popularidad de los aspirantes en el distrito electoral federal con cabecera en San Martín Texmelucan, se revelan cosas que ya se presentían.
Por ejemplo: se tiene que uno de los cuadros más vigorosos electoralmente es la dirigente popular del Círculo de Organizaciones Populares (COP), Elim Garzón. Encabeza un grupo de poco más de 3500 agremiados, padres de familia. La elección distrital federal se gana con alrededor de 20 mil votos. Ella tiene un saque de por lo menos el 40% de los requeridos para triunfar.
La dirigente de comerciantes mantiene una estrecha relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde el año 2000, cuando compitió por la jefatura de gobierno de la ciudad de México, y volvió a refrendar el apoyo en el año 2006.
La explicación de su popularidad tiene que ver con un trabajo que ya va para el medio siglo, defendiendo el trabajo de familias que sobreviven en el desamparo por falta de oportunidades de trabajo.
Pero también destaca porque mantiene una relación de apoyo permanente a las organizaciones de la sociedad civil, como de derechos humanos, de periodistas, incluso ofrece cursos y talleres de capacitación para “emprendedores”.
Tareas que no hacen los organismos empresariales ni el ayuntamiento.
Hay otros datos que abonan a la primera, aunque hasta ahora Elim Garzón no ha manifestado interés por un cargo de elección. Al parecer su compromiso es con la independencia de la organización y con las políticas del presidente de la República. Pero es persuadida por la gente que la sigue.
En San Martín salta la irritación social contra la alcaldesa, la señora Norma Layón. Ese malestar se traduce contra Morena y los candidatos que promueve para que la releven en el puesto. Además de que la mala percepción de su gobierno imanta negativamente a los municipios de ambos distritos.
El malestar es entre los grupos de la ciudad y en las juntas auxiliares. En el primer caso porque la inseguridad en estos seis años no sólo no se redujo, sino que se incrementó peligrosamente.
En el caso de las juntas auxiliares, donde se concentra la mayor parte de la pobreza y desempleo, las mantiene en el abandono. Los índices de pobreza y desigualdad lo prueban.
Layón se reeligió en 2018 mediante procedimientos bastante ortodoxos. No por su buen desempeño como alcaldesa. Esos datos negativos acabarán impactando en la definición de candidaturas, particularmente ahora que muchas de ellas se definirán por acuerdo político.
Nota del pueblito. No se engañen, la elección de quien será el candidato de Morena en el pueblito de ya se reduce a tres, tal vez cuatro: en estricto orden alfabético Castillo Santos, Enrique; Hernández Cruz, Gabino; Romero Romero, Eduardo y Vargas Aparicio, Brenda. Los demás en relleno, y en caso específico de plano pepena. Hasta los perros pueden aplicar un FODA y llegar a mis mismas conclusiones. El primero porque trae y puede refrendar el empuje de hace tres años; el segundo porque es indígena, y Morena está comprometido con postular gobernantes indígenas; Romero, porque mantiene la concordia con las comunidades (no las ha enfrentado), y lo más importante: es presidente en funciones y los presidentes inspiran respeto y confianza. Y el caso de Brenda es por la eventualidad que caiga cuota de género. Y si se trata como ya se dice que en municipios como Pahuatlán la designación se resolverá en “mesas de negociación política”; quienes llevan delantera son Romero Romero y Castillo Santos.
De no haber otras cosas, nos toparemos por acá el 10 de enero. Si celebran, felicidades; si no, pues ¡salud!, que el mundo se va acabar.