Se habría esperado todo, incluso que la señora Gálvez fuera tomada en serio por los partidos que la postulan, le soltaran las amarras y retomara el rumbo con el que arrancó, como candidata ciudadana. Pero no.
Lo verdaderamente asombroso fue que el estado más pujante económicamente, Nuevo León, fue sumido en una crisis política que pudo desembocar en la desaparición de poderes, un gobernador metido en la cárcel por violar la independencia del Poder Legislativo con una turba de maleantes y un partido político con el registro anulado.
Más artículos del autor
Pero estamos en México, donde la ley es un mecanismo a conveniencia de las élites.
Primera hipótesis
Samuel García, gobernador de Nuevo León por el partido MC, es –digamos– un funcionario torpe, inepto y necio que desconoce los procedimientos institucionales más elementales de la administración pública, de la que en mala hora los votantes lo designaron cabeza.
No sabe, y tampoco se hizo asistir por un experto, sobre el cauce legal que debe seguir el gobernador en funciones para separarse del cargo por un periodo superior a los treinta días, en el cual el mandatario puede designar a un interino a modo.
Pero el gobernador está impedido para hacerlo cuando se trata de un periodo mayor, como fue el caso que detonó la crisis política en el estado más rico y próspero del país, que concentra la mayor inversión extranjera.
La solicitud de licencia al puesto de gobernador de Samuel García fue ingresada al Congreso en octubre para ser efectiva a partir del 2 de diciembre de 2023, fecha elegida para irse de precandidato presidencial.
Para entonces todos estaban de plácemes, cogidos de la mano, MC y Morena, Dante y Mario, ambos Delgado. Pensado todo como un lance de varias bandas de ganar-ganar.
Como es de su competencia, el Congreso dio cauce a la licencia y nombró gobernador interino al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Arturo Salinas Garza, un personaje ajeno al círculo de complicidades del gobernador.
Una facultad soberana del legislativo que no está sujeta a objeción del Ejecutivo. Algo que saben hasta los periodistas, la cual fue refrendada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Hay que precisar en este punto que la legitimidad de los diputados es tan legitimidad como la del gobernador. Ambos poderes fueron elegidos por los votantes, los que determinaron formar poderes divididos.
Como el Congreso osó designar no a quien Samuel García se arrogó el derecho de elegir previamente, acusó a los diputados de cometer actos de ilegalidad y de imponer a un “gobernador espurio”. El Ejecutivo puesto por encima del Legislativo, cuando la Constitución manda poderes divididos.
El diferendo constitucional llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde se determinó ordenar al Congreso de Nuevo León elegir un nuevo gobernador. Para entonces ya se habían nombrado dos.
El 29 de noviembre el Congreso, atendiendo a la SCJN, nombró gobernador interino a Luis Enrique Orozco, para el periodo del 2 de diciembre de 2023 al 2 de junio de 2024. Como era de esperarse, García rechazó el nombramiento y lo llenó de epítetos.
Sin embargo, las cosas llegaron a un punto de no retorno, porque el Poder Judicial no se intimidó.
El aspirante presidencial se enfrentó al dilema de su vida, se le doblaron las corvas y optó por regresar al punto del que partió, esto es, al puesto de gobernador.
Tal vez temeroso de todo lo que pudieran hallarle en los closets.
La cadena de peripecias que estuvieron a punto de desembocar en la desaparición de poderes en Nuevo León, puede ser achacada a la incompetencia y frivolidad del gobernador.
En ambos casos queda de manifiesto la banalidad, embuste, incompetencia e ineficacia de los gobernantes postulados por MC.
Segunda hipótesis
Nuevo León fue arrastrado a una crisis política con la complicidad manifiesta del partido Movimiento Ciudadano y su dueño el señor Dante Delgado con un fin declarado: tomarle el pulso a la opinión pública sobre un tema que eventualmente puede figurar en el horizonte.
Un ensayo parecido se observó en Baja California con Jaime Bonilla Valdez, en 2019, aunque con otro fin.
Dante, hay que decirlo, es un personaje que todo indica trabaja para el régimen desde las cañerías, ondeando la bandera de no provenir de los partidos del pasado, a los que persigue con habla furibunda.
Este Dante tuvo como mentor a Fernando Gutiérrez Barrios, al grado que fue el sustituto cuando aquél dejó el gobierno de Veracruz para asumir con Carlos Salinas la Secretaría de Gobernación, en el fatídico 1988.
No han errado los que califican a MC de partido esquirol. Que daña y engaña los anhelos de democracia de la población.
A diferencia de los partidos aliados del gobierno, Verde y PT, que tienen el honor cívico de hacerlo de cara a la población, MC lo hace a hurtadillas, tal vez seguro de que tiene mayor impacto y es más redituable para él. En política todo se cobra y se paga.
Para muchos que especulan sobre el curso de la elección presidencial, la de Nuevo León es una crisis inducida con la finalidad de pulsar los reflejos de las instituciones, de la opinión pública y los medios de comunicación, por lo que pueda presentarse el año entrante.
En los hechos se trató de una turba enviada por el gobernador Samuel García, irrumpió con violencia en el Congreso del Estado con el fin declarado de impedir que ese poder soberano, en base a sus atribuciones, eligiera un gobernador interino que no era del agrado del gobernador.
Al amparo del maremoto, los legisladores de MC se apresuraron a solicitar la suspensión de la sesión, pero la presidenta de la Mesa Directiva no se arredró y siguió la lectura del dictamen de elección de gobernador.
¿Golpe de Estado al Poder Legislativo? Los juristas tienen la última palabra, pero de que ocurrió, ocurrió.
Un ensayo equivalente a lo acontecido en Nuevo León ocurrió en Baja California unos meses después de que el propio López Obrador protestara guardar y hacer guardar la Constitución para ser investido presidente de la República, con uno de su partido.
En Baja California, Jaime Bonilla Valdez, gobernador electo por el partido Morena para un periodo de dos años, ya en ejercicio del gobierno en aquella entidad, intentó sobornar a la oposición del Congreso y ampliar el periodo de gobierno de dos a cinco años con argucias legaloides.
Incluso mandó hacer una consulta ciudadana, la que fue declarada inconstitucional, para saber la opinión del pueblo sobre la ampliación del mando. Involucró al legislativo y hasta se creó una comisión del Congreso local para darle supuesta legitimidad a una medida que violaba la Constitución.
Como era de esperarse, y como debe en un régimen de instituciones, la cuestión llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que determinó que era “inconstitucional la reforma local que ampliaba a cinco años el mando”.
Como puede verse la Corte, como garante de la legalidad, es un dique a los sucesivos intentos por pasar por encima de la Constitución para satisfacer caprichos que a la postre han resultado espurios.