Con la novedad de que el tema de la cultura oficial en Puebla ya ingresó en la agenda del presidente López Obrador, y no precisamente por su loable desempeño.
Es de esperarse que a partir de ahora las acciones del sector sean motivo de monitoreo en función de las recomendaciones del mandatario, como en general ocurre en ese género de casos. La intervención federal en el tema de cultura es una buena noticia en medio de tanta zozobra en el sector, en mucho por la arrogancia cretina de quienes en mala hora la encabezan
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Hay que decir que no es la primera vez que el Presidente se incomoda por la presencia de panistas morenovallistas en condiciones de mando en la administración estatal y lo hace público.
Ocurrió con el mentado Ardelio Vargas; entonces el gobernador actuó en seguida. Es de esperarse que pronto se actúe en consecuencia.
Al Presidente de la República corresponde estar al tanto de lo que ocurre en las entidades federativas, y de cuidar los bienes nacionales, en particular el presupuestal, y su eficiente orientación y aplicación. Así esté en la Ley de Coordinación Fiscal.
No es una intromisión, insisto. Es una atribución en el marco del acuerdo federal.
El tema surge con la construcción onerosa del Museo Internacional Barroco (MIB), durante la administración panista del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, sobre el que hasta ahora ninguna autoridad cultural ha sabido qué hacer con ese galerón de paredes vacías, pues es el primer museo patrimonial en el mundo que se levanta sin contar con colecciones artísticas propias.
Una burrada: la particularidad de Puebla como ciudad barroca no se encuentra en la plástica de aquella época, sino en lo singular de sus monumentos. Por más que tengan a sus Villalpando, Tinoco, Rodríguez Carnero, Borgraf, Lagarto, García Ferrer, Berrueco y sus glorias locales como Zendejas.
El MIB resultó ser una argucia sobre el que no mediaron estudios técnicos de nada. Su construcción no se diseñó y ejecutó con criterios culturales, de difusión y protección del patrimonio estatal, sino con el fin de congraciarse con los grupos político-económicos más poderosos del país, con miras a la sucesión presidencial del 2024.
La falacia era que se hacían construcciones monumentales sin contratar deuda. Con ese fin se buscó a uno de los despachos más caros de la Ciudad de México que diseñó lo que fue denominado proyectos por prestación de servicios (PPS).
El MIB, hay que decirlo desde ya, es un elefante blanco equivalente a la Estrella de Puebla; el cual se mantiene enhiesto, no obstante que le cuesta a la entidad 26 millones de pesos mensuales, los cuales deben ser pagaderos durante 23 años y 3 meses, “sin derecho a revocación”. Cerca de dos generaciones. Una cantidad inaudita.
Será hasta entonces cuando finalmente la entidad tenga la propiedad del galerón, que no museo, porque los museos históricos están determinados por sus colecciones y fondos. No por el edificio, aunque en este caso, tratándose de Toyo Ito, lo tiene.
En su momento se comunicó que el costo total fue de mil 742 millones de pesos; 500 millones fueron pagados por el Banco Nacional de Obras a través del Fondo Nacional de Infraestructura, al iniciar los trabajos, quedando mil 242 millones de deuda.
El proyecto, el sólo proyecto, costó cien millones de pesos y se construyó en uno de los barrios de mayor plusvalía de la región sur sureste del país.
En la misma condición del MIB se encuentra la mayoría de las megaobras de aquel sexenio, realizadas, como ya se dijo, bajo el esquema de los PPS, la argucia hallada para simular la contratación de deuda.
En junio del 2027 senadores del Grupo Parlamentario del PRI, sobre los que Moreno Valle tenía tanta influencia como el propio Peña Nieto, promovieron un punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno de Puebla a informar sobre el estatus que “guarda la solventación” de las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación al Museo Internacional Barroco, y las obras del segundo piso de la autopista México-Puebla, al estadio Cuauhtémoc, al proyecto arqueológico Cholula y a la Línea 2 del Sistema de Transporte Articulado, “de las cuales se presume un sobreprecio”. El tema eran los sobrecostos.
Los pasivos presentados por la Auditoría Superior de la Federación llegaban a 24 mil 655 millones de pesos al final de 2015, más otros 22 mil 476 millones de pesos de obligaciones comprometidas en el fideicomiso F/0144 garantizadas con la recaudación del impuesto a la nómina, de acuerdo con un estudio realizado por el especialista Enrique Cárdenas, por entonces director del Centro de Estudios Manuel Espinosa Yglesias, motivo de muchos dolores de cabeza. Fue el primero que con cifras duras desmenuzó la madeja.
En aquel estudio publicado con el nombre de “No se vale señor gobernador”, en el periódico El Universal (20-01-2017) concluye que la mala inversión del MIB es la causante del “aumento de la pobreza e impidió que el estado creciera a la mitad de su potencial”.
La deuda de Moreno Valle, escribió entonces el especialista: “no tuvo el correspondiente impacto. El PIB estatal creció por debajo de otros estados. Nos endeudó mucho y mejoramos poco por el destino del gasto, el sobreprecio de construcción, y el pago excesivo de los servicios contratados”.
¿Qué recomendó el presidente López Obrador al gobernador Sergio Salomón Céspedes respecto de la infamia que representa el MIB para el estado de Puebla? Renegociar la deuda en circunstancias menos leoninas. Mejor recomendación no puede haber.
“… nosotros lo que estamos haciendo es revisando estos contratos y hablando con las empresas, haciéndoles ver que cuando ellos recibieron estos contratos había una política distinta que buscaba el que les fuera bien a las minorías y que le fuera mal al pueblo, y que ahora ya cambió. Y que entendíamos que ellos encontraron las arcas abiertas y que les dieron facilidades, incluso fueron operaciones legales, pero no morales ni legítimas, y que como ahora ya cambió, que ya no se puede mantener un contrato así porque es un robo a la vista de todos”. Y reconoce, inducido por el reportero, de que había moche.
Recomienda que no se rompa el contrato, que se reestructure, que se negocie y consiga una “rebaja”. “Es un acuerdo distinto, es lo que tiene que hacer el Gobierno de Puebla. Y si no se puede, que no acepten, pues entonces debe de haber una cláusula para cancelar el contrato”.
Y que “por lo general, todos los empresarios han aceptado porque ellos mismos hasta les da pena. Si los ponemos aquí, imagínense cómo quedan, si vemos caso por caso. Entonces, no quieren eso. Y además entienden que es otra circunstancia y hasta les tenemos que reconocer su buena disposición” (versión estenográfica de la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, del 21 de noviembre de 2023).
El MIB es apenas la punta del iceberg de lo que pasa en la cultura oficial de Puebla, pues entre otras cosas los morenovallistas causantes del latrocinio allí siguen. El patrimonio sigue extraviado o en casa de particulares, porque el MIB fue la coartada perfecta para desmontar los bienes artísticos de la red de museos, además de meterlos en un esquema legal, sobre el que la soberanía sobre el patrimonio se pone en duda.
La gestión del MIB, de acuerdo con el estudio de Cárdenas de hace seis años, cuesta tres veces más de lo que para el mismo fin eroga el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México, mucho más grande, complejo, con colecciones arqueológicas, que demanda de conservadores y restauradores, condiciones ambientales específicas de conservación de piezas, entre otros requerimientos.