Uno podría pensar, tal vez incluso aspirar a que la persona a cargo de un área de gobierno, léase secretaría, tuviera una formación y preparación digamos técnica del rubro a cargo. Vamos, que si se van a hacer cargo de la política educativa de un estado o un país, por decir algo, sepan de política educativa.
Pero no, no es así.
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En Puebla, al igual que a nivel federal, no hay ninguna obligación legal de que las personas que ocupen la titularidad de una secretaría de estado tengan algún tipo de preparación académica. El artículo 84 de la Constitución política de Puebla sólo establece como requisito ser ciudadano o ciudadana mexicana, tener 25 años cumplidos y estar en ejercicio de sus derechos políticos. La única diferencia con lo federal es que ahí la edad mínima son 30 años, pero de preparación para el cargo pues no, nada.
Pero lo que no se dice en el papel más o menos se cumple en la práctica. Una revisión de la trayectoria curricular de los 32 secretarios y secretarias (o similares) de Educación estatal en todo el país nos muestra que el 40 por ciento de esas personas (13) tienen al menos estudios universitarios respaldados por una cédula profesional (aunque sólo el 25% tiene estudios relacionados con la educación y/o la administración de espacios educativos).
Y de ahí para arriba. Hay seis personas que cursaron y concluyeron una maestría y nueve de ellas cuentan con un doctorado.
(Si consideremos lo que declaran en la Plataforma Nacional de Transparencia las cifras serían diferentes, pues muchos de ellos y ellas aseguran tener estudios que no están avalados con una cédula, que fue el parámetro que utilice para la revisión de los datos).
En ese universo de profesionales sobresale un lunar, dos en realidad. Hay dos personas cuyo desarrollo académico no llegó a la licenciatura y se quedó escalones más abajo.
El primer caso es el del secretario de Educación de Yucatán, el panista Liborio Vidal Aguilar, quien sólo terminó el bachillerato. En la pasada elección federal Vidal Aguilar fue postulado por su partido como candidato indígena, pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le retiró la candidatura al comprobarse que no era una persona indígena.
El segundo caso, tal vez el más llamativo por las credenciales educativas que ostenta, es el de Isabel Merlo Talavera, actual secretaria de Educación en Puebla.
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La priista Merlo Talavera, exdiputada federal y local y expresidenta municipal de Huauquechula, llegó a ocupar el cargo en marzo de este año, impulsada según radio pasillo por el actual líder de la bancada del PRI en el Congreso local, Jorge Estefan Chidiac.
Y desde que llegó se cuestionó su falta de cédula profesional que ofreciera certezas sobre su formación educativa. A pesar de que en la página del Sistema de Información Legislativa que tiene la Secretaría de Gobernación federal se asentó que cuando formó parte de la 61 legislatura (2009-2012) contaba con una “licenciatura” y tenía una preparación en “Ciencias de la Educación”.
En otro documento, este albergado en la página del PRI de Puebla, incluso se asegura que es “licenciada en Español”. Lo mismo registra la página del Congreso local y también la registra como “profesora normalista”.
Pero la secretaria de Educación en Puebla solo tiene la educación primaria terminada. Esa fue la respuesta que entregó la dependencia a una solicitud de información que se presentó el 16 de marzo (la dependencia nomás se tardó siete meses en encontrar el documento) de este año.
La pregunta fue: “Pido copia digital de los documentos probatorios del último nivel educativo que cursó el/la titular de la dependencia.”
Y este fue el documento que envió la Secretaría de Educación:
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Las nuevas dinámicas del crimen organizado global
En febrero del año pasado, la policía colombiana interceptó la llamada de un individuo sospechoso de traficar droga. Estaba organizando una venta al por mayor de cocaína a un comprador en México. El tipo alardeaba de que tenía una cantidad importante disponible; un producto que podía entregar en Denver y Miami, y por todo el Caribe.
Apenas una década antes, las drogas venían siempre de Colombia o de las regiones andinas de Perú o Bolivia. Pero los tiempos han cambiado. La coca de la que hablaba el sospechoso había sido cultivada en Guatemala, un país a 2.000 kilómetros al noroeste de los grandes países productores y que tradicionalmente ha servido de punto de parada para los traficantes.
La coca “dio buen resultado”, le dijo el hombre a una persona que parecía ser su socio en el negocio, indica la transcripción de la llamada interceptada. El hombre aseguró que tenía “un centenar de cajas de zapatos blancos de alta gama” –código que se usa para hablar de kilos de cocaína- así como “cocineros” listos para empezar a trabajar en Guatemala y México.
La conversación, identificada en la filtración masiva de correos de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, es una prueba más de una tendencia, tan nueva como poco conocida, que está reestructurando el tráfico global de cocaína: la relocalización de la producción más allá de las zonas andinas tradicionales hacia Centroamérica.
Esta evolución ha sido impulsada por varios factores, especialmente por la fragmentación de los grupos que controlaban el tráfico. Tras el Acuerdo de Paz de 2016, el desarme de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) abrió la producción de cocaína tanto a grupos nuevos como a otros ya establecidos, que experimentaron con nuevas técnicas y cadenas de suministro. Las conversaciones interceptadas a este individuo en Bogotá, por ejemplo, fueron grabadas durante una investigación sobre un grupo disidente de las FARC.
Los párrafos anteriores es la introducción de un texto que cuenta cómo es la nueva cooperación internacional en la que se mueve el crimen organizado global y forma parte de #NarcoFiles: El Nuevo Orden Criminal, una investigación internacional sobre la situación actual del crimen organizado y sobre aquellos que lo combaten.
Una colaboración de más de cuarenta medios que se originó con una filtración de correos electrónicos de la Fiscalía General de la Nación de Colombia que realizó el grupo hacktivista Guacamaya. Sí, los mismos que hackearon a la Sedena en México.
Acá puedes leer los textos que se han publicado hasta el momento.
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Sorpresa, sorpresa: El Poder Judicial de Puebla decidió reservar la información de los edificios de lujo que se contrataron en el periodo en el que estuvo al frente del Consejo de la Judicatura local el hoy magistrado Carlos Palafox, argumentando una auditoría. El caso ya está en el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Veremos qué resuelven.
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Otras historias del lado oscuro:
El gran salto a Europa: así es por dentro la nueva cooperación global entre narcos… Cuando se piensa en tráfico de drogas se suele evocar organizaciones de jerarquías rígidas lideradas por capos de la droga como Pablo Escobar o Joaquín “El Chapo” Guzmán. Hoy, la realidad es mucho más compleja. Con un incremento de la demanda global de cocaína y mercados creciendo en Asia, África y Europa, los días en que un sólo cartel controlaba toda la cadena de suministro son cosa del pasado.
Black Wallstreet Capital: una financiera bajo la sombra del narco… La financiera mexicana, que se hizo famosa tras el robo de millones de dólares durante un cateo, ha tenido nexos con miembros de una red de tráfico de drogas a Europa, revela la investigación internacional Narco Files, coordinada por el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
AMLO liquidó el Fonden por corrupción… pero su ex director hace negocios con la 4T y va por candidatura con Morena… José María Tapia Franco, quien fue director del Fonden durante el gobierno de Peña Nieto, aspira a convertirse en el candidato de la coalición Morena-Verde-PT a la alcaldía de Querétaro en 2024. El exfuncionario peñista renunció al PRI en julio y de inmediato inició acercamientos con personalidades de la 4T, como Claudia Sheinbaum.
Y un podcast. DMG: El sueño de la Hormiga… En el sur de Colombia, una región maltratada por la violencia y marcada por el abandono estatal, surgió una empresa milagrosa liderada por un joven llamado David Murcia Guzmán. La empresa DMG, de nombre breve y pegajoso, prometía rendimientos fabulosos a la vuelta de pocos meses. Con ese esquema comercial, que las autoridades acusaban de ser la fachada de una pirámide financiera, Murcia se convirtió en una especie de salvador para decenas de miles de familias que hasta entonces habían vivido en una pobreza feroz.
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Cualquier comentario, sugerencia de tema o temas (tips de investigación) no dudes en escribirme a aroche@ladobe.com.mx. Me encantará tener una conversación contigo.
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