El viernes 27 de octubre rendí mi segundo informe de actividades legislativas frente a cientos de poblanas y poblanos que me acompañaron en un año de trabajo incansable, el cual resumiré en este espacio.
Durante este segundo año de actividades legislativas, desde el Congreso Estatal prioricé los esfuerzos para dignificar en las normativas locales, la importancia de cuatro grupos fundamentales en nuestra entidad: adultos mayores, mujeres, personas con discapacidad y el medio ambiente.
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En la agenda de género, les comparto con mucho orgullo que los compañeros: Angélica Cervantes, Daniela Mier, Yolanda Gámez, Iván Herrera y un servidor, presentamos la homologación de la iniciativa llamada como ‘3 de 3’, que tiene como objeto fortalecer el derecho fundamental de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, para que ni una sola mujer en todo el estado vuelva a tener como representante a un violentador.
Esta propuesta ahora es ley. Nunca más un servidor público que condicione cargos o candidaturas a una mujer a cambio de actos sexuales.
Estamos a la espera de que puedan dictaminar las diversas propuestas que realicé, entre las que destaco el reconocer y sancionar el delito de “sextorsión”, la violencia en el noviazgo, la violencia institucional, sistémica, simbólica, estética, que se reconozca y acompañe en su duelo a las madres y padres que dolorosamente hayan perdido a un hijo o hija.
Además para que las instalaciones sanitarias cuenten con espacios específicos en donde las madres puedan recuperarse sin tener que profundizar el dolor compartiendo cuarto con quienes tienen la alegría de ser acompañadas de sus recién nacidos; así como una excepción al exceso del uso de la legítima defensa, dedicada a todas las mujeres que por el valiente hecho de haber sobrevivido a una agresión, dando fin a la vida del agresor, se encuentran injustamente encarceladas, habiendo pasado un proceso sin perspectiva de género, e ignorando los abusos que antecedieron al hecho.
No quiero dejar de mencionar el compromiso adquirido por un servidor, de mi compañero Iván Herrera y el diputado federal Nacho Mier, que empeñamos nuestra palabra para presentar una propuesta que tuviera como objeto incentivar la justicia pronta y expedita para todas las mujeres, bajo los supuestos en los que sus agresores, en la mayoría de los casos, no tienen un castigo por sus actos debido a diversas irregularidades, llámese corrupción o incompetencia.
Para que esto ya no ocurra sin que existan consecuencias, presentamos diversas reformas a la ley de acceso para las mujeres a una vida libre de violencia, al Código Penal del estado, y a la Ley Orgánica del Poder Judicial estatal para que cualquier persona servidora pública que, por acción u omisión, no realice una óptima integración de las carpetas de investigación, y que por ello se obstaculice la justicia.
Entonces se tendrá como responsable solidaria al servidor o servidora, para que enfrente una pena que será determinada por la autoridad competente, de entre
¿Cómo queremos promover una cultura de la denuncia si muchas veces son las mismas instituciones públicas las que obstruyen y obstaculizan el acceso a la justicia?
Las mujeres no son un número, y merecen justicia pronta y expedita.
Del mismo modo, reconociendo que Puebla es uno de los principales estados con mayor número de maternidades y paternidades adolescentes, presenté una propuesta que busca generar programas de apoyo a nuestros jóvenes para que no tengan que abandonar sus estudios, y quienes lamentablemente hayan tenido que dejarlos, tengan mayores facilidades para retomarlos.
Debemos también valorar y respetar a nuestros mayores ya que su conocimiento y experiencia son fundamentales para el desarrollo de nuestra sociedad. Además, es necesario garantizarles una vejez digna, con acceso a servicios de salud, bienestar social y oportunidades de participación activa en la sociedad.
Con eso en mente, y derivado del gran porcentaje de adultos mayores que se encuentran con múltiple vulnerabilidad, propuse impulsar la instalación de más estancias de día, aperturar más mecanismos de acceso a sus derechos por medio de la tecnología simplificada y amigable, ya sea en instancias públicas y/o privadas, además de ampliar las asesorías jurídicas a los temas que sean de su interés, y no limitarlas a la obtención de pensiones o para integrarlos a algún programa del bienestar.
Siguiendo con el buen ánimo, me complace informarles que éstas propuestas también fueron aprobadas, y ahora forman parte de la normativa vigente en nuestro querido Puebla.
Para alcanzar una completa inclusión en la toma de decisiones, se debe facilitar el acceso a espacios de representación a personas con discapacidad, por lo que propuse reformar el Código de Instituciones y Procesos Electorales para que los partidos políticos estén obligados a incluirlos en candidaturas de elección popular y de toma de decisiones de forma competitiva, y no sólo para llenar una cuota; del mismo modo, reconozco que la discapacidad no es inherente a la salud de las personas, sino al diseño limitado del sistema social.
Los invito a reflexionar lo siguiente en su camino del día a día: ¿en cuántos lugares una persona en silla de ruedas, con debilidad visual o cualquier otro cuadro de salud, puede trasladarse?
Por ello, he presentado diversas iniciativas que tienen como objeto garantizarles su libre tránsito, su independencia jurídica, su inclusión en los lugares de toma de decisiones, así como su derecho al esparcimiento. Incluyendo una propuesta que obligaría al sistema de salud pública a incluir las pruebas de tamizaje ampliado, adicionando también el tamizaje auditivo, y si este concluye problemas con este sentido, se otorgue de manera gratuita un implante coclear, incluyendo todos sus cuidados previos y posteriores, con lo que se mejora en gran medida la calidad de vida de nuestras y nuestros poblanos.
En cuanto al medio ambiente, propuse endurecer la normativa de los rellenos sanitarios, incluyendo mayores sanciones para quienes no se adecuen a ellas. También retomé la propuesta de reconocer las cadenas de valor alrededor de los desperdicios, incluyendo a los clasificadores y recuperadores que laboran todos los días en condiciones insalubres dentro de los rellenos sanitarios, a respetar el cielo nocturno, normando sobre la llamada luz intrusa y contaminación lumínica de los grandes asentamientos que, aunque pareciera poco, el calentamiento global y nuestro planeta nos han dado diversas señales, como desafortunadamente ocurrió recientemente en Acapulco, Guerrero. Todo lo que sea en beneficio de nuestro medio ambiente, seguirá siendo impulsado desde esta oficina.
De este modo, en este año legislativo, les rindo cuentas de 34 iniciativas de ley presentadas, así como de cinco puntos de acuerdo que incluyen los exhortos al presidente municipal de Huauchinango para que otorgue certeza jurídica a todos los locatarios del mercado municipal para su reingreso al inmueble una vez terminadas las obras de remodelación; a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género Contra las Mujeres, y a la Secretaría de Igualdad Sustantiva, para que esclareciera el rumbo de las investigaciones por los asesinatos de, en ese momento seis mujeres en nuestro Estado, así como de difundir las acciones tomadas para combatir la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres emitida en 2019.
No me detendré. Seguiré defendiendo los intereses de las familias poblanas, como sucederá en estos días en el Congreso del Estado, rechazando las maromas jurídicas para desacatar la inconstitucionalidad del cobro de parquímetros en Puebla capital.
Seguimos proponiendo sobre los temas que más nos importan a todas y todos, porque:
¡Juntos, sí podemos!
Memoria de regeneración
El 21 de octubre de 2021 se dio fin al exceso de los servidores públicos que se servían y lucraban con los desastres y el dolor de las personas, extinguiendo el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), un fideicomiso al que se accedía de forma discrecional, y que se comprobó durante el análisis en aquel entonces, que no se destinaba la totalidad de los recursos a la atención de las afectaciones, sino que desaparecían sin rastro.
Esa fue razón de sobra para eliminar el fideicomiso, pero ello no significó que desaparecieran los recursos para dar respuesta a la intempestiva naturaleza, pues ello existe, y se ve reflejado en Guerrero, que ya fue declarado por la Gobernadora como zona de desastre, y que recibirá atención y recurso por parte del Gobierno Federal sin intermediarios, con apoyo de las Fuerzas Armadas.
Además, se activaron los seguros que se mantuvieron activos, y que ascienden a unos $275 millones de dólares de seguros catastróficos y $485 millones de dólares de bono catastrófico que México tiene con la Alianza del Pacífico.