El Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de 2024 develó la estrategia de cierre de gobierno, en concreto las estimaciones por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las cuales anunciaban un recorte presupuestal al Poder Judicial, así como la eliminación de 14 fideicomisos, que como ya adelantaba en mi columna de hace dos semanas, es un acto de congruencia social y de gobierno que ahondaré en este espacio.
He leído en diversos medios de (des)comunicación sobre si México es de los países que menos recursos destina a su aparato de justicia, que los recortes afectarán las prestaciones de los trabajadores, que la justicia verá entorpecidas sus atribuciones, y una serie de imprecisiones y mentiras absolutas que sólo han desinformado y creado un ambiente de incertidumbre.
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Pero, ¿cuál es la verdad de aquellas aseveraciones?
No hallo ningún hilo negro al afirmar que la justicia en México es una asignatura reprobada durante muchos sexenios. Para ejemplificar lo anterior, tenemos a miles de presos que acumulan, en muchos casos, más de diez años privados de su libertad sin siquiera tener todavía una condena.
Están también todas nuestras mujeres que han sido víctimas de cualquier tipo de violencia, y que, pese a sus oportunas denuncias, no dejamos de enterarnos que encontraron un triste final.
No podemos dejar de mencionar todos los casos que se vengan a la memoria en que los cuerpos policiales pusieron a disposición a presuntos culpables de un sinfín de delitos, y de delitos muy graves, que a los pocos días se encuentran en libertad porque un juez o jueza, así determinó su situación jurídica, pese a las pruebas e investigaciones realizadas. De la mano con lo anterior, la incorrecta integración de carpetas de investigación que permite la impunidad y corrupción que sólo beneficia a criminales de alta peligrosidad.
Bajo este contexto, debemos también observar que, durante los sexenios pasados, incluido el actual, el Presupuesto de Egresos contempló sumas considerables de recursos para el Poder Judicial, pero ello no significó una mejora de la justicia para la sociedad, sino al contrario.
Ahora sabemos gracias a la propuesta del diputado federal por Puebla, Ignacio Mier Velazco, que este importantísimo órgano, ha hecho subejercicios de los recursos destinados en todos los ejercicios fiscales pasados.
Tenemos conciencia que gran parte de los dineros se destinan al gasto corriente, es decir, para el pago de nóminas, materiales y suministros para el óptimo desempeño de todo el aparato judicial, pero también sabemos que en ello no se va, ni puede irse la totalidad del recurso, pues también se destina en menor medida en la mejora de los procesos judiciales, la actualización nacional para todos los jueces con diversos protocolos, mejores salas de juicios orales, digitalización de archivos, entre otros, que sí tienen un impacto real y positivo en la optimización de la justicia en el país que beneficia a nuestra sociedad.
Desafortunadamente no se ejecuta el presupuesto en su totalidad en este último fin, y como si los Ministros, magistrados y jueces creyeran que su desempeño a lo largo de los años es plausible, decidieron malversar una parte de cada partida presupuestal otorgada año tras año, y mediante diversas piruetas legales, a crear fideicomisos que les permitiera quedarse con el recurso público para un destino particular.
Me refiero a que a partir de que esos dineros se destinaron a los fideicomisos, perdieron totalmente el objeto de erogarse de forma óptima. No significaron un aumento salarial a la base trabajadora de ese órgano, no significó la actualización y mejoramiento de los juicios orales, no se contrató a ninguna empresa que pudiera digitalizar millones de expedientes para su óptima consulta (y que esta a su vez evitara el famoso robo por cada copia de las carpetas), no fueron pensados en mejorar el sistema de justicia del país, por lo que a todas luces carecen totalmente de un beneficio social.
El Poder Judicial de la Federación posee con sustento legal sólo 2 de 14 fideicomisos, los cuales están establecidos en sus marcos normativos y que enuncio a continuación:
- Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia para el mejor desempeño de sus funciones, administrado por el Consejo de la Judicatura Federal
- Fondo para la Administración de los recursos provenientes de sentencias que deriven de las acciones colectivas difusas a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, establecido en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en su artículo 901.
En su conjunto, tienen un saldo al 30 de junio de 2023, que asciende a 21 mil 538.7 millones de pesos, los cuales se desglosan de la siguiente manera:
- La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene 6 fideicomisos con un monto total de 6 mil 241.9 millones de pesos.
- El Consejo de la Judicatura Federal posee 6 fideicomisos, cuyo saldo asciende a 15 mil 280.9 millones de pesos.
- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuenta con 2 fideicomisos, cuyo saldo asciende a 15.9 millones de pesos.
Ahora, esos fideicomisos han generado rendimientos, que tan solo de 2013 a 2023 el saldo total del patrimonio de los 14 fideicomisos ha incrementado 12 mil 814 millones de pesos, lo que representa un aumento real de 50.6 por ciento. Respecto a los incrementos por fideicomiso, destaca el destinado a las prestaciones médicas de empleados y funcionarios del Consejo de la Judicatura Federal, ya que tuvo un incremento real en 2023 de 4 mil 114.6% con relación a su año de creación (2013).
Cuando el Coordinador de los diputados federales, Nacho Mier, analizó todos estos datos, encontró que existen fondos adicionales de pensiones para Magistrados y jueces, así como fondos adicionales para prestaciones médicas, económicas. Todos ellos con aportación directa del Presupuesto erogado por la Cámara de Diputados.
“No puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, como consigna del movimiento de millones de mexicanas y mexicanos, es que en los primeros minutos del miércoles 18 de octubre de 2023, los legisladores de la Transformación votaron a favor de adicionar un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece que, en el ámbito del Poder Judicial de la Federación, no podrán ser creados ni mantenerse en operación otros fondos o fideicomisos adicionales al Fondo Económico para el Mejoramiento de la Administración de Justicia.
Lo que significa la eliminación de trece fideicomisos, por lo que los órganos del Poder Judicial que funjan como fideicomitentes deberán coordinarse con las instituciones que funjan como fiduciarias para llevar a cabo los actos y procesos necesarios para extinguir los fideicomisos que no se ajusten a la reforma aprobada, y se den por terminados los mandatos correspondientes, con la finalidad de que en el plazo máximo de 120 días hábiles posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, se suscriban los convenios de extinción o terminación, respectivamente.
En cuanto a los remanentes que generó durante años estos fondos, independientemente del ejercicio fiscal en que se hayan originado, deberán integrarse a las unidades administrativas con funciones de tesorería en los órganos que conforman al Poder Judicial de la Federación al término del plazo señalado en el artículo Segundo Transitorio del presente decreto. Es decir, ese recurso no se reintegrará a la Federación, sino se quedará en el Poder Judicial, en términos del artículo 12 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
De esta manera, los dineros públicos en manos de unos pocos, pasará a beneficiar a millones de mexicanas y mexicanos por igual, a quienes padezcan alguna discapacidad permanente, adultos mayores, jóvenes estudiantes, y también se aplicará al campo mexicano, sectores del país que sí lo necesitan, porque, por el bien de todos, primero los pobres.
Memoria de regeneración
Durante su participación en el debate, Ignacio Mier sostuvo que la coalición “Juntos Hacemos Historia” defiende la justicia, no los privilegios y derroche a costa de 55 mil 800 trabajadores del Poder Judicial.
Aseguró que la reforma es legal, pertinente y necesaria, así como de ser respetuosa de los derechos de los trabajadores del Poder Judicial pues ninguno de los 14 fideicomisos tiene dentro de los contratos con la fiduciaria el beneficio a ninguno de los 55 mil 800 trabajadores.
Resaltó que 10 mil millones de pesos están destinados como compensación a prestaciones y a jubilaciones, pero que son sólo 599 funcionarios quienes pueden acceder a ese fondo.
Pese a las resistencias, como los intereses trastocados, aclaró que “no vamos a permitir que nos nieguen el control presupuestal que nos establece la Constitución”, cuestionando el conducir de la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien emprendió una campaña de desinformación.
Finalmente, advirtió que también investigará en materia inmobiliaria, comprobando una vez más, que la oposición conformada por el PAN, PRI, PRD (sin realmente existir una diferencia entre ellos), no votan a favor del pueblo, sino a consigna de sus intereses.