No lo digo yo, es la conclusión a la que llegó la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Representantes y el Senado de los Estados Unidos de América, tras 18 meses de investigación para determinar la responsabilidad de las autoridades de dicho país encargadas de la puesta en marcha de la operación “Rápido y Furioso”.
Antes de abordar los efectos que tuvo en México el ya famoso operativo “Rápido y Furioso”, quiero agradecer a e-consulta por darme la oportunidad de volver a sus páginas luego de 1 año 8 meses y 8 días de ausencia, 170 días de los cuales permanecí privado de mi libertad, acusado de un delito de omisión que jamás existió.
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Asimismo quiero aclarar que la libertad de la que gozo actualmente no deriva de haber obtenido un amparo sino de haber ganado una apelación, debido a que no existieron pruebas que ameritaran el inicio del proceso.
Dicho en términos legales no se actualizó el delito de introducción al territorio nacional, en forma clandestina, de armas, municiones, cartuchos, explosivos y materiales de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea o sujetos a control en la hipótesis de comisión por omisión, ni tampoco se acreditó mi probable responsabilidad, debido a que no fui informado por las vías legales del riesgo que implicaba que el gobierno de Estados Unidos dejara que las armas “caminaran” rumbo a México sin restricción alguna de su parte, por lo que el Primer Tribunal Unitario de Quinto Circuito con sede en Hermosillo, Sonora ordenó mi inmediata libertad.
Lo que pasó antes y después de lo mencionado en el párrafo anterior en materia de aprehensiones y el debido proceso, será motivo de otro ejercicio de análisis debido a que estuvo plagado de errores, omisiones y violaciones de derechos humanos por no decir “trampas y consignas”, que seis años después de la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal no pueden seguir sucediendo, sobre todo en cuanto a la actuación de quienes fungen como primer respondiente y del representante social de los fueros local de la Ciudad de México y federal, que como lo mandata la ley debería acusar de buena fe, además de profesional y honesta.
Aclarado lo anterior, retomo algunas de las hipótesis confirmadas por la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Representantes y Senado de los Estados Unidos, las cuales echan por tierra todas las versiones que se han venido manejando durante los últimos años en México, un tanto por desconocimiento de lo que realmente pasó con las armas de fuego que ingresaron a México durante la vigencia de “Rápido y Furioso”, y otro por el ferviente deseo de que servidores públicos de aquel entonces terminaran en prisión, como aconteció en los hechos, en una suerte de vendetta política y jurídica.
La primera de ellas indica que el agente especial a cargo de la División de Campo de la Agencia para el control del Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF por sus siglas en inglés) en Phoenix, Arizona, quien con la anuencia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos dirigió el operativo “Rápido y Furioso”, estuvo consciente desde el principio de la táctica de “armas caminando” y que eso permitió que aproximadamente 2 mil 400 armas ingresaran ilegalmente a México entre noviembre de 2009 y enero de 2011.
La segunda refiere que ATF y el Departamento de Justicia fallaron y pusieron en riesgo la relación de México con los Estados Unidos al no proporcionar oficialmente datos específicos del operativo “Rápido y Furioso” al gobierno y oficiales mexicanos, así como a su propio personal asignado a su embajada en México, es decir a su agregado y su agregado adjunto.
Una más señala que la oficina del Fiscal de los Estados Unidos en Arizona apoyó cada etapa de dicho operativo en el cual, al no poder monitorear las armas y darles seguimiento en tiempo real, esas armas desaparecieron de la vista de ATF y cayeron en manos de criminales violentos, por lo que dicha agencia podía verlas nuevamente cuando aparecían en una escena del crimen y el gobierno mexicano a través de la entonces Procuraduría General de la República solicitaba su rastreo para identificar su origen, confirmando que se encontraban en la lista elaborada por ATF a partir de su número de matrícula.
Si bien el objetivo de ATF y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos era combatir el tráfico de armas que permitía a los cárteles mexicanos allegarse de armas de fuego de alto poder, a través del operativo “Rápido y Furioso”, al haberlo realizado de manera unilateral limitó sus alcances, puso en riesgo la relación entre México y Estados Unidos y trasladó los efectos hacia nuestro país, donde ante la falta de resultados en la materia terminaron encarcelando, sin prueba alguna, a servidores públicos, que según su imaginación debieron haber tenido conocimiento del movimiento de armas y evitado su ingreso.
Mientras todo esto sucedía, según la propia cancillería mexicana, hasta julio de 2023 ingresaban anualmente al país un estimado de 200 mil armas de fuego, equivalente a 548 armas cada día, es decir 83 veces más que 2 mil 400 armas involucradas en el operativo “Rápido y Furioso”.
En la guerra de las cifras, el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal informó el 2 de mayo del año en curso que en lo que iba del sexenio habían sido aseguradas 39 mil 982 armas de fuego, es decir solo el 20 por ciento de las que cada año ingresan ilegalmente al país. Mientras que el 26 de julio de este año la Secretaría de Relaciones Exteriores, todavía a cargo de Marcelo Ebrard, quien recuperó y promovió la investigación de “Rápido y Furioso” en México por instrucción presidencial, informó que en la actual administración (4 años y 8 meses) el acumulado de armas aseguradas ascendía a 70 mil 571.
Aunque las comparaciones siempre son odiosas, habrá que recordar que durante la administración del presidente Felipe Calderón, a la que sin fundamentos este gobierno acusó de haber permitido y participado para que armas del operativo “Rápido y Furioso” ingresaran a México (lo cual fue declarado indebido por el Primer Tribunal Unitario de Quinto Circuito con sede en Hermosillo, Sonora), fueron aseguradas 169 mil 20 armas de fuego, casi 100 mil más que en lo que va del actual sexenio, que no veo por donde puedan ser igualadas cuando falta poco menos de un año para que concluya.