Este pasado lunes 31 de agosto, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) encargados de la investigación del caso Ayotzinapa, anunció su salida de México y de la investigación sobre los 43 estudiantes desaparecidos en Guerrero en 2014, anunciando que la razón su salida del caso se debe al bloqueo de información por parte del Ejército, el cual, de acuerdo a lo reportado, cuenta con información crucial para la investigación, no obstante, se han encontrado con la negativa de dicha institución.
“No hay impunidad, no es cierto que la Marina y la Defensa no estén ayudando” fueron las declaraciones de respuesta que dió el Presidente del país ante la noticia de la salida del GIEI, defendiendo a su gabinete y tomando una postura de apoyo a sus secretarios antes que a las familias que siguen exigiendo justicia.
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Al inicio de este sexenio, se reafirmó el compromiso con las familias de los 43 estudiantes desaparecidos para esclarecer el caso y dar justicia. Y si bien, se ha mostrado avance en la investigación y la voluntad política, el Presidente como representante de las autoridades del país, ha vuelto a encubrir y defender los intereses de aquellas personas responsables del crimen de Estado.
Estas acciones contrastan con los avances que el caso había tenido como: la detención de varios elementos e implicados en el caso. Sin embargo, la acción de permitir los bloqueos de información, cuando las investigaciones apuntan a la existencia de datos y documentos cruciales, habla de un gobierno que sigue encubriendo a los responsables del crimen.
Si bien, lo que pasó con los estudiantes fue un hecho orquestado por gobiernos anteriores, su resolución ha sido responsabilidad de las autoridades posteriores, no obstante, a casi nueve años del acontecimiento, el gobierno y sus instituciones siguen obstruyendo la impartición de justicia y sobreponiendo sus intereses.
Además de ello, se suman todos aquellos daños colaterales: las familias que siguen buscando justicia por sus seres queridos, con el objetivo de que nadie más tenga que experimentar ese dolor; investigadores y periodistas que siguen arriesgando su vida e integridad para encontrar la verdad, abogados y activistas que siguen dando seguimiento a un caso que no puede ser resuelto debido a la impunidad.
Así, la salida del GIEI muestra una vez más la brutalidad de las instituciones de un país que sin piedad no ha responsabilizado y se ha encargado de encubrir uno de los peores crímenes de la historia de México, donde, lamentablemente, sin la cooperación de las autoridades con una postura implacable y comprometidas con las víctimas, el caso seguirá siendo recordado como la herida histórica que no puede sanar; donde cada 26 de septiembre, México seguirá recordando que nos faltan 43.