Puebla vive fenómenos realmente graves vinculados a la violencia, pero el que más debe preocupar es el hartazgo y derrotismo que comunidades enteras tienen en muchos lugares del estado. Pueblos enteros ven como la delincuencia se apodera de todo: espacios públicos, negocios, lugares de entretenimiento, así como instancias públicas de justicia, seguridad y bienestar, donde cada vez van perdiendo la esperanza de obtener justicia o por lo menos encontrar en las autoridades un aliado que vea por su seguridad, lo que termina motivando el contagio de la violencia comunitaria derivado de un chispazo que termina generando que el pueblo entero se levante y busque hacer justicia por su propia mano. Esta situación debe tener al Estado en estado de alerta constante y buscando realizar las acciones necesarias para la prevención de la violencia y evitar linchamientos y/o levantamientos armados.
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Algunos datos que las autoridades seguramente tienen es que en materia de linchamientos entre 1988 y 2014 se registraron 38 casos, tanto en tentativa como consumados. Entre 2015 y 2018 murieron 78 personas linchadas en Puebla, en 57 casos consumados. Y al menos 599 casos en tentativa, es decir, 655 en total, lo que representa un promedio de 11 eventos al mes. Los casos de linchamientos consumado en Puebla entre 2015 y 2019, el 85% ocurrió en zonas rurales y el restante 15% en zonas urbanas, donde se consumó el fenómeno,
La realidad social que viene siendo el sentimiento del pueblo, lo plasmada el INEGI arrojando cifras respecto a la percepción de seguridad por espacio público en el municipio de Puebla. En el primer trimestre de 2023 el 84.5% de la población de 18 años y más que vive en la capital del estado, señaló sentirse insegura en el transporte público, mientras que el 83.2% se sintió insegura en las calles siendo el 66% de la población no confía en la policía municipal de Puebla por ser muy poco o algo efectivo.
Esta percepción afecta aún más a los grupos poblacionales al interior del estado y es mayor mientras más se alejan de la zona conurbada del estado y mucho es porque la población no encuentra ni tranquilidad o se siente segura con nuestros sectores de seguridad en la entidad de todos los niveles y de la mayoría de la regiones, sintiendo que los delitos y actos delictivos son impunes o no se les castiga a los culpables, incluso siempre terminan confirmando que los derechos humanos protegen más a los delincuentes que a las víctimas de estos, generado la necesidad de tomar la justicia por su propia mano, al verse impotente frente a las violaciones a sus derechos y vulnerada su dignidad como personas y no encontrar en ninguna autoridad apoyo o justicia.
Recientemente José Félix Cerezo Vélez, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pretende revivir la Ley Bala, propuesta por Rafael Moreno Valle, que se ejerció como medida de solución a la violencia que se vive en el Estado y en particular en materia de linchamientos. Cabe señalar que la violencia genera más violencia y esa ley es pura violencia; tal vez el Presidente al ser ajeno a las luchas que se vivieron en el pasado en Puebla desde las históricas de los años sesenta como setenta y más aún su desarraigo y desconocimiento de lo que en realidad sucedió en la era morenovallista, y lo sucedido en Chalchihuapan con la muerte del niño José Luis Alberto Tehuatle, derivado de la herida en el cráneo y que dolorosamente fueron circulados varios videos en internet de él tocándose el cerebro directamente, sin entender qué sucedía y que a la postre le costaría la vida. Esa tarde hubo otros heridos: uno hombre que perdió el habla, otro un ojo, uno la sensibilidad en dos dedos, otro ya no escucha bien, uno más sufrió quemaduras y al final estamos hablando de casi media centena de lesionados en un solo acontecimiento, una sola manifestación, reitero, una sola acción.
Pero no es la única violencia que se vivió al amparo de la Ley Bala, también hubo afectaciones y violencia en más de la mitad de los municipios de la entidad en el periodo morenovallista, tanto por autoridades estatales por grupos de elite y policía común, como autoridades municipales, derivados de la defensa de la tierra, el agua y el territorio, luchas que por cierto hoy son más que en la era morenovallista; también por las y los desaparecidos en el Estado y que cada historia es diferente y que no está constreñida a una sola organización de la sociedad civil (OSC), sino a la realidad de cada familia, los trabajadores despedidos, los estudiantes violentados, el despojo de tierras y muchos más que fueron objetivos y víctimas de la llamada Ley Bala, pero también están los datos en materia de linchamientos que señale al inicio de esta columna.
También señaló el presidente de la CDHPuebla que no utilizaría balas de goma, sino agua a presión, situación aún más grave y delicada que quien tendría que ser el principal defensor de los Derechos Humanos en el Estado de Puebla, primero es el impulso y protagonista de reactivar esta Ley que por dignidad y bajo los criterios de una justicia restaurativa, aunado a la propia dignidad de los derechos humanos de las personas que vivimos en Puebla, no debería ni considerar revivir esa Ley, no olvidemos la no repetición y más tratándose de progresividad y no regresividad de derechos humanos, siendo que esta ley es regresiva, degradante e históricamente perversa para los poblanos y se vuelve aún más grave que sea el Primer Defensor de Derechos Humanos en Puebla quien encabece los trabajos para traer a la vida legal una ley que tanto nos dañó a todas y todos.
En segundo término pensar en utilizar tanquetas de agua a presión, es aún más delicado pues esta es la herramienta predilecta en su mayoría de los gobiernos fascistas y radicales, incluso el mismo Rafael Moreno Valle se resistió pese a su inhumanidad y fascinación por lo perverso, optó a no utilizarlo por la connotación política que le generaría, pues en España por ejemplo fue durante el franquismo donde se usaron pero incluso el régimen fascista del franquismo dejó de usarlo por el daño que provocaba, pero vayamos más allá de lo político e ideológico de fascista y su fascinación por las tanquetas de agua a presión.
Veamos lo que dice una organización de derechos humanos como Amnistía Internacional a este respecto en el caso de Hong Kong en particular: “Los cañones de agua representan un verdadero peligro en manos de una policía de gatillo fácil”. En Puebla tenemos policías que se vuelven policías después de nueve meses de ser capacitados, ya de por sí se vuelven un riesgo por su propia capacitación y preparación, sumándoles a que tengan “armas no letales”, pero sí mortales para que las utilicen bajo su criterio generado en nueve meses de capacitación, “…las tanquetas son armas potentes, de efecto intrínsecamente discriminado y con el potencial de causar lesiones graves, e incluso la muerte. Pueden tirar a las personas, empujarlas contra objetos fijos, causar pérdida permanente de la vista o levantar objetos sueltos y propulsarlos como proyectiles…” (1.), en un Estado donde la basura que encontramos en el suelo va desde simples colillas de cigarro, hasta latas, piedras, etc., que se volverían proyectiles mortales no solo para los manifestantes, sino para periodistas y personas que nada tuvieran que ver en los hechos.
Esperamos que el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla identifique este documento como un aporte que nos permita entablar un diálogo con él y podamos sociedad civil y sector público encontrar alternativas de solución diversas a traer del punto de no retorno a la Ley Bala, confiando que se trata de una persona de altura política y consciente de su responsabilidad en decisiones que impactarán el devenir histórico en materia de derechos humanos en el Estado. Esperamos que la memoria histórica lo muestre como hombre íntegro que en todo momento buscó el servicio y la protección social, permitiendo el diálogo en temas tan delicados como el que hoy nos convoca.